El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves, por una amplia mayoría de votos que incluyó a Argentina, iniciar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a las tropas rusas que invadieron Ucrania.
La resolución fue adoptada por 33 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Los únicos países que se pronunciaron en desacuerdo fueron China y Eritrea, dos aliados del Kremlin, mientras que se abstuvieron Armenia, Bolivia, Camerún, Cuba, India, Kazajstán, Namibia, Pakistán, Senegal, Sudan, Uzbekistán y Venezuela.
Argentina volvió a acompañar en el foro internacional de Naciones Unidas la postura de cuestionar el ataque militar del gobierno de Vladimir Putin. Antes había apoyado la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de DDHH, tras la masacre ejecutada contra la población civil de Bucha, en sintonía con el liderazgo de la titular de ese organismo, la chilena Michele Bachelet. Mientras que en otros organismos internacionales, como la OEA o el G20, el Gobierno se inclinó por la abstención.
La resolución votada hoy pide a la comisión internacional de la ONU sobre Ucrania que lleve a cabo una “investigación” sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las regiones de Kiev, en Chernígov, Kharkiv y Sumy entre finales de febrero y marzo de 2022, para “pedir que los responsables rindan cuentas”.
La reunión había sido convocada a petición de Ucrania. “Miles de personas de mi país perdieron la vida. Los bombardeos y los disparos rusos forman parte de nuestra vida cotidiana”, declaró la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Dzhaparova, en la apertura de la sesión, en una alocución por videoconferencia.
La representante denunció actos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual y de género. “La lista de crímenes rusos es interminable”, denunció antes de mostrar un dibujo hecho por un niño que fue violado delante de su madre en el que se veía unos trazos negros.
Durante los debates, numerosos diplomáticos aliados de Kiev y funcionarios de la ONU y organizaciones de derechos humanos expresaron su indignación frente al sufrimiento de los ucranianos. “La agresión rusa implica el descubrimiento cada día de hechos más macabros”, afirmó el embajador francés Jérôme Bonnafont. Su homólogo británico denunció la “brutal campaña” de Moscú.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que ya afirmó que el ejército ruso cometió acciones que podrían constituir “crímenes de guerra” en Ucrania, indicó que su despacho sigue verificando las acusaciones. “La extensión de las ejecuciones ilegales, incluyendo los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev es espeluznante”, dijo, precisando que hasta el momento tiene informaciones de 300 casos.
“Horrores inimaginables” en Mariúpol
Bachelet también denunció que los habitantes de Mariúpol sufrieron “horrores inimaginables”. La resolución aprobada pide que se informe sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariúpol, en la 50º sesión del Consejo, entre el 13 de junio y el 8 de julio.
Esta fue la primera reunión consagrada a este tema desde que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia a inicios de abril del ente de los derechos humanos de la organización internacional.
Moscú anticipó la suspensión renunciando a su estatuto de miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero como Estado conserva el derecho de participar como país observador.
Este jueves Rusia tuvo el derecho de pedir la palabra para responder, pero decidió dejar vacía la silla de su país.
Para no dejar el terreno por completo libre a sus adversarios, el embajador ruso ante la ONU Guenadi Gatilov publicó un comunicado en el que denunció “la demonización de Rusia por parte del ‘occidente colectivo’”, y habló de una investigación que no es independiente y derivas del Consejo convertido en foro “para asestar golpes políticos”.
El 4 de marzo, Kiev logró que el consejo adoptara por una aplastante mayoría una resolución para crear con urgencia una comisión investigadora internacional independiente. El designado para dirigir la investigación, el exjuez noruego Erik Mose, que fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, indicó que la comisión inició sus trabajos pero que todavía no tiene presupuesto.
(Con información de AFP y Reuters)
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