La Cámara de Diputados se prepara para una jornada de actividad intensa con el debate en comisión de tres proyectos de alto perfil: la implementación de la Boleta Única de Papel, la reforma del Consejo de la Magistratura y los cambios en la Ley de Alquileres.
A las 10 comenzará el primer plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto donde se analizarán los diferentes proyectos de implementación de la Boleta Única de Papel (BUP).
La semana pasada la oposición se anotó una victoria política al juntar 132 votos (necesitaba 129) durante la sesión especial y obligar al oficialismo a iniciar el trámite parlamentario de la reforma electoral. Los otros plenarios continuarán los días 17, 24 y 31 de mayo. Según el cronograma acordado, a fin de mes deberán emitir dictamen para poder debatir el tema en el recinto a principios de junio.
Los números en el plenario de comisiones favorecen ligeramente a la oposición, que si no ocurre ningún imprevisto podrá avanzar con la iniciativa a pesar del rechazo del Frente de Todos. En Asuntos Constitucionales, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio tienen 17 lugares. Graciela Camaño, del Interbloque Federal, tendrá el voto clave. No obstante, ya se manifestó a favor de la Boleta Única.
En Justicia se repite el panorama: el oficialismo tiene 15 lugares mientras que Juntos por el Cambio cuenta con otros 15. Aquí también definirá la experimentada diputada bonaerense. Finalmente, en la comisión de Presupuesto el Frente de Todos tiene 24 diputados, Juntos por el Cambio suma 23 y el Interbloque Federal y Provincias Unidas, 1 cada uno. Por lo tanto, la oposición lograría constituir una mayoría.
Si bien hay diferentes modelos, la Boleta Única de Papel contiene los nombres y las fotos de todos los candidatos, divididos por casilleros (Presidente, diputados, senadores, dependiendo de la elección). Los electores tienen la posibilidad de elegir a sus postulantes preferidos o no marcar a ninguno y votar en blanco si así lo prefieren. Sus defensores aseguran que garantiza que no falten boletas y que por lo tanto el elector siempre encuentre a los candidatos que quiere votar.
Por otro lado, garantiza transparencia y que todos los partidos tengan igualdad de condiciones, ya que no haya diferencias entre grandes y chicos porque están todos en la misma boleta. El Estado pasa a hacerse cargo de la impresión de las mismas en vez de darle dinero a cada partido.
Desde el oficialismo ya plantearon dudas en torno a los supuestos beneficios de la Boleta Única. La semana pasada, Germán Martínez, jefe del bloque, alertó sobre las consecuencias de la BUP sobre el sistema de partidos, sobre sus costos reales y deslizó que promueve la “farandulización” de la política. Es decir, la elección de candidatos “famosos” para que encabecen las listas (son los únicos visibles en la BUP).
En la misma línea, ayer el diputado Leopoldo Moreau dijo que “debilita el sistema de partidos y genera ingobernabilidad por la confusión que produce la mezcla de decenas de nombres y categorías que lleva a que muchos ciudadanos se olviden de marcar una categoría o se equivoquen al hacerlo”. En caso de que la iniciativa obtenga media sanción, el escenario será diferente en el Senado, donde el Frente de Todos tiene mayoría.
Al término del debate, a las 12, un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales comenzará a debatir el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que viene con media sanción del Senado.
En abril, luego de que la Corte Suprema declarara al inconstitucionalidad de la ley de 2006, el Frente de Todos había logrado avanzar en el Senado con su nuevo proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura. Para eso fue clave la negoaciación con el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones).
El proyecto que obtuvo media sanción propone una integración del organismo que elige y sanciona a los jueces con 17 miembros, sumando un juez, dos abogados y un académico. De esta manera, quedaría compuesto por cuatro magistrados de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo.
El principal punto de conflicto entre oficialismo y oposición era el rol de la Corte Suprema. El proyecto impulsado por el kirchnerismo no incluye a ningún representante del Máximo Tribunal.
El Frente de Todos no tiene los votos necesarios en la Cámara baja para refrendar la ley que envió Cristina Kirchner así como está. Sin embargo, intentará alcanzar algún tipo de acuerdo con los bloques más chicos.
Los primeros esfuerzos se concentrarán en Graciela Camaño, la diputada de Identidad Bonaerense que dijo públicamente que la Corte debe tener un lugar en el Consejo pero que su presidente (Horacio Rosatti) no puede ser su titular. Una postura intermedia como esta podría ser la llave para que el oficialismo llegue a los 129 votos.
Desde el kirchnerismo dieron señales en ese sentido. El senador de La Cámpora Mariano Recalde, muy cercano a Cristina Kirchner, calificó como “factible” la posibilidad de que se introduzcan nuevos cambios en Diputados para sumar voluntades. En el mismo sentido se expresó Rodolfo Tailhade, presidente de la comisión de Justicia, también cercano a la Vicepresidenta.
Finalmente, a las 14 la comisión de Legislación General debatirá la reforma a la Ley de Alquileres. Esta reunión será la última acordada entre oficialismo y oposición tras haber escuchado durante un mes a las asociaciones de inquilinos, a corredores inmobiliarios, a los representantes de los propietarios y a especialistas en el tema. Sin embargo, se descarta la firma de un dictamen de consenso.
El Frente de Todos, según explicaron a Infobae, buscará respetar el “espíritu de la ley” vigente y avanzará con un dictamen de mayoría que no toca los dos puntos más cuestionados de la norma vigente: el plazo de tres años para los contratos y la fórmula de actualización anual que combina inflación y salarios.
En cambio, propondrán incentivos fiscales para que más propietarios pongan sus inmuebles en alquiler, ya que entienden que una mayor oferta hará bajar los precios. Una de las medidas en estudio es que los propietarios no paguen por 12 años Bienes Personales ni Impuesto a las Ganancias. También analizan formas de robustecer los controles para evitar los contratos “en negro”.
La bancada de Juntos por el Cambio también llegaría con un criterio unificado, lista para firmar un dictamen de minoría. La oposición dejó de lado los intentos de derogar completamente la ley actual pero buscará reducir el contrato a dos años. Aunque agregando una renovación “automática” que tenga “el menor costo posible para el inquilino” (por ejemplo, sin pagar adelantos, depósitos, comisiones, renovación de garantías, etc).
A su vez, tratarán de “flexibilizar lo más posible el acuerdo entre las partes” a la hora de determinar cómo se actualizarán los precios de los alquileres. Incluso se evalúa algún tipo de “tope”, que deje margen para la libre negociación.
Ninguna de las coaliciones mayoritarias tendrá los números holgados en el recinto. En ese contexto, tampoco está prevista la fecha en la que se convocará a la sesión una vez que estén firmados los dictámenes.
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