La causa judicial por la Fiesta en Olivos está a un paso de cerrarse, al menos para seis de los participantes. El fiscal federal de San Isidro Fernando Dominguez aceptó ayer las donaciones ofrecidas por la primera dama Fabiola Yañez y por otros tres imputados: Fernando Consagra, Emmanuel López y Santiago Basavilbaso. Ahora solo resta que el juez federal Lino Mirabelli homologue los acuerdos para que todos terminen sobreseídos. A ellos se suma Carolina Marafioti, que fue la primera en llegar a un acuerdo.
Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, el fiscal Dominguez aceptó la donación de $1,4 millón ofrecida por la primera dama Fabiola Yañez, defendida por los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. El acuerdo se envió ayer al juzgado pero todavía no trascendió de manera oficial porque no fue cargado al sistema informático Lex 100.
“La reparación fue aceptada como se viene haciendo con todo el resto de las causas en San Isidro. No hay mejor opción que frente a la falta ya cometida poder repararlo brindándole a la sociedad dinero para ser destinado en insumos médicos. La plata no compensa muchas cosas, sin dudas, pero es la manera más oportuna que el fiscal entendió para ponerle fin a todo esto”, sostuvo Fioribello en diálogo con Infobae. Y agregó: “No hubo ningún tratamiento especial por ser la familia presidencial. Al contrario, es el monto más alto en reparaciones de toda la jurisdicción”.
El monto de la reparación ofrecida por Yañez fue más complejo porque la primera dama no cobra un sueldo fijo. ¿Quién la pagará?. La presentación ante el fiscal Dominguez dice que contará con una “ayuda económica familiar”. En los hechos, deberá hacerse cargo el presidente Alberto Fernández.
De esa manera, se trata de una donación total de $3 millones. Aunque se llegue a un acuerdo para pagarlo en cuotas, se trata de una suma que debe estar justificada en el patrimonio de Alberto Fernández. Por eso se evalúa la posibilidad de pedir un crédito, tal como adelantó Infobae el domingo.
En los dos casos, el fiscal propuso que el dinero se destine el dinero a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán. “No es para que el Malbrán compre un respirador o solvente una internación, sino para aplicarlo a sus tareas”, explicó una fuente judicial.
La donación en realidad es una reparación económica prevista en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal. De esa manera, se evita la indagatoria como ocurrió en el caso del “surfer” Federico Llamas, que fue sorprendido en un control en la Panamericana al comienzo de la pandemia.
En el caso del Presidente, la cifra de la reparación surgió de una serie de informes que pidió el fiscal Fernando Domínguez al Ministerio de Salud sobre el valor de los respiradores. El 19 de abril, la cartera que conduce Carla Vizzotti respondió que un respirador para el sector público cuesta $1.213.290 y para el sector privado $1.442.400.
Según su última declaración jurada, correspondiente al 2020, el Presidente tenía un patrimonio total de $5,7 millones, sumando todos sus bienes. Sin mayores ahorros, declaró apenas $13.362 de dinero en efectivo y bienes del hogar por $223.360.
Con la aprobación del fiscal, solo restaría que el juez Lino Mirabelli homologue el acuerdo y decida el destino del dinero. Unas horas después, el Presidente y la primera dama quedarán sobreseídos por unos de los mayores escándalos de su gestión.
En el caso de Consagra, Emmanuel López y Basavilbaso, la semana pasado actualizaron sus propuestas y ofrecieron montos cercanos a los $250 mil. Para justificarlo tuvieron que presentar declaraciones juradas y hasta contratos de alquiler. No ocurrió lo mismo con Alberto Fernández ni con la primera dama.
El resto de los imputados todavía no hicieron una presentación. En el caso del colorista Federico Abraham, sus abogados, el ex camarista federal Jorge Ballestero y Pablo Slonimsqui, harán un ofrecimiento en los próximos días, pudo saber este medio. En cambio, el abogado de Stefanía Dominguez, Mauricio D’Alessandro, seguirá batallando en Tribunales para intentar conseguir una declaración de inconstitucionalidad de los decretos firmados por el Presidente. El resto de los imputados son defendidos por el estudio de Fernando Burlando. Si no hacen un ofrecimiento en los próximos días, podrían terminar yendo a indagatoria.
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