Luego de un allanamiento ordenado la semana pasada en el Ministerio de Defensa, la justicia avanzó en la investigación para determinar por qué un funcionario nacional no apeló una sentencia a favor de un grupo de mapuches que pretende quedarse con un predio del Ejército en San Carlos de Bariloche. En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sin embargo ahora las miradas de los investigadores apuntan a otros funcionario.
Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. Según fuentes cercanas a la investigación, el fiscal Carlos Stornelli cuenta con documentación clave del expediente donde se ordenó al Ejército entregarle 180 hectáreas ubicada en las afueras de Bariloche a la comunidad Millalonco Ranquehue.
Entre el material secuestrado existe una nota de Havela (elaborada por Luis Nicolás Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio) dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel Walter Horacio Faneco. Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.
De ahí se desprende que el Ministerio de Defensa había recibido la sentencia el miércoles 2 de febrero, a las 12:11, pero recién remitió el expediente 48 horas después (a las 15:09 del 4 de febrero), cuando el plazo procesal había vencido ese día al mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca rechazara el reclamo por la demora en apelar.
En los últimos años, Havela tuvo una sobresaliente aunque llamativa escalada jerárquica. De desempeñarse como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, pasó a comandar un área clave en temas legales dentro del ministerio que conduce Taiana.
Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.
Además de esa nota, el juez Rafecas ordenó el análisis de otros documentos y el peritaje de computadoras y teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento del viernes pasado, para determinar el curso de la investigación.
Por el retraso en la apelación varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra la asesora letrada y sus jefes. “Quien actuara en representación del Ministerio de Defensa de la Nación y del Estado Mayor del Ejército Argentino incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, contemplados en los artículos 248 y 271 del Código Penal. y los que pudieren surgir de la investigación”, sostuvo la presentación judicial encabezada por el diputado Gerardo Milman.
Hace 10 días, el Ejército recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de la titularidad de 180 hectáreas a una comunidad mapuche.
El recurso extraordinario para elevar a la Corte el caso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, cuyos jueces habían rechazado la apelación de primera instancia por considerarla “extemporánea”.
La institución castrense, en su defensa, aseguró que la presentación anterior se realizó “en su debido momento”, aunque la misma fue rechazada por la Cámara de Apelaciones “por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.
Es que los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, integrantes de esa Cámara, objetaron el recurso aduciendo que había sido mal otorgado por la jueza Domínguez por haberse presentado cuando los plazos procesales habían expirado. En su fallo optaron por no inmiscuirse en el planteo de fondo que realizó la comunidad Millalonco Ranquehue y la sentencia de la magistrada, que ordenó otorgar en un plazo de 60 días el título de las tierras a las familias originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reivindicada por las familias Millalonco Ranquehue.
El lugar limita con el Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche. De hecho, los edificios que actualmente forman parte del Centro Atómico estuvieron ocupados por unidades de artillería hasta 1950. En ese momento el espacio fue entregado, por orden del ex presidente Juan Domingo Perón, al austríaco Ronald Richter, que montaría su laboratorio en la cercana isla Huemul.
De acuerdo con la información disponible en la página web oficial del establecimiento, este es “el único centro de entrenamiento avanzado de actividades y técnicas de combate en montaña que por excelencia dispone el Ejército Argentino, y que capacita técnica y profesionalmente al personal de oficiales y suboficiales” de diversas Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, “así como también a miembros de países amigos”.
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