La discusión entre el kirchnerismo y la Cosa Rosada por el camino económico que tiene que seguir el Gobierno Nacional entró en una nueva etapa. El pedido de remoción de los ministros más importantes del gabinete económico y la negativa del presidente Alberto Fernández parece haber definido una nueva estrategia de parte de los legisladores de La Cámpora en la Cámara de Diputados y de Unidad Ciudadana en el Senado.
Luego del pedido de renuncia de Andrés Larroque de los ministros de Economía, Martín Guzmán, Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y Trabajo, Claudio Moroni, la Casa Rosada respondió apoyando a sus funcionarios y lo hizo saber con gestos e incluso en una reunión de gabinete.
Frente a esto, la respuesta llegó apenas 24 horas más tarde. Mientras la Cámara de Diputados sesionaba para darle sanción y media sanción a un paquete de leyes, Máximo Kirchner presentó -de manera inconsulta con el Ministerio de Economía- un proyecto de ley en donde establece que el incremento del 45% pautado en el mes de marzo por el Consejo del Salario se cobre en agosto y no en enero del 2023 y así “supere efectivamente el índice inflacionario vigente y proyectado”.
La iniciativa, de avanzar, modifica las cuentas de Guzmán en lo que se refiere a la ayuda social y previsional ya que el salario mínimo impacta en algunos programas sociales como el salario complementario que perciben los trabajadores del Potenciar Trabajo, quienes reciben el 50% del mismo, las víctimas de las violencias que asiste el Programa Acompañar, el 82% móvil de los jubilados con aportes completos, pensionados y los trabajadores no registrados.
Si el proyecto de Máximo Kirchner llegara a prosperar en el Congreso, modificaría sustancialmente el gasto en los programas y las jubilaciones que tiene pensado y planeado el ministro Guzmán. Algo que seguramente los técnicos que acompañan el líder de La Cámpora explicaron a la hora de elaborar el proyecto.
En medio de esto, el diputado nacional fue y vino en el recinto y participó de las votaciones. Así fue que votó afirmativo el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial y la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y TBC. Sin embargo, se mostró ausente a la hora de votar el proyecto de ley de Sergio Massa y Cristian Ritondo, el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
El movimiento de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados no parece aislado si se observa lo que sucede en la Cámara de Senadores en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es quien marca el pulso de la Cámara alta.
En ese sector del Congreso Nacional crece el rol de lo que hoy se conoce como Unidad Ciudadana, el sello que el kirchnerismo volvió a usar con la división del bloque del Frente de Todos y que debutó este viernes en el logo del evento en Chaco en donde se le entregó un título a la vicepresidenta Fernández de Kirchner.
En la Cámara alta la agenda estuvo marcada por la Justicia, pero en el último tiempo la economía tomó un rol central. En especial desde que se discutió el presupuesto primero y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después. Eso dos proyecto marcaron fuertes diferencias en un grupo importante de senadores que se opusieron a los datos macroeconómicos de Guzmán y les pareció insuficiente las explicaciones que brindó el titular del Palacio de Hacienda.
Aprobado el proyecto con el FMI el kirchnerismo en el Senado avanzó en un proyecto de un nuevo tributo para quienes tienen bienes en el exterior sin declarar y los recaudado será utilizado para cancelar la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.
El proyecto que presentó Oscar Parrilli también fue hecho de manera inconsulta con la Casa Rosada que primero hizo silencio, luego dijo que acompañaba y aportó técnicos de la AFIP para mejorar el proyecto inicial.
Este proyecto trajo aparejado otro que por ahora encuentra más trabas que el que apunta concretamente el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para los fiscales a cargo de la investigación del dinero fugado de la Argentina sin tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información. En este caso, tampoco fue consultado el Banco Central.
El tercer proyecto que ingresó en la Cámara de Senadores, y que también llegó de manera inconsulta con el Ministerio de Economía, fue presentado este viernes por el interbloque del Frente de Todos que plantea facilitar el acceso a la jubilación de las personas que no tienen los 30 años de aportes requeridos por la ley.
La iniciativa, presentada por los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio, permite acceder a un plan de pagos a quienes hayan llegado a la edad jubilatoria sin los 30 años de aporte y también empezar a precancelar deuda con 10 años de anticipación, otra novedad con respecto a regímenes anteriores.
“Nosotros lo hicimos para el Congreso, con los números de la Anses. No lo llevamos a Economía ni a Guzmán porque lo van a frenar y en julio se acaba el régimen actual y un montón de gente no se va a poder jubilar. En todo caso, se discutirá acá. Nosotros somos senadores”, explicó en off the récord un miembro del interbloque del Frente de Todos que siguió la presentación por televisión.
La propia Cristina Kirchner avaló el proyecto cuando este viernes, en su presentación en Chaco señaló que “un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para que la situación tan angustiante que vive un grupo de personas que, sujetos de los avatares de la cuestión económica de la argentina, no pudieron acreditar los 30 años de aportes. No es regalo de nada, hay que pagar”, aclaró la Vicepresidenta de la Nación.
“Si esto no se aprobara a partir de julio, de las mujeres que tienen 60 años solo 1 de cada 10 podría jubilares y de los hombres, solo 3 de cada 10. Me parece que sería bueno que también se discutieran estas cosas y otras que hay en el Parlamento”, avalando el proyecto que, como reconocieron los senadores en la presentación, no fue conversado con el Ministerio de Economía tendrá un costo fiscal de alrededor de 480.000 millones de pesos.
Como dijo la propia Cristina Kirchner, el oficialismo en general y el Ejecutivo en particular está en un “debate de ideas”, y ese debate parece haberse encausado hacia el Poder Legislativo en donde el kirchnerismo apuesta a marcar la agenda presentando proyectos de ley, acompañando algunos y desestimando otros que presenta el Ejecutivo. Imposibilitados, por lo menos por ahora, de desplazar a Martín Guzmán buscan un Ministerio de Economía paralelo y colegiado en el Congreso de la Nación.
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