Correo Argentino: SOCMA pidió investigar llamados de Zannini y el funcionario busca reactivar la quiebra

SOCMA Americana, la empresa creada por la familia Macri, reclamó en Comodoro Py que se investiguen las comunicaciones entre la fiscal Gabriela Boquín, el procurador Carlos Zannini, el responsable de la Inspección General de Justicia Ricardo Nissen y la ex procuradora general durante el kirchnerismo Alejandra Gils Carbó desde 2016 hasta ahora por su rol en la causa por la quiebra de Correo Argentino SA, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La presentación fue hecha días atrás por Francisco Castex y Luciano Pauls, querellantes en representación de la compañía, ante el juez federal Sebastián Casanello. El planteo es consecuencia de la resolución dictada la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó el desarchivo de la denuncia promovida contra Zannini, Boquin y Nissen.

La denuncia forma parte de la compleja trama de causas que involucran a la empresa de la familia del ex Presidente, con expedientes en el fuero comercial (donde se dictó y suspendió la quiebra de Correo Argentino), en los tribunales de Retiro (por cómo se habría querido llegar a un acuerdo en el gobierno de Macri por esa deuda) y en la justicia en lo contencioso administrativo (en donde la empresa reclama al Estado por haberse quedado con sus activos durante el kirchnerismo).

Precisamente, en la causa comercial, Zannini pidió esta semana a través de un recurso extraordinario que la Corte Suprema de Justicia desactive el freno en el que quedó la quiebra de la empresa Correo Argentino SA. La presentación de Zannini responde a la decisión que tomó, sorpresivamente, hace dos semanas la Cámara en lo Comercial, cuando resolvió dejar en stand by el expediente hasta que la Corte Suprema resuelva si el Superior Tribunal de la Capital Federal es una instancia de apelación en el caso.

En un escrito al que accedió Infobae, Zannini resaltó las palabras del procurador interino Eduardo Casal -sobre el que parte del oficialismo disparó a lo largo del mandato-, quien ya dijo que el máximo tribunal de justicia porteña no tenía nada que hacer en expediente. Y sostuvo que no corresponde quedar a la espera de esa decisión para comenzar a ejecutar la quiebra.

Pero el 4 de mayo pasado, por dos votos a uno, la Cámara en lo Comercial hizo lugar a frenar todo el expediente a la espera de resolver si la Corte porteña debía revisar los pedidos de recusación contra la fiscal Gabriela Boquín, la jueza Marta Cirulli y la flamante camarista María Guadalupe Vázquez. Vazquez, nombrada el año pasado, fue el voto en minoría en esa resolución, a contra marcha de lo decidido por sus colegas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal -convocada especialmente para el desempate-. Ante ese fallo, la Procuración presentó un “revocatoria y nulidad”, pero la Cámara rechazó el pedido.

En ese contexto es que ahora la Procuración del Tesoro fue a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia por entender que se encuentran ante una “privación de justicia” que causa un “gravamen irreparable”. ”En las presentes actuaciones tramita la (hoy) quiebra de CORREO ARGENTINO S.A. Un proceso que ya ha excedido cualquier pauta temporal razonable y se posiciona como un verdadero escándalo jurídico. Es un claro ejemplo de lo que no puede ocurrir en los Tribunales”, sostiene la presentación a la que accedió Infobae.

El Gobierno habló de la “evidente intención dilatoria y obstruccionista” de la empresa SOCMA AMERICANA S.A. (accionista mayoritario de Correo Argentino) a la hora de plantear las recusaciones, y también de la resolución “absolutamente sorpresiva” de frenar la decisión sobre la confirmación o no de la quiebra dictada en primera instancia el año pasado.

El caso

En 1997 el entonces presidente Carlos Menem otorgó la concesión del correo a Franco Macri por un plazo de 30 años. Pero a los dos años la empresa entendió que el Estado había incumplido con su parte del acuerdo, entró en crisis y dejó de pagar el canon. En 2001 entró en concurso preventivo. En 2003, el presidente Néstor Kirchner rescindió la concesión y el Estado quedó con varios de los activos de la empresa. La empresa denunció que sólo se le dejaron los pasivos y avanzó con una serie de demandas judiciales, pero el expediente por la situación comercial siguió avanzando sin resolución.

El caso saltó otra vez a la luz pública en el gobierno de Mauricio Macri, cuando la empresa hizo una oferta para pagar en cuota la deuda de 2001 y la fiscal comercial Gabriela Boquín aseguró que se trataba de un acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal.

En marzo, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar 1.011 millones de pesos de una vez, o lo que la Justicia determine, por la deuda del Correo para evitar la quiebra -a contramarcha de los 300 millones y en cuotas que había hecho en 2016-. Pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta. Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, un número que la empresa rechaza.

