Ocurrió lo que se anunciaba inevitable. Para la política y la Justicia de Entre Ríos no hubo sorpresas: Cecilia Goyeneche, la fiscal anticorrupción que investigó al poder de la provincia, terminó afuera de su cargo en un trámite plagado de cuestionamientos y que llegó, incluso, a provocar una inusual intervención de la Corte Suprema.
La expulsión de la procuradora adjunta fue dispuesta este lunes por el Jury de Enjuiciamiento, con una mayoría de 5 a 2, conformada por representantes que integran el Superior Tribunal de Justicia local y responden al gobierno del peronista Gustavo Bordet. Fue cuestionada con dureza por la oposición local y nacional que, además de condenar la destitución de manera pública, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados que señala “arbitrariedades” en el proceso y advierte sobre las posibles “responsabilidades internacionales ante la afectación de Derechos Humanos consagrados en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país”.
En diálogo con Infobae, Goyeneche confirmó que va a recurrir a la Corte provincial y la nación para pedirles una pronunciamiento sobre sendos recursos que presentó antes de la consumación de la destitución, que incluyen una presentación contra su remoción y un amparo por considerar que no haber garantizar su derecho de defensa. “Esperamos que resuelvan pronto”, afirmó la funcionaria removida, quien durante su gestión investigó al poder político de Entre Ríos, desbarató una red de recaudación ilegal mediante falsos contratos de locación de la Legislatura y participó de causas que terminaron con condenas a reconocidos políticos.
Por su actuación, y con el argumento de no haberse excusado en la causa conocida como “Contratos de la Legislatura”, la fiscal anticorrupción pasó del estrado al banquillo. El Poder Judicial y el Poder Político aprobaron el 30 de noviembre pasado que sea sometida al Jury y este lunes, a una semana de culminado el plazo máximo de seis meses, fue aprobada la destitución.
“Vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, tanto por el amparo que interpusimos como por la destitución y esperamos que la Corte resuelva pronto. Lo que puedo decir es que el balance de todo el Jury es emocional, porque uno tiene una sensación de asco por el nivel de impudicia y obscenidad de todo este trámite. Llega al punto de que no estoy notificada si me destituyeron o no, pero lo doy por cierto”, afirmó la ahora ex procuradora.
A Cecilia Goyeneche la destituyeron con el voto de Armando Gay, un senador provincial de estrecho vínculo con Bordet; Juan Smaldone, Daniel Carubia y Gisela Nerea Schumacher, que integran el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y fueron designados por sorteo para integrar el organismo constitucional a cargo del juzgamiento de jueces y fiscales; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. En contra, votaron Verónica Mulone, la otra representante del Colegio de la Abogacía; y Gustavo Zavallo, un diputado provincial que respondía al fallecido ex gobernador Jorge Busti.
La fiscal removida apuntó contra la actual administración por el resultado que tuvo la votación: ”El gobernador Bordet está fuertemente vinculado a esta decisión pero también el Superior Tribunal de Justicia como brazo ejecutor de este plan esencialmente. Todos ellos, por distintos motivos hicieron esta tropelía, este atropello institucional”.
Finalmente, en declaraciones periodísticas, Goyeneche dijo que el jurado de enjuiciamiento apuró el fallo y dio su interpretación: “Veo que aceleraron una semana. Tenían miedo de que la Corte intervenga”, manifestó y agregó que la condena “es la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el status quo en la provincia. Este es el primer round. La lucha puede ser larga o no, va a depender del máximo tribunal. Puede ser una lucha larga de varios meses o años”.
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