Un juez allanó las cooperativas que recibieron más de $ 500 millones de la Municipalidad de Quilmes

El juez federal de Quilmes Luis Armella realizó hoy varios allanamientos en las cooperativas que recibieron unos $535 millones por parte de la Municipalidad de Quilmes, a cargo de Mayra Mendoza. En los procedimientos intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura, confirmaron a Infobae fuentes judiciales.

Las cooperativas beneficiadas tendrían vinculación directa con funcionarios y ex funcionarios del municipio gobernado por la intendenta de La Cámpora.

La investigación no solo apunta a Mendoza sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda.

Los funcionarios están siendo investigados en una causa que tramita en Comodoro Py pero también en la justicia federal de Quilmes. En ese expediente, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la investigación y pidió una serie de medidas de prueba. También solicitó que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

En ese causa, la imputación incluye delitos como defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.

En la otra causa, el fiscal Ramiro González, también imputó a Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.

Esa causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia. Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa. Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

Hay tres cooperativas bajo la lupa: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Limitada, la Unión de Azul, Progreso y La Estrella. A través de decenas de contrataciones provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública de Quilmes, y que llevan la firma de Mendoza, estas tres entidades habrían recibido fondos del municipio por aproximadamente 535 millones de pesos, entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. Las cooperativas fueron contratadas para brindar los servicios de “recolección de residuos”, “puesta en valor y embellecimiento de los espacios públicos”, “fumigación y control de plagas”, “adquisición de plantas ornamentales”, y “mantenimiento de plazas”, entre otros.

Cuando impulsó la investigación, el fiscal Ramiro González solicitó una compulsa del padrón de entidades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en donde están registradas todas las cooperativas, informes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los datos sobre las cooperativas denunciadas en este caso. También se pidió informes a la Inspección General de Justicia y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.