Cristina Kirchner pidió tener acceso a una de las causas por los afiches en su contra

El juez de instrucción Manuel De Campos aceptó que la vicepresidente Cristina Kirchner pueda tener acceso a una de las causas judiciales que investiga la pegatina de carteles en su contra, a fines de marzo. Aunque la denuncia la hizo el empresario Enrique “Pepe” Albistur, el magistrado entendió que los hechos que se investigan “la afectan directa o indirectamente”. Al margen, la Justicia todavía no logró identificar a la persona que financió y encargó el escrache. Se espera el resultado de varias pericias sobre los teléfonos secuestrados hasta ahora.

La pegatina se hizo en la madrugada del 28 de marzo en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires. Los carteles tenían la cara de la vicepresidenta y las frases “asesina”, “culpable de 35.000 muertes” y “elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, además de un código QR que llevaba a una página que dice “Pronto todos sabrán lo que hiciste” y “No dejaste gobernar. Alberto conducción”.

El expediente que lleva adelante el juez De Campos hasta ahora no tuvo grandes avances. El juez allanó el departamento de una mujer, Lilian Melhem, la “jubilada” de Recoleta identificada por un remisero. Esa mujer nunca fue indagada pero entregó sus teléfonos y una computadora que ahora se están peritando.

Ante la Justicia, Melhem se limitó a decir que es jubilada, pero sigue trabajando como monotributista, en la categoría E. Según su sitio web, actualmente se dedica a organizar eventos, asesoramiento de imagen, asistencia ejecutiva y hasta traducción de inglés a castellano. También es profesora de yoga.

La defensa de Melhem, a cargo de Matías Cuneo Libarona, se opuso a que la vicepresidenta Cristina Kirchner tenga el rol de querellante, que le permite impulsar la investigación y ofrecer medidas de prueba. “Los hechos aquí denunciados por el Sr. Albistur han sido calificados por la Fiscalía como fraude y hurto, considerándose al denunciante víctima de esos episodios. Dicho esto, en modo alguno la Sra. Cristina Fernández de Kirchner se encuentra amparada dentro de las prerrogativas del artículo 80 del ritual en el marco de esta investigación (posible defraudación y hurto)”, sostuvo. Sin embargo, el juez De Campos hizo lugar al pedido.

El nombre de Melhem aterrizó en el expediente cuando la Policía allanó el domicilio de Emanuel Montiel, un remisero de Uber que habría sido contratado para llevar un sobre con dinero hasta la imprenta de Lanús donde se imprimieron los carteles.

Los investigadores llegaron a ese remisero a partir de los datos aportados por el dueño de la imprenta “Vía Graphic”. Además de las cámaras de seguridad, Julio Cesar Franchino entregó dos pen drives con mails y anotaciones del empleado de la imprenta que recibió el trabajo, Francisco Serrano. Ahí constan detalles de los pagos (por un total de $470.000) y el recorrido pactado con los encargados de la pegatina: Paseo Colón, Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza Vicente López, Avenida Libertador, Avenida Callao, Avenida Santa Fe, 9 de julio y Paseo del Bajo.

Esos datos forman parte de la causa que se inició por una denuncia del publicista Enrique “Pepe” Albistur, cercano al presidente Alberto Fernández, y está a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella y del juez De Campos.

En otro expediente, a cargo de la Justicia de la Ciudad, ya declararon las personas que fueron contratadas para pegar los carteles y el propio Serrano.

Esa persona dijo que los carteles fueron encargados, vía mail y luego por teléfono, por una mujer que se identificó como “Micaela Calvo”. En su declaración aportó audios que le había esa mujer. Su voz no coincidiría, en principio, con una mujer de la edad de Melhem.

La identificación de la misteriosa mujer de los audios no es sencilla porque se comunicaba a través de un número desconocido y un correo electrónico que luego dio de baja.

“Quiero aclarar que el manejo de las comunicaciones siempre era que ella me llamaba desde un número oculto y yo nunca tuve el número, todo me lo mandaba desde un mail de Yahoo”, explicó el empleado de la imprenta en su declaración.

En los audios, revelados por Infobae, la mujer dio a entender que trabajaba para otra persona. “Voy a hablar con mis superiores y te aviso”, le contestó el día que se hizo el segundo pago.

La investigación judicial es mirada con atención por el mundo político. ¿Por qué? Serrano también había trabajado en Latin American Communication SA (LATCOM), bajo las órdenes de Valentín Bueno, un publicista cercano a Juntos por el Cambio. En la otra causa, el denunciante es “Pepe” Albistur, un amigo del presidente.