“Soy Jacquelina Flores, soy una mujer cartonera. Para mí la palabra organización fue el inicio de todo esto”. Del otro lado del teléfono, una voz se presenta. Es la funcionaria que el gobernador Axel Kicillof nombró para gestionar la basura que todos los días desechan millones de bonaerenses. Habla sin el ‘casete’ de la política profesional, ni desde el lenguaje técnico. “La Ley de Envases no salió por tibieza”, definió.
‘Jackie’ Flores (52), como la conocen en la militancia social, asumió como secretaria de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Economía Circular en el recientemente creado ministerio de Ambiente, a cargo de Daniela Vilar. Madre de cuatro hijos, Flores fue una de las impulsoras de la Ley de Basura Cero sancionada en la Ciudad de Buenos Aires en 2005, y del programa de promotoras ambientales. Dos hitos de un recorrido que permitió institucionalizar una actividad empujada por la necesidad de tener que inventarse el trabajo.
“Me tocó estar en una situaciones extremas rompiendo bolsas”, definió en diálogo con Infobae. “A los cartoneras y cartoneros nos llevaban presos porque nos decían que robábamos la basura. Nuestro trabajo y su visibilización nos llevó a pensar que estabamos dando un servicio público”, precisó.
Desde esa militancia territorial, Jackie entendió junto a sus compañeros que la actividad debía ser un trabajo que podía ser reconocido con plenos derechos. Y puso en discusión a cierto ambientalismo tradicional, que no observaba la problemática “popular” detrás de la recolección. “Veíamos un ambientalismo que solo se ocupaba del medio ambiente, dejando de lado al ser humano. No había solución para los carreros y carreras, a quienes los mostraban solo como los que violentaban a los animales”, recordó.
Ahora del otro lado del mostrador, Flores intenta replicar en la gestión bonaerense la experiencia adquirida como dirigente mujer de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El eje de la gestión está puesto en el reciclaje y jerarquizar económicamente la tarea de los recuperadores urbanos, algo que implica “atacar el gran negocio de la basura”. “No se puede enterrar la basura a mansalva y sosteniendo el CEAMSE con el costo que eso implica”, afirmó.
- ¿Con qué situación se encontró en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay situaciones extremas como las que vivió en la Ciudad?
- Obvio que sí. Como referente y voz de la FACCyR encontramos 5000 basurales a cielo abierto en todo el país. En la provincia de Buenos Aires me topé con una situación de 200 basurales a cielo abierto. Hago una diferencia con quienes nos gobernaron hasta ahora. Asumo una subsecretaría que no hubiera podido existir sin la decisión política de que se creara el primer ministerio de Ambiente bonaerense. Tiene un peso importante que lo conduzca una mujer, Daniela Vilar, mi compañera en este gran desafío, y que decidió poner todo el bagaje y la experiencia colectiva que traigo desde mi organización.
- ¿Cómo se ordenan las prioridades y el trabajo para atender esos 200 basurales a cielo abierto?
- Poniendo en valor el reconocimiento de la tarea esencial y el saber de la experiencia que tiene el servicio de reciclado. Lo que está faltando es la inclusión. Ahora hay una herramienta, que es la subsecretaría, que está a disposición de los municipios. La lógica del cuidado de la Casa Común tiene que ver con el reconocimiento de este trabajo, hay intendentes e intendentas que no pueden comprenderla. No puede ser que la ciudadanía no sepa cómo tiene que disponer de sus residuos.
- ¿Hay una incomprensión de los intendentes? ¿En qué sentido no lo entienden?
- En principio porque no abren las puertas, no nos llaman o no contestan los mensajes. Todo el mundo sabe que existe el Ministerio de Ambiente bonaerense. Esto no tiene que ver con una disputa ambientalista, sino con una disputa ideológica. Para algunos municipios que no son populares les debe incomodar que les llame una cartonera subsecretaria para decirles qué tienen que hacer y qué no. Son prejuicios que tiene la política. Después está el lado lindo de este gran desafío, hay otros muchos municipios que nos llaman y nos podemos ordenar. No solo es nuestro sector el que acompaña y está absolutamente feliz. Intentamos que todos estén en la agenda desde la política pública y desde el territorio.
- ¿Solo a los municipios de Juntos por el Cambio no abren las puertas, o hay intendentes del Frente de Todos que toman la misma actitud?
