Los sindicalistas de Camioneros detenidos por un bloqueo, más cerca de la prisión preventiva

La fiscal María del Valle Viviani avanzó contra los dos dirigentes del Sindicato de Camioneros que están detenidos en San Nicolás por el bloqueo a una empresa: dispuso el agravamiento de la imputación contra Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, por lo que quedó a un paso de que les pida la prisión preventiva de ambos, que deberá resolver la jueza María Eugenia Maiztegui.

La semana próxima será clave para esta causa, que por primera vez deriva en la detención de dirigentes que protagonizan un bloqueo sindical. Por un lado, por la decisión de Viviani de agregarles a las acusaciones de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción una que surgió tras el allanamiento de la fiscal a la sede nacional de Camioneros: extorsión por suscripción de documento jurídico, que tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión. Y que determinará el pedido de prisión preventiva de los gremialistas, que se concretaría este lunes.

Por otro, porque la jueza Maiztegui convoque probablemente para el jueves a una audiencia en San Nicolás para que la defensa de los sindicalistas y la parte querellante expongan sus posiciones, luego de lo cual la magistrada decidirá si confirma o no la prisión preventiva pedida por la fiscal Viviani.

La resolución de la fiscal fue el resultado del allanamiento que encabezó el lunes pasado en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.

La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso la fiscal Viviani encabezó el allanamiento en el gremio para secuestrar la información correspondiente.

La fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.

Incluso, como anticipó Infobae, Viviani pasó momentos de tensión en la sede de Camioneros, en San José al 1700 de esta Capital. Primero tuvo que ordenarle a un directivo del sindicato que retirara del lugar a un grupo de matones que se hizo presente mientras ella buscaba documentación. “Les pido, por favor, que se vayan porque están obstruyendo el trabajo de la Justicia y voy a pedir que se los lleven detenidos”, dijo Viviani. Así logró que la patota sindical se fuera del lugar y pudo inspeccionar para llevarse información de distintas oficinas del gremio.

Luego, se enfrentó con Hugo Moyano, quien irrumpió a los gritos y se quejó de lo involucraron en una “causa política ordenada por Macri”. Viviani, quien proviene de una familia de abogados y de simpatías peronistas, le respondió con dureza: “Yo no hago política. Estoy investigando un delito. Vengo de una familia peronista y creo en el derecho de los trabajadores, pero también en el derecho de las empresas a trabajar. Se avanzó en esta causa porque hay pruebas. Si no, la hubiera archivado. Pero acá hay pruebas de sobra”. Más calmo, Moyano le habría pedido disculpas por haber levantado la voz y dejó que siguiera con su tarea.

Por esa protesta de Camioneros, denunciada ante la Justicia, quedaron detenidos el 8 de abril pasado Cabaleyro, el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, y Espíndola, sindicalista de San Pedro.

Según el diario El Norte, de San Nicolás, la fiscal “sostiene que existe peligro procesal y por eso pedirá que los imputados afronten el proceso detenidos por el riesgo de entorpecimiento de la causa”.

Después del allanamiento en Buenos Aires, y con las pruebas obtenidas durante el procedimiento realizado en el Sindicato de Camioneros, Cabaleyro y Espíndola fueron citados el miércoles pasado por la Fiscalía para ampliar la declaración indagatoria, pero ambos se negaron a declarar.

Conciliación obligatoria en Santa Fe

Mientras, otro de los bloqueos sindicales que sufren las empresas en todo el país entró desde este jueves en una tregua: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto de Transporte Dolzani, que desde el 22 de abril mantuvieron un “acampe” en el acceso de la compañía, que fue fundada en 1947 y está ubicada en la ciudad santafesina de Avellaneda.

El bloqueo comenzó luego del despido de un empleado por agresiones contra los directivos de la empresa, aunque, según Oscar y Edgardo Dolzani, padre e hijo que son propietarios de la empresa, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que lidera Sergio Aladio, no comenzó la protesta por ese motivo sino por diferencias salariales “que nunca pudieron acreditar porque no existen”.

Por eso, afirmaron los Dolzani, un grupo de activistas se instaló con una carpa en el acceso a la firma, paró a los camiones y amenazó a los choferes para que no trabajaran. “Sólo un 40% de los choferes adhirió al bloqueo y por eso pudimos trabajar con cierta normalidad -sostuvo Oscar Dolzani, de 70 años-. Creemos que se trata de un problema interno del sindicato porque las peleas que hay en el sindicato (se refiere al duro enfrentamiento que existe entre Aladio y Hugo Moyano).

Finalmente, este jueves fue dictada la conciliación obligatoria, aunque los dueños de la compañía, de 30 empleados y 22 camiones, no saben si tras las negociaciones no seguirá el bloqueo. “Esta empresa la fundó mi padre en 1947 y comencé a trabajar a los 17 años -aseguró Dolzani-. Nunca pasamos algo así. Es una lástima porque podríamos darle empleo a muchas familias porque hay trabajo de sobra, pero así es imposible. Estamos muy presionados por el sindicato”.

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