Con mapas estirados en mesas y otros colgados de las paredes, los altos mandos del Ejército Argentino y los directivos de la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, en Bariloche, analizan con preocupación el futuro de las 3.385 hectáreas que están bajo su custodia en la zona, ya que alrededor del 82% son reclamadas por otras comunidades mapuches.
El último revés judicial para la institución castrense, con el fallo de la jueza Silvina Domínguez que dispone la entrega del título comunitario de 180 hectáreas a la comunidad Millalonco Ranquehue, aumentó la tensión debido a que generará un precedente que podrían utilizar las demás para lograr el mismo objetivo.
Los conflictos entre el Ejército y las comunidades son históricos, aunque la sentencia de Domínguez y el rechazo a la apelación tardía que presentó el gobierno nacional aceleró el pulso de quienes tienen la responsabilidad de velar por la custodia de las tierras.
La protección del Ejército sobre sus hectáreas es pasiva y sólo algunos de esos espacios están cercados o cuentan con cartelería que advierte sobre la posesión estatal sobre las mismas. No obstante, los patrullajes son prácticamente nulos y en la mayoría la circulación es libre.
En el predio que reclama la comunidad Millalonco Ranquehue la situación es distinta ya que las familias están instaladas en el predio desde antes del desembarco de las tropas militares, en 1937. Según fuentes mapuches, sus antecesores permanecen en el lugar desde fines del Siglo XIX.
“Hay 2.900 hectáreas en juego, de las 3.385 que están bajo custodia militar en Bariloche y los alrededores. Ceder 180 a una comunidad sería perjudicial, pero la principal preocupación es lo que podría suceder con el resto”, indicaron fuentes de la Mesa de Consenso Bariloche, entidad multisectorial que aunó en la bronca a numerosas entidades y vecinos alarmados por el avance de la “causa mapuche” y la inacción del Gobierno para preservar las tierras públicas.
“El fallo convalida el despojo a los vecinos de Bariloche y a los 45 millones de argentinos, al pasar a unas pocas manos tierras que hoy son patrimonio de todos los argentinos”, mencionaron desde la misma agrupación, y agregaron que “la secuencia de hechos que terminan en el fallo de la Cámara Federal de General Roca pone en evidencia el actuar negligente (o doloso) del Estado a la hora de cuidar y defender el patrimonio de todos los argentinos”.
Además de la Milllonco Ranquehue, las lof Quijada y Tambo Báez cuentan con el mismo patrocinio legal por lo que su estrategia para obtener el título de las tierras que ocupan será calcado.
No sólo el Ejército evidenció su preocupación, sino que el fallo de Domínguez crispó los ánimos en distintos sectores de la sociedad, entre los que se encuentran empresarios, funcionarios, entidades sociales y vecinos.
En ese contexto, para intentar “defender la Soberanía Nacional”, organizaron un abrazo simbólico a la Escuela Militar de Montaña, espacio utilizado como base operativa de la institución estatal.
Los opositores a la entrega del título de propiedad a la comunidad mapuche buscan torcer el brazo de la Justicia: “Hay que hacer mucho ruido, demostrar que somos muchos los que nos oponemos y que no vamos a permitir esta entrega”.
La jornada se realizará durante la celebración por los 212 años de la creación del Ejército Argentino, el próximo 29 de mayo. Además, fomentan la recolección de firmas a través de la plataforma Change.org, que hasta este lunes había obtenido más de 122 mil avales.
El presidente del partido sanjuanino Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, se inmiscuyó en la polémica y criticó a la jueza que firmó la sentencia y a los integrantes de la Cámara de Apelaciones de General Roca que rechazaron la apelación del Ejército: “Es una vergüenza, una falta de respeto a nuestra historia. Dan asco”.
Citó una frase del ex presidente Nicolás Avellaneda, quien se negó a firmar un decreto para entregar tierras asegurando: “Me cortaré la mano antes de suscribir un tratado que arrancaría a mi patria lo que le pertenece”. Y lo comparó con los magistrados que avalaron el fallo de la jueza Domínguez.
“Miren el ejemplo del presidente más joven que tuvo el país. Hoy tres jueces vienen y entregan livianamente territorio nacional para que coloquen la bandera mapuche”, dijo, y agregó: “Dan asco que sean traidores a la Patria y que representen a un Poder Judicial”.
“La única bandera que debe flamear en este territorio es la celeste y blanca. Ojalá tengamos la suerte de que esto no se concrete, de que no suframos el dolor de habernos encontrado con una bandera mapuche, de invasores en nuestro territorio”, denunció, y remató: “Que no sea una cachetada a nuestra soberanía”.
El CELS, a favor del traspaso
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su adhesión a los reclamos que impulsa la lof Millalonco Ranquehue para contar “con seguridad jurídica de las tierras en las que vive desde tiempos ancestrales”.
“Hace muchos años que la comunidad indígena inició los reclamos para contar con seguridad jurídica de esas tierras, pero recién en 2012 el Estado le reconoció la finalización de un relevamiento catastral, de acuerdo a los términos de la ley 26.160 de emergencia de comunidades indígenas”, menciona el texto y admite que la comunidad atravesó un largo recorrido “para que sus derechos territoriales sean reconocidos”.
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