En 2021, el Gobierno gastó más de 7 billones de pesos en planes sociales: aumentó casi 50% con respecto a 2020

El gasto social en la Argentina sigue creciendo, pero las necesidades de los sectores más vulnerables no descienden. El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández invirtió más de siete billones de pesos a través de 141 “planes y programas sociales” administrados a través de diez ministerios.

Esa cifra, exactamente $7.016.996.580.588, representó, según datos abiertos del ministerio de Economía, más del 60% del presupuesto total que fue de 11.000.407.000.000 pesos.

Si se lo compara con el presupuesto ejecutado en 2020, la cifra toma aún más relevancia. Ese año, el “total del gasto social” fue de $4.715.984.206.280 y en los doce meses previos, en 2019, antes que arrecie la epidemia del nuevo coronavirus, la cifra no llegaba al billón de pesos: la inversión fue de $90.151.113.235. Por entonces, los analistas del Palacio de Hacienda razonaron: “El gasto social pasó de representar un 59,4% del total de la Administración Nacional en 2019 al 67,4% en 2020 lo que significa un récord en términos absolutos y relativos”. Una cifra nimia comparados con los siete billones de pesos de 2021, cuando el COVID-19 ya no arrecia, pero el manejo sanitario, social y político de la pandemia mundial dejó en la Argentina secuelas económicas muy graves entre la población más vulnerable.

La inversión en servicios sociales del Gobierno fue, en promedio, de un 48,8% más que en el año 2020. Es decir, menos que la inflación, que llegó al 50,9%. Sin embargo, algunas partidas presupuestarias fueron muy superiores a ese valor. Por ejemplo, las Políticas Alimentarias y el programa Potenciar Trabajo crecieron un 179,1% comparado con 2020.

La evolución histórica de los programas sociales en la Argentina es ascendente. Solo los planes de empleo, entre los beneficiarios de 1999 a la actualidad, aumentó a casi el doble.

La exposición de estas cifras oficiales sobre la ejecución presupuestaria en gasto social no es una toma de posición sobre si el presupuesto que destinó Alberto Fernández para los sectores más empobrecidos y vulnerables de la sociedad es mucho o poco. Es una foto de la situación por la que atraviesa el país dónde todo lo que se invierte en comida y planes sociales parece poco por la inflación que no se detiene y los puestos de trabajo que faltan, entre otras calamidades como la pobreza y la indigencia.

Sobre este tema, Infobae consultó a Juan Grabois, uno de los principales dirigentes sociales y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos. El referente popular, más cercano a Cristina Kirchner que a Alberto Fernández, opinó: “Se ha vuelto una moda en la Argentina contarle las costillas a los pobres y exagerar los recursos que destina el Estado a paliar su situación, en vez de ver otros gastos superfluos como los regímenes de jubilaciones de privilegio, los gastos exorbitantes en sueldos del servicio exterior o la injusticia de los subsidios energéticos a las clases altas”.

E instó en lo que para él un punto central: “Lo importante es lograr que ese gasto sea eficiente y trasparente, maximizar su impacto y relacionarlo a las formas alternativas de trabajo que más de ocho millones de argentinos se inventaron frente a la falta de empleo asalariado. Quienes plantean disminuirlo, son Hood Robin: quieren robarles a los pobres para darle a los ricos”.

Sobre este punto, Grabois, que también es abogado, dijo: “Otro mito es que ‘desincentiva el trabajo’. La tasa de empleo en la argentina es altísima, más del 43% sobre la población total; más de 20 millones de argentinos trabajan; 12 están registrados; el problema fundamental es que los salarios están bajísimos, sobre todo para esos otros 8 millones que no están registrados, carecen de derechos y tienen ingresos paupérrimos; seis millones de ellos están por debajo de la línea de pobreza. Es obvio que hay que aplicar las políticas públicas a regularizar la situación y complementar sus ingresos”.

Los programas por ministerios

Los 141 programas sociales o programas, están repartidos en diez de los 20 ministerios del Gabinete Nacional. La Guía de Programas Sociales discrimina a cada uno de ellos y describe los objetivos centrales que deberían llevar adelante.

El ministerio que más programas tiene bajo su responsabilidad es Desarrollo Social. Son 85. Juan Zabaleta recibió el año pasado un presupuesto de $522.369 millones. La mayor parte se destinó a las Políticas Alimentarias, $244.789 millones; y Potenciar Trabajo con un presupuesto ejecutado de $226.557 millones.

La justificación para esta inversión fue que “durante los últimos años, la Argentina atravesó un proceso de deterioro económico y social, manifestado en un considerable aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo”.

En ese contexto, explican desde la cartera de Martín Guzmán, “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha definido 4 ejes prioritarios que incluyen políticas y programas para dar respuesta a las principales problemáticas sociales de nuestro país” y numera:

-Argentina Contra el Hambre: Políticas de Seguridad y Soberanía Alimentaria, cuyo “objetivo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social”.

-Políticas de Inclusión Laboral, de Ampliación de Acceso al Crédito no Bancario y Finanzas Solidaria.

-Políticas de Cuidado para Niños, Niñas, Adolescentes, Adultos Mayores con Eje en el Territorio y la Comunidad.

