“Va a llevar tiempo”. La frase pertenece a un diputado bonaerense de Juntos y hace referencia a la posibilidad descomprimir la interna que atraviesa, principalmente, al PRO en territorio bonaerense en una dinámica espejada con la situación del partido a nivel nacional, que recién ahora -con el regreso a escena del ex presidente Mauricio Macri- empieza a enfilarse. En la provincia de Buenos Aires, como describe el legislador “va a llevar tiempo”. Y quien mira de cerca el desarrollo de ese debate es el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof. Es que en el marco de la interna del PRO, el interlocutor que el partido opositor tenía con el Ejecutivo bonaerense -el intendente de Lanús, Néstor Grindetti- decidió despegarse de ese rol de negociador por no contar con el consenso explícito de todos los sectores de su espacio. Uno de los resultados de esa decisión es que las leyes que pidió aprobar Kicillof en el corto y mediano plazo no se mueven a la velocidad deseada para el gobierno principal.
Una de las leyes que Kicillof busca que la Legislatura apruebe es la reforma al régimen previsional de la Caja del Banco Provincial. Se trata de una ley modificada durante la gestión de María Eugenia Vidal bajo un clima de alta tensión política y el rechazo del gremio La Bancaria que hoy conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Sergio Palazzo. Los cambios principales que introdujo Vidal fueron reducir el haber de 82% al 70% y estirar la edad jubilatoria. El principal argumento era el déficit que presentaba la Caja previsional. Una vez sancionada la ley muchos jubilados presentaron amparos en la Justicia. Cerca de 3 mil quinientos jubilados activaron cautelares. La Suprema Corte intervino y le pidió a los principales responsables del Legislativo que resuelvan la situación mediante el canal político; es decir en la Legislatura. Pero para ello debe haber un consenso que actualmente no existe. En el máximo órgano de Justicia bonaerense también hay un amparo presentado por La Bancaria que declara la inconstitucionalidad de la normativa vigente y sobre el cual la Corte podría resolver.
Desde hace semanas se viene intentando avanzar sobre tablas en la discusión de la reforma planteada por Kicillof que tiene algunas características similares a lo que era la ley original, como por ejemplo constituir la jubilación en un 82% del salario. Pero la falta de acuerdos internos en la oposición y la paridad de bancas entre el Frente de Todos y Juntos tanto en Diputados como en el Senado hace que todo se trabe. El oficialismo llevará al recinto un proyecto del cual no tiene garantías que la oposición acompañe en su totalidad, condición necesaria para que la iniciativa se convierta en ley.
Por ello, una de las líneas que esta semana se planteó fue que la ley de reforma jubilatoria para empleados del Banco Provincia sea discutida en las comisiones, se modifique, se emita un dictamen y luego se lleve al recinto con las garantías necesarias. Ese proceso hará, indefectiblemente, que los tiempos originales para su tratamiento se estiren.
Consciente de esto, Kicillof le pidió a los intendentes de la oposición que avancen con un acuerdo para tratar este tema. “Necesitamos que se arregle el régimen del Banco porque está judicializado y la Justicia nos pidió que llegáramos a un acuerdo. Hoy hay un régimen, venimos sin vencedores ni vencidos, pero todo lo que podamos hacer para solucionar las jubilaciones de los bancarios bienvenido”, dijo. Sin embargo, para la bancaria el problema pasa por los legisladores que responden a María Eugenia Vidal. La UCR y el sector de intendentes del PRO estaban predispuestos a votar la iniciativa con algunos cambios al proyecto original.
Incluso, así también lo hicieron notar desde La Bancaria. En el gremio que conduce Palazzo apuntaron directamente al vidalismo. “El Banco sigue afrontando, mes a mes, un déficit que no debería afrontar y que lo pone en riesgo ante el sistema financiero, por incumplimientos de normas del Banco Central. Esta situación que quiere ser remediada por la vía del proyecto consensuado enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, sigue bloqueado por quienes todavía responden a Vidal, que, abiertamente, impugna esta reparación de derechos, cuando el oficialismo y parte de la oposición se ha sensibilizado frente al planteo de nuestra organización gremial”, explicaron desde distintas seccionales del gremio de Palazzo distribuidos diferentes puntos de la provincia.
Otro tema, quizás menos intrincado pero que hasta el momento no tuvo mayores avances, es la designación de Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas, que tendrá un rol con menos poder al que ocupaba Eduardo Grinberg.
Hasta los cambios de gabinete, Thea era el Secretario General de gobierno. Su designación, propuesta por Kicillof el año pasado, tiene que salir con acuerdo del Senado. En la Cámara alta provincial hay paridad absoluta de fuerzas: 23 integrantes del Frente de Todos y misma cantidad de bancas para la oposición. Esta semana, se convocó a la sesión en el Senado para el día martes 24 y se buscará hacer un intento nuevamente.
En el tramo judicial, según supo Infobae, Kicillof también tiene avanzada la decisión de habilitar el debate para ocupar los lugares vacantes en la Suprema Corte de Justicia, donde actualmente hay cuatro integrantes (Hilda Kogan, Sergio Torres, Daniel Soria y Luis Genoud).
Con bastante recelo, el gobernador tendría los posibles postulantes para los lugares vacantes para los que debe remitir el pliego. Sin embargo, dos de ellos serían para la oposición. La UCR ya tendría una postulante. Desde hace un tiempo diferentes legisladoras del partido centenario insisten en que haya otra mujer -además de Hilda Kogan- en el máximo tribunal. Pero al no haber acuerdo pleno en la oposición este tema, como sucede con el BAPRO, continúa entre los pendientes.
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