La Justicia de Formosa sobreseyó al gobernador Gildo Insfrán y al ex vicepresidente Amado Boudou en un expediente vinculado a la causa Ciccone, en el que se investigaba un presunto pago de coimas en la reestructuración de deuda pública de la provincia norteña.
El juez Marcelo López Picabea, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4, resolvió que no hubo delitos en las gestiones de Gildo Insfrán ante el Gobierno nacional y que tampoco hubo una intermediación en la contratación como consultora The Old Fund, la firma presidía el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele que dijo haber intervenido en esa operación y contó cómo se pagaron las coimas.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, a diez años de iniciada la causa, no hubo irregularidades en los convenios firmados con Nación. Sostuvo que el canje de deuda estuvo dentro del marco legal y fue cumplido en sus términos por el gobierno de Formosa.
La resolución que benefició a Insfrán se firmó el pasado 12 de noviembre, hace seis meses, y se conoció luego de que fuera publicado esta semana por Ámbito Financiero. El fallo no hace referencia a las confesiones de Vandenbroele ni tampoco fue citado a comparecer ante la causa.
El resto de los imputados fueron sobreseídos con el mismo criterio. La medida alcanzó a Boudou, a su socio José María Núñez Carmona, a la entonces ministra formoseña Inés Beatriz Lotto de Vecchietti, a Martín Cortés, acusado de haber recibido el dinero de The Old Fund, y a Jorge Gustavo Martínez. El fallo se dictó tres días después de la resolución anterior, el lunes 15 de noviembre.
El gobernador formoseño había sido denunciado por un proceso que se inició en 2009 para la reestructuración de la deuda que la provincia mantenía con la Nación a través de un convenio firmado en junio de ese año con el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández. Se investigaba un contrato de asesoramiento para realizar ese canje, a través de una consultoría de The Old Fund que costó 7,6 millones de pesos.
Boudou quedó comprometido luego de haber firmado una adenda en 2010, ya con el cargo de ministro de Economía. Años después, fue condenado por la investigación principal de la causa Ciccone bajo el supuesto de que se interesó indebidamente en la suerte de la imprenta de valores que pudo levantar su quiebra a partir de que Vandenbroele se hizo de su control a través de The Old Fund.
En lo que respecta al tramo formoseño, López Picabea evaluó que sus pares federales Sebastián Casanello y Ariel Lijo no encontraron irregularidades y que los actos donde intervino el gobernador Insfrán no tuvieron relación con la contratación de la firma The Old Fund.
El testimonio de Vandenbroele había sido una pieza clave de la condena de Amado Boudou a 5 años y 10 meses de cárcel por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero el “arrepentido” quedó bajo sospecha luego de que descubriera que el Programa de Protección de Testigos durante el gobierno de Mauricio Macri le había pagado una llamativa cifra que excedía los parámetros convencionales. Con ese dinero, adquirió un lujoso hotel. En febrero, la fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria de todos los funcionarios responsables, hasta que fue desplazada del expediente por el juez federal Julián Ercolini.
Para la justicia, por un lado, ninguno de los decretos dictados por Insfrán tuvo relación con la contratación de The Old Fund, y por el otro, la “consultora” tampoco tuvo intervención alguna en el proceso de reestructuración y firma de convenios por la deuda provincial, lo que despejó la sospecha de que se hubiera intentado dotar de legalidad su participación, como una suerte de retribución hacia Boudou, cuando en realidad el exministro solo firmó la adenda de un convenio que le precedía.
El sobreseimiento de Insfrán por el juez López Picabea se produjo poco después que la jueza federal de Formosa, María Belén López Mace, se declaró incompetente y ordenó que el trámite girara a los tribunales locales, que ya habían intentado cerrar el expediente. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Formosa, Martín Hernández, quiso presentarse como querellante y llevar el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Resistencia, Chaco, pero el planteo fue rechazado.
Con el conocimiento de la resolución judicial de López Picabea, el senador radical Luis Naidenoff, uno de los impulsores del capítulo formoseño de la megacausa Ciccone, dijo que no le “sorprendía” la decisión del magistrado.
“La justicia provincial, con total honestidad brutal, es un garante de la impunidad, un garante de la obscenidad; y este fallo de López Picabea es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando la justicia está sometida al poder político. Es un cheque en blanco para la impunidad de los funcionarios públicos; no hay antecedentes en la provincia de funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción que hayan recibido condena”, afirmó Naidenoff.
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