En un clima de incertidumbre y fuertes tensiones internas, el oficialismo lucha por retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados con una serie de proyectos que gozan de cierto consenso con la oposición. La “agenda productiva”, que ya había sido impulsada sin éxito durante las sesiones extraordinarias de febrero, también representa para el gobierno de Alberto Fernández una oportunidad de mostrar resultados en medio de las críticas -internas y externas- por la parálisis de la gestión.
El Frente de Todos busca dar un golpe de efecto en la Cámara baja y ya convocó a una sesión especial para el jueves a las 11. Esto quiere decir que podría condicionar la sesión pedida por Florencio Randazzo y otros diputados opositores para debatir la Boleta Única de Papel a partir de las 12. Sucede que, si el oficialismo consigue los 129 legisladores para el quórum, se aplazará la discusión que quiere llevar adelante Juntos por el Cambio con otros bloques. En cambio, si el FdT no llega a los 129, comenzará a correr el reloj para que la oposición siente a sus diputados y habilitar la sesión.
“El kirchnerismo realizó una maniobra burda para evitar que avance la Boleta Única. Evidentemente, el oficialismo le teme a la transparencia electoral y prefiere la trampa”, dijo Mario Negri, presidente del bloque UCR. “Esto es como la división de los bloques de senadores, una maniobra grotesca e infantil que denota desesperación del Gobierno”, agregó.
“Los tres proyectos tienen dictamen de comisión, trabajo parlamentario y acuerdo”, retrucaron desde la bancada que conduce Germán Martínez.
A pesar de la poca actividad parlamentaria, durante las últimas semanas, Juntos por el Cambio había logrado marcar los tiempos e instalar algunos temas incómodos para el Frente de Todos como la implementación de la Boleta Única de Papel, el proyecto de Ficha Limpia y un nuevo ajuste para los créditos UVA. También le impuso al oficialismo el tratamiento de la reforma de la Ley de Alquileres: primero amenazó con convocar a una sesión especial, luego puso una fecha límite (11 de mayo) para lograr un acuerdo en la comisión de Legislación General tras las demoras en la unificación de posturas.
Sin embargo, esta tarde el oficialismo logró avanzar con su propia agenda y obtuvo dictámen en Legislación General a la prórroga por 90 días del régimen de incentivo a la Construcción Federal, destinado a promover el desarrollo o inversión en los proyectos inmobiliarios realizados en la Argentina. La iniciativa, impulsada por Sergio Massa y Cristian Ritondo, prevé beneficios tributarios para el sector de la construcción, entre ellos, el blanqueo de fondos en el exterior no declarados que se podrán repatriar para proyectos inmobiliarios a realizarse en el país.
A su vez, desde el oficialismo señalaron que habilita “un puente al empleo” ya que los titulares de programas sociales que sean contratados por el sector de la construcción en el marco de proyectos alcanzados por el régimen podrán mantener los planes por 360 días.
También avanzó en la Comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, un proyecto para promover la industria del cannabis y el cáñamo industrial, regulando la cadena de producción y comercialización de la planta, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal. El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora (Ariccame), que entre otras cosas establecerá los requisitos y analizará las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial.
El gobierno nacional y varias provincias consideran que la industria del cannabis podría generar fuentes de trabajo en el corto plazo (10 mil empleos para 2025) y sumar divisas (exportaciones por USD 50 millones anuales). El proyecto tiene media sanción del Senado.
Al mismo tiempo, en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda obtuvo dictamen el proyecto de nueva ley de VIH. Hubo consenso de todos los bloques políticos.
“En nuestro país mueren trece personas por día por causas evitables relacionadas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La nueva ley da una respuesta integral e interdisciplinaria al tratamiento de estas enfermedades, garantizando el derecho de acceso a la salud para una población que ha sido vulnerada por años”, destacó Carolina Gaillard, autora del proyecto.
La nueva ley de VIH establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada. En este sentido, toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.
Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los cincuenta años de edad.
Según explicaron desde el oficialismo, el objetivo es avanzar con el tratamiento de las tres iniciativas en recinto lo más rápido posible. Por eso a última hora del martes enviaron a las autoridades de la Cámara el pedido de sesión especial.
A pesar de que los diputados de Juntos por el Cambio dictaminaron estos tres proyectos en acuerdo con el oficialismo, es probable que debido a esta maniobra (convocar el mismo día que la sesión de Boleta Única) no se preseten a dar el quórum.
La agenda productiva del Gobierno también incluye los proyectos de agroindustria, de compre argentino, de electromovilidad, de incentivos a la industria automotriz y de turismo, que se empezarán a debatir en las próximas semanas, tras la conformación de las comisiones económicas.
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