El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, por sus siglas en inglés- organizaron una jornada internacional sobre cibercrimen en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde asistieron funcionarios y expertos en la materia.
El encuentro se realizó el miércoles pasado en el Salón Azul de la Facultad de Derecho, y contó con el apoyo de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los EEUU, del gobierno de Noruega, y los ministerios públicos de Perú, Panamá, y Costa Rica.
Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), alertó que “tanto el uso de las aplicaciones digitales como la ciberdelincuencia han cobrado mayor vigor durante la pandemia de COVID-19, lo que vuelve imperioso hoy más que nunca recurrir a las tecnologías digitales y al análisis adecuado de Big Data para abordar los retos de la prevención del delito y la justicia penal en general”.
“Es un deber de los Estados cooperar entre sí en la investigación y persecución de estos casos, atendiendo especialmente a su complejidad, producto de la gran variedad de recursos tecnológicos a disposición de los autores y la dificultad para obtener y resguardar la evidencia”.
“Como vicepresidente por Latinoamérica de la IAP, me he propuesto integrar a los países de nuestra región en la Red de Fiscales Especializados en Delitos Informáticos, para posibilitar el intercambio de mensajería en tiempo real con más de 350 mil fiscales de 177 países”, puntualizó Mahiques.
Varios expositores intervinieron en la jornada. La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), Daniela Dupuy, expresó que “es una necesidad para los operadores judiciales la capacitación constante en materia de cibercrimen”.
Otro fue el Fiscal Superior Especializado en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática de Panamá, Ricaurte González Torres, quien hizo referencia al crecimiento exponencial de este tipo de delitos en su país y la región. En este sentido, González Torres afirmó: “El ciberdelincuente tiene hoy más víctimas en el ciberespacio, como lo demuestra el crecimiento de las denuncias; por eso, como investigadores, debemos asumir riesgos y ser creativos para combatirlos”.
Luego, fue el turno de la jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelito del Ministerio Público de Perú, Aurora Castillo Fuerman, que explicó el funcionamiento de la estructura organizativa para perseguir este tipo de delitos en su país: “Asumimos la investigación desde su inicio, bajo el marco jurídico de la Ley de Delitos Informáticos que persigue figuras como fraudes, estafas, delitos contra la fe pública y abuso de mecanismos informáticos, entre otras”.
Acto seguido, el fiscal coordinador de Cibercrimen del Poder Judicial de Costa Rica, Sergio Daniel Castillo Quesada, detalló la estructura de la organización judicial de su país en términos de ciberdelitos. “Nuestros desafíos consisten en poder obtener mayor información de los abonados para los casos de estafa y de suplantación de identidad, y lograr un mayor desarrollo de los elementos necesarios para la investigación”, remarcó Castillo Quesada.
Continuó con las exposiciones el coordinador del Programa Ciberdelito de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), Carlos Rosa, quien explicó el apoyo a los Estados miembro en el desarrollo de capacidades para prevenir estos delitos. En esta línea, señaló que “acompañamos a los Estados en la creación de estructuras, que van de la mano con una dinámica de prevención”.
Finalmente, cerró el panel la coordinadora regional del Programa Global de Ciberdelito para Sudamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), doctora Mariana Kiefer, quien subrayó que “es necesario partir de un abordaje integral para hacer frente a este flagelo, abordando todas las áreas involucradas”.
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