- Hay una gran diferencia entre unos y otros, y algo de desconocimiento. Se piensa que la organización cartonera quiere sustituir el Estado y la verdad es que no. Nosotros creemos en un sistema de reciclado con inclusión social co-gestionado. En la medida que vamos avanzando, se van dejando de lado los intermediarios que se llevan el esfuerzo cartonero como ganancia. La cuestión va caminando cuando nos decimos la verdad. A veces los municipios no tienen técnicos, muchos tienen ganas y ven que es simple revertir la situación. Nosotros vamos con un grupo de militantes y profesionales técnicos con una propuesta sencilla y clara para el hoy y ahora, para cicatrizar los basurales a cielo abierto. Tienen que aparecer la planta de reciclado, el galpón, donde los cartoneros y cartoneras tengan sus guantes, sus fajas, su acopio, la enfardadora para realizar una comercialización colectiva y vender directamente a la industria. Como vocera de mi sector, antes, llegábamos a los municipios y era real que no tenían recursos. Bueno, ahora sí los tienen, y lo podemos profundizar con la Ley de Envases y la responsabilidad extendida del productor, que propone que quienes llevan adelante el servicio del reciclado no lo hagan más gratis y disponiendo de basurales a cielo abierto.
- Los intermediarios que compran cartones y material reciclable pagan muy poco. ¿Cómo se desmonta ese sistema?
- Con decisión política, sin ser tibia. En la medida que se comprenda que ningún espacio de la cadena de reciclado pueda ganar a costa del esfuerzo humano. No se puede ganar tanto dinero desde el sufrimiento cartonero y de los compañeros, ya no se puede.
- La Ley de Envases finalmente no se sancionó el año pasado. ¿Por qué no salió? ¿Puede haber una ley propia desde la provincia de Buenos Aires?
- No salió a nivel nacional porque hubo tibieza. La Casa Común ya está en riesgo: no podemos consumir y no saber desechar, descartar. Es una ley que no solamente le iba a servir al sector. Para nosotros fue un gran aprendizaje, veníamos diciendo que había un gran lobby de las empresas y la política no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero no nos quedamos la crítica. Obviamente, el debate de la Ley de Envases lo vamos a llevar a la provincia de Buenos Aires. Todo el mundo tiene que entender que no es generar un impuestazo. Las empresas se tienen que hacer cargo de algo del costo ambiental que generan, algo que hasta el día de hoy no hicieron. Por suerte el gobernador Axel Kicillof lo va entendiendo, y la compañera ministra Daniela lo recontra comprendió en la discusión del Congreso.
- Uno de los puntos de desacuerdo que plantearon las empresas a la Ley de Envases durante el debate era la facultad para generar su propia economía circular o formas de reciclado.
- (Risas) Más atrevidos no pueden ser. Es un prejuicio, parece que los cartoneros no pensamos. Alguien que contamina no se puede autorregular, tiene que estar el Estado presente regulando pidiendo rendiciones. Hasta el día de hoy hasta el día de hoy, a excepciones de CABA y algunos municipios de la provincia, se sigue haciendo ese trabajo gratis y ninguna empresa multinacional ha reconocido económicamente a ningún recuperador y recuperadora de la República Argentina. ¿Por que deberíamos creerles?
Críticas al Gobierno por la política social
Jacquelina Flores describe algunas tareas de la gestión diaria, que está enfocada en potenciar los sistemas de recuperación de residuos. Por momentos, es una tarea gris: definir dónde colocar una enfardadora o cinta de transporte de basura, ubicar plantas o firmar convenios con los municipios, a los que impulsan que elaboren sus propios esquemas de reciclaje.
“Como buena jefa de hogar que durante años tuve que manejar ingresos que nunca alcanzaron, de la misma manera hay que saber distribuir los recursos del Estado sin malgastarlos. Muchas veces no se necesita de recursos, sino entendimiento”, describió.
Como integrante de los movimientos sociales, Flores también mantiene desacuerdos políticos con sectores del Frente de Todos. Sobre todo en lo que refiere a la política social, y la decisión de eliminar progresivamente los programas sociales como el Potenciar Trabajo, de la que participan cooperativas de cartoneros y otros emprendimientos que encabezan las organizaciones sociales.
“Siempre se nos quiere bajar la vara y se nos llama planeros. La política pública debe atender en cómo se asiste a un pueblo con necesidades. Nosotros logramos desde la ley de Emergencia Social, que logró la conquista del salario social complementario, que tal como lo expresa, es un complemento de ingreso al trabajo que ya realizamos con derechos laborales. Todo el mundo nos llamaba desocupados, cuando nunca lo fuimos, siempre hemos trabajado”, definió Jackie.
- El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cerró la incorporación de beneficiarios en el Potenciar Trabajo con la idea de reconvertirlos en empleo del sector privado ¿Estás de acuerdo con esa política?