-Políticas de Protección Social para las Poblaciones más Vulnerables y Acompañamiento en situaciones de Emergencia y destaca que: “Agrupa todas las iniciativas y programas orientados a la protección social destinada a asistir a aquellos hogares y poblaciones en situaciones de extrema vulnerabilidad y situaciones de catástrofes y emergencia social, económica y de salud”.

La vedette de Argentina Contra el Hambre es la “Tarjeta Alimentar. Programa Nacional de Seguridad Alimentaria”.

La segunda cartera con mayor cantidad de programas sociales es el ministerio de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, con 26.

En tercer lugar y con 13 programas sociales se ubica el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al frente de Claudio Moroni. Le siguen con 4 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Santiago Cafiero, y el Ministerio de Economía, al frente de Martín Guzmán. Otros 3 programas son implementados por el Ministerio de Turismo y Deporte, que conduce Matías Lammens; también con dos programas cada uno figuran los ministerios de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Sebastián Kulfas; y del ministerio de agricultura , Ganadería y Pesca, al frente de Julián Domínguez; y con un programa social a su cargo aparecen en la Guía de Programas Sociales los ministerios de Seguridad, al mando de Aníbal Fernández; y de Cultura, a cargo de del cineasta Tristán Bauer.

Según la distribución presupuestaria de los programas sociales por área, al Ministerio de Desarrollo Social le corresponde el 85,60%, seguido por el de Salud con el 26,19 por ciento.

Por fuera de esta cuenta quedan las Prestaciones Previsionales, es decir el régimen jubilatorio que está a cargo de la ANSES, pero esa es una cuenta aparte.

Pobreza, planes e ineficiencia

A diferencia de Grabois, el economista Roberto Cachanosky tiene una visión crítica sobre el aumento presupuestario destinado a los programas y planes sociales: “A esta altura de los acontecimientos que caracterizan a la economía nacional hay que preguntarse si la pobreza aumenta a pesar de los planes sociales, o, si, por el contrario, los planes sociales terminan generando más pobreza; o se está frente a una mezcla de ambas cosas”, escribió en una columna de opinión en Infobae el 12 de abril pasado.

“El ‘gasto social’ se traduce en más inflación y/o carga impositiva porque de alguna manera hay que financiarlo. Y con más inflación, y más impuestos aumenta la tasa de desocupación y se afecta la tasa de inversión porque no hay forma de hacer cálculo económico”, completó.

En cambio, en diálogo con este medio, Grabois aseguró: “Según el Instituto Universitario CIAS el gasto en transferencias sociales es el 4,5% del PBI; en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las cifras no son muy distintas. Por otro lado, el Potenciar Trabajo representa menos del 0,5 del presupuesto nacional”.

Y agregó: “El problema no es la magnitud del gasto, el problema es cierta ineficiencia y yuxtaposición en los programas. Tenemos, por ejemplo, más de 6 millones de trabajadores independientes bajo la línea de pobreza e incluso en la indigencia. Reorganizando los programas y haciendo un pequeño esfuerzo presupuestario, podríamos crear un Salario Básico Universal que permite eliminar la indigencia del país y reducir fuertemente la pobreza.

Por último, Grabois, que también forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sostuvo: “El gasto social argentino equivale al 12% del Producto Bruto Interno (PBI) y tres cuartos se dedican exclusivamente a jubilaciones y pensiones, según los datos del Monitor Presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la consultora Equilibra” y recuerda que: “El promedio de la OCDE es 19.9%. En relación con el gasto, destinado a subsidios directos para personas en edad laboral, España, Francia, Noruega, Finlandia, Bélgica, Dinamarca y Holanda están por encima de la Argentina”.

Más allá de las opiniones, que las hay diversas y para todos los gustos, la Argentina fue aumentando la cantidad de planes y programas sociales desde la reinstauración de la democracia hasta este 2022.

El trabajo “Políticas Públicas de Empleo I 1989-1999″, publicado por el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Conicet, hace un recorrido sobre las políticas de empleo entre el final de la presidencia del radical Raúl Alfonsín, que implementó la caja PAN (Plan Alimentario Nacional) y Carlos Saúl Menem (PJ).

Allí se explica que, a través de la Resolución N° 576/1995, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creó en 1995 el Programa Trabajar I, que luego tuvo sus versiones II y III. Estos son los inicios de lo que llamamos hoy se denominan “planes sociales”.

No hay datos certeros, precisos y oficiales sobre la cantidad de beneficiarios de los planes de empleo desde ese comienzo hasta la fecha. Sí se pueden tomar dos datos documentados. La cantidad de beneficiarios aprobados en los programas Trabajar II y III, que se ejecutaron entre los años 1997 y 1999, era de 649.896 beneficiarios.

Desde el ministerio de Desarrollo Social se informó de manera oficial a este medio que, hasta el mes pasado, el programa Potenciar Trabajo tiene registrados 1.200.000 beneficiarios, casi 100% más. Y con un agravante: si se abriera el programa y se aceptaran a todas las personas en condiciones de ingresar al beneficio, el número, como mínimo, podría cuatriplicarse.