El 5 de julio de 2021, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra, pero dos semanas después la magistrada suspendió provisoriamente la ejecución. La Procuración del Tesoro apeló y además pidió que la quiebra se extendiera a otras empresas de los Macri. El fallo sobre la quiebra está en estudio de la Sala B de la Cámara en lo Comercial, que recientemente resolvió suspender todo el proceso hasta que se resuelva si la Corte porteña es una instancia de apelación. Eso es lo que ahora quiere destrabar Zannini en la Corte Suprema.

La denuncia en Comodoro Py

Esta causa comenzó en 2020 con una denuncia de SOCMA, la empresa de la familia Macri, y apuntaba a los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y alteración de un sistema informático. En primera instancia, con aval fiscal, el juez federal Sebastián Casanello archivó la denuncia por “inexistencia de delito”. Ese fallo fue confirmado en agosto del año pasado por la Sala II de la Cámara Federal, con el voto de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah y la disidencia de Martín Irurzun. Pero Casación hizo lugar a la apelación de SOCMA y afirmó que hay medidas de prueba pendientes “que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación”.

Para dar impulso a la causa, los querellantes entonces presentaron hace unos días un escrito ante Casanello en el que sostuvieron que es “indispensable que se urja la producción de las siguientes medidas a los efectos de dilucidar la verdad de los hechos”. Así propuso una batería de diligencias, que incluye citar a declarar como testigos al ex ministro de Justicia macrista, Germán Garavano, y al ex senador y hoy integrante de la Auditoría General de la Nación, Miguel Angel Pichetto, “quienes denunciaron públicamente la persecución política de la es objeto Correo Argentino S.A”.

Pero uno de los objetivos de la querella es avanzar en el registro de llamadas realizadas y recibidas entre los teléfonos particulares, celulares, de trabajo o cualquier otro tipo de la fiscal Gabriela Boquín, el procurador Carlos Zannini, el responsable de la IGJ Ricardo Nissen y la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó. Para la empresa, la ex funcionaria -que fue antecesora de Boquín en la fiscalía de Cámara- “estaría tras los actos” de la representante del Ministerio Público. la Fiscal Boquín”.

Según la presentación a la que accedió Infobae, se pidió el análisis desde “un poco antes del 28 de junio de 2016 hasta la actualidad”, y “especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A”.Con esa prueba obtenida, la querella reclamó “una pericia informática que analice los mensajes de texto y de Whatsapp, entrantes y salientes, de los dispositivos celulares que usan periódicamente las personas arriba mencionadas en el período mencionado precedentemente”, otra que analice los mails y “un registro de todas las computadoras particulares o de otro tipo de las personas vinculadas con el objeto de verificar si hay proyectos de dictámenes, resoluciones, memoriales o cualquier otro documento que pueda tener relación con las actuaciones en el proceso concursal de Correo Argentino S.A”.

También se reclama que se requiera a la Procuración General de la Nación que informe si existen sumarios iniciados contra la Fiscal Boquín sea por mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de sus funciones, acoso o maltrato o por cualquier otra irregularidad administrativa”. Hubo más diligencias solicitadas por la querella. Se solicitó pedir copias del expediente comercial del Correo para incorporar los dictámenes de Boquin y sobre todo la posición del Estado Nacional en 2001 cuando se fijó verificó a cuánto ascendía el canon y la forma de pagar los intereses con mora, pero también quieren anexar las distintas propuestas de pago hecha por la empresa.

La empresa busca reconstruir cómo la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)” hizo el informe que sirvieron a la fiscal Boquin para impugnar la propuesta de acuerdo entre el Estado y la empresa en épocas de Macri. La empresa también quiere sumar las presentaciones de Nissen y que se le pida a la IGJ desde el 2000 hasta ahora para chequear los documentos contables de la firma. “Veremos que nunca se procedió ni lo hizo el imputado Nissen en su anterior gestión en la función como lo hizo ahora, lo cual acreditará su proceder ilegal y la comisión del delito”, sostuvo.

Los querellantes también pidieron llamar a periodistas como Ivan Ruiz y Carlos Pagni y a la contadora Silvina Martínez y a Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino SA, “a fin de que informe al Tribunal sobre los hechos aquí denunciados” y sobre la sospecha de la presunta “manipulación del sistema informático que opera el Poder Judicial de la Nación”.

En otro punto, SOCMA también pidió que “se practique un peritaje contable por intermedio del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” que diga por ejemplo “qué cálculos se emplean habitualmente en la justicia comercial para la actualización de interés”. Para la empresa eso es clave a la hora de discutir los números de Boquin. A criterio de SOCMA, “la producción de estas medidas permitirá demostrar lo denunciado por esta parte e impulsar las actuaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal”.

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