-No, no estoy de acuerdo. Para nada. La verdad que a mí me faltaron el respeto cuando dijeron eso, en la economía popular trabajamos casi 16 horas. Fui parte de una comitiva que fue a ver al Presidente cuando apenas asumió y le comentamos cuál era nuestra propuesta de Plan de Desarrollo Humano Integral con tierra, techo y trabajo. Desde ahí empezamos a ver que no se terminaba de comprender la economía popular. Avalamos a este gobierno y sabemos que pasó una pandemia, pero se sigue desordenando. La economía popular no necesita que nadie nos mande a trabajar, nosotros le arrebatamos al Estado el reconocimiento del salario social. Vamos a seguir insistiendo en nuestros derechos laborales, ahora desde el salario básico universal. Todo mi sector entiende lo que significa que no gobierne Macri, pero no por eso vamos a hacer aplaudidores.
- ¿Es posible que la economía formal puede absorber a todos los beneficiarios de programas sociales, como se plantea desde el Gobierno?
- No creo que sea posible. Hace muchos años que no se genera trabajo formal en la República Argentina. Y si así fuera, a la economía popular no le va a alcanzar. Hay que decirlo: nosotros no necesitamos que nos ofrezcan un trabajo. Necesitamos que reconozcan a nuestro trabajo con todos los derechos que eso implica.
- El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que en las organzaciones sociales están integradas por “vagos que no laburan”...
- (Interrumpe) ¡Un atrevido!
- Con tu recorrido y conocimiento de ese sector, ¿percibiste situaciones de clientelismo o arbitrarias en las organizaciones sociales?
- No, para nada. En la organización de base que construyo somos cultura del laburo al palo, somos bastante rectos. Jorge Macri, alguien que nunca trabajó, no tiene potestad política ni moral para generalizar y tomarse el atrevimiento de juzgar. No vamos a permitir que un personaje como estos malinterprete algo que tiene mucho sacrificio y convicción. Siempre se nos ha negado el derecho al trabajo, nosotros mismos lo inventamos.
- Hay un fuerte crecimiento de las protestas de movimientos sociales, con acampes masivos en la 9 de Julio. ¿Cuál debería ser la respuesta del Gobierno frente a la demanda de estos sectores?
- En prinicpio debería generar espacios donde cada organización pueda canalizar sus demandas y después lograr un acuerdo que las unifque. La verdad que yo jamás me voy a poner por delante de una propuesta. Si los compañeros de base se levantan, es porque están sintiendo que el Estado no está presente. A nadie que tenga la posibilidad de gobernar le debería molestar. Somos servidores públicos y no podemos construir o gobernar con necedad.
- Luis D’Elia vinculó estas protestas a partidos políticos que quieren aprovechar la situación. ¿Crees que hay algo de esto detrás?
- ¡No! ¡Tenemos el 50% de la población pobre! Opinar tan livianamente puede hacer tanto daño... Se le falta el respeto a la política como herramienta transformadora. Esto es no entender el contexto y haber perdido el sentido de pertenencia. Podemos tener muchas diferencias, pero de ahí a cuestionar a organizaciones sociales con demandas tan concretas es porque se está mal utilizando la política.
- Esta semana se conmemoró el Día del Reciclaje. Desde tu lugar como funcionaria, ¿qué medidas se están tomando para que el trabajo de los cartoneros sea una fuente de ingreso que permita satisfacer sus necesidades?
- Con el programa “Mi Provincia Recicla” proponemos un esquema de basurales de emergencia en los basurales a cielo abierto, donde este año hemos perdido cinco compañeros aplastado por camiones. El gobernador, la ministra y todo el mundo van comprendiendo que tenemos que atacar ahí. Desde la Subsecretaría presenté el programa de promotoras ambientales. Ya no se discute esta tarea elemental, pero hay una parte de la sociedad que todavía no comprende que tiene que haber un reconocimiento económico a este trabajo de los compañeros y compañeras. El ambientalismo tiene que ver con esta batalla cultural.
- El secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, definió que Cristina Kirchner “no cree en la economía popular”. ¿Coincidís con esta apreciación?
- La verdad es que no es así. Para nadie es fácil reconocer la economía popular y comprenderla. Con Cristina empezamos a construir la economía popular, siendo ella la conducción del país. Como cartonera de base, te puedo decir que una cosa es la gremialidad y otra es la política. Mezclar las dos cosas genera esta confusión. Hoy somos tres cartoneras en el Estado (María Castillo, directora nacional de Economía Popular, y la diputada Natalia Zaracho) y esto es parte de la discusión que hemos dado. Si no se hubiera creído en al economía popular, nosotros no seríamos una realidad.
SEGUIR LEYENDO: