En medio de la interna del Gobierno, distintas organizaciones políticas y sociales que integran el Frente de Todos y se encuadran dentro de las “Organizaciones Libres del Pueblo” salieron a respaldar el proyecto de ley que establece un Salario Básico Universal (SBU) “para garantizar la protección social de todos los trabajadores”, que fue presentado este martes por un grupo de diputados oficialistas y que contó con el acompañamiento del presidente del bloque, Germán Martínez, y la titular de la bancada de Unidad Ciudadana en el Senado de la Nación, Juliana Di Tullio. La misiva es una señal de presión sobre la política económica de Casa Rosada.
“Se trata de un instrumento para recuperar el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Nuestras organizaciones son representantes de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la denominada economía social, pero no pretendemos, ni aspiramos a ser la mano de obra precarizada, ni excluida de los esquemas de protección social”, sostiene el comunicado que acompaña el proyecto de ley que tiene como impulsores a los diputados de Patria Grande Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, pero el acompañamiento de otros diputados del Frente de Todos como Leonardo Grosso, Hugo Yasky, Mónica Macha, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Carlos Selva, Pablo Carro, Mara Brawer y Graciela Landriscini.
Kolina, Descamisados, La Corriente, Unidos y Organizados, Martín Fierro, Fuerza Colectiva, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Peronismo Militante, Unidad Piquetera, Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, Federación de Cooperativas de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Identidad, Agrupación Rucci 17 de Noviembre, Federación de Cooperativas de Trabajadores de la Economía Social, Fuerza Colectiva, el Frente Social Peronista, son las organizaciones que marcaron el acompañamiento al proyecto del Salario Básico Universal (SBU).
El proyecto sostiene que el SBU “será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en la categoría ‘A’ del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”, y que funcione como “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.
Según Hagman, el salario sería de 13.000 pesos por mes “para alrededor de 9 millones de personas, lo que tendría un costo fiscal de 2.1% del PBI”. Y agregó: “Si a eso le restamos algunas partidas subsumidas, el costo neto es 0,9%. Tiene un costo de 400.000 millones de pesos”.
Las organizaciones kirchneristas que acompañan el proyecto advierten que asisten “a contemplar pasivamente los reclamos de corporaciones económicas y financieras, entidades agrarias enriquecidas, los sectores del poder económico real”, y mientras tanto “los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria sufren las consecuencias del exceso de diálogo inconducente”.
“La voluntad política de revertir el feroz proceso de transferencias de ingresos de los sectores populares, a los poderes económicos concentrados, que resurgió durante el macrismo, no encuentra límite de satisfacción y es necesario imponer nuevas reglas para salir de la trampa de empresarios ricos que tienden la mesa para funcionarios dispuestos a dar explicaciones, mientras que las grandes mayorías populares no pueden llegar a obtener el alimento diario”, agregaron.
El respaldo al proyecto también tiene un párrafo dirigido a miembros del gobierno nacional. “Queremos funcionarios que puedan recibir el aplauso de nuestro pueblo, no por los poderes concentrados o por los organismos de usura internacional”.
Desde hace un tiempo a esta parte que los sectores más duros del kirchnerismo exponen una demanda y diferenciación de las políticas macroeconómicas emanan del gabinete económico. El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue uno de los primeros que hizo público su malestar con lo que había sido el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); disconformidad que lo llevó a renunciar a la conducción del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación.
Desde la provincia de Buenos Aires también marcaron las diferencias con el rumbo económico. Semanas atrás el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque también se metió en la discusión y cruzó al ministro de Economía, Martín Guzmán. Larroque llegó a decir que “el gobierno es nuestro”, cuando se lo consultó de por qué no abandonaban las alianza del gobierno ante el descontento de las políticas económicas que se venían tomando u obviando. La última señal la dio la vicepresidenta, Cristina Kirchner durante su discurso en la provincia de Chaco la semana pasada.
Por su parte, la iniciativa que impulsaron diputados kirchneristas no fue hablada con Guzmán. “Los que se oponen a esto dentro del Frente de Todos nos tienen que explicar por qué está mal”, dijo el referente de Patria Grande, Juan Grabois y pidió que “propongan algo, lo que sea, empezar por las provincias más pobres, algo, no puede ser que cuando apriete la conflictividad social haya un bono que estamos agradecidos pero que es espasmódico”.
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