Denuncian que una abogada del Estado dejó vencer un plazo para no apelar la entrega del predio del Ejército a una comunidad mapuche

Diputados opositores de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra la abogada Silvia Vázquez, patrocinante del Ministerio de Defensa de la Nación, por incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la disputa territorial entre el Ejército nacional y la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por la entrega de 180 hectáreas pertenecientes a ese cuerpo de las fuerzas armadas.

Según la presentación formal, encabezada por el diputado nacional Gerardo Millman, la letrada oficial que pertenece a la Procuraduría General de la Nación permitió que se venciera el plazo para presentar un recurso de amparo en rechazo del fallo judicial que permitió que las tierras del Estado sean otorgadas a los pueblos originarios.

“No debe perderse de vista que, según el relato de los hechos, surge la posible participación en el evento de funcionarios de las más altas esferas del Ministerio de Defensa, quienes habrían impartido las órdenes para concretar el envío tardío del expediente administrativo correspondiente y, por ende, la presentación tardía del escrito de apelación pertinente”, señalaron desde el entorno del legislador del PRO alienado con la presidenta del partido, Patricia Bullrich.

La acusación contra la abogada Silvia Vázquez, apunta a que su omisión para la disputa del predio -donde está situada la Escuela Militar de Montaña del Ejército, ubicada en la ciudad de Bariloche- se trata de un “delito doloso que requiere la conciencia de la ilegitimidad o la arbitrariedad del acto y la voluntad de llevarlo a cabo y el sujeto activo debe ser un funcionario público en ejercicio de sus funciones”.

La sospecha de la oposición es que, de manera activa o pasiva, desde el Estado se permitió caer una causa que debía defenderse y que involucra al patrimonio nacional. “La intencionalidad de todo lo sucedido está a la vista de las pruebas y representa un grave accionar por parte del organismo público y sus funcionarios”, argumentó Milman. “Deberá responder ante la Justicia acerca de su accionar que interpeló la soberanía argentina sobre un territorio nacional”, concluyó.

Además de Milman, la denuncia lleva las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Alberto Asseff, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Laura Rodríguez Machado y Aníbal Tortoriello.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.

La controversia sobre las tierras que eran propiedad del Ejército se profundizó luego de que la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, dispusiera la entrega de la titularidad de 180 hectáreas a una comunidad mapuche. Se trata de una causa que se había iniciado en 2012 a raíz de un amparo a favor de la comunidad originaria donde fueron intimados varios organismos públicos: el INAI, el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y DDHH quedando a cargo del INAI la representación del Estado nacional en virtud de la temática.

El Ejército Argentino, por decisión del Ministro de Defensa, Jorge Taiana, recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de la sentencia de la jueza Domínguez.

Sin embargo, el recurso extraordinario para elevar a la Corte el caso fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones, con asiento en General Roca, cuyos jueces habían rechazado la apelación de primera instancia por considerarla “extemporánea”.

La institución castrense, en su defensa, aseguró que la presentación anterior se realizó “en su debido momento”, aunque la misma fue rechazada por la Cámara de Apelaciones “por cuestiones meramente formales que no se condicen con las consecuencias que esta resolución judicial pueda ocasionar”.

“Según nuestra interpretación, la apelación no fue presentada fuera de término, ya que desde el momento en que fuimos notificados no llegaron a pasar 48 horas hábiles y no se utilizó el período de gracia”, esbozaron desde el ministerio de Defensa acerca sobre las presentaciones legales que hizo Vázquez.

Los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Fernando Gallego, integrantes de esa Cámara, objetaron el recurso aduciendo que había sido mal otorgado por la jueza Domínguez por haberse presentado cuando los plazos procesales habían expirado. En su fallo optaron por no inmiscuirse en el planteo de fondo que realizó la comunidad Millalonco Ranquehue y la sentencia de la magistrada, que ordenó otorgar en un plazo de 60 días el título de las tierras a las familias originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa aseguró que Taiana instruyó la interposición de todas las defensas y estrategias procesales para preservar los bienes de las fuerzas armadas y cuestionó la decisión que adoptaron los jueces Lozano y Gallego. Entre los argumentos al presentar el recurso extraordinario, el Ejército planteó una “evidente arbitrariedad” por no darle lugar a su derecho a defensa, cuando debe garantizar el resguardo, la integridad y disponibilidad del inmueble en litigio.

Piden informes en el Senado

En el marco de la controversia, el senador de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un pedido de informes para solicitar al Gobierno que informe sobre la sentencia que dictamina que el Estado nacional debe transferir a título gratuito hectáreas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que se adjudiquen en forma inmediata a la comunidad Millalonco Ranquehue.

“Esta sentencia afecta severamente altos intereses nacionales ya que, de mantenerse, se verá afectado no sólo la guarda territorial del Ejército Argentino sino también su capacidad para alistar, adiestrar y sostener los medios en una especialidad tan crítica a la Defensa como lo es la Infantería de Montaña”, expuso el legislador.

“Llama poderosamente la atención el accionar del Ministerio de Defensa que presentó un recurso de apelación que fue considerado extemporáneo. Esta falla pone en evidencia la negligencia en la gestión de proteger el interés público de la Nación, es por eso que exigimos la formulación de un sumario en el cual queden explicitadas las responsabilidades administrativas o judiciales que dieron lugar a semejante daño”, agregó.

“No tengo ningún problema en señalar al Ministro de Defensa como al autor intelectual y material de este verdadero acto de entrega de territorio estatal a una agrupación mapuche que no reconoce la soberanía del estado argentino sobre buena parte de la Patagonia y que considera a nuestra Nación como enemiga e invasora”, sentenció Blanco.

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