Jueces federales de todo el país se reunirán en Rosario con la mirada puesta en la pelea contra el narcotráfico

Los pasillos del edificio de la justicia federal en Comodoro Py están despoblados. En ese lugar, antes de la pandemia, trabajaban todos los días unas 2000 personas. Además llegaban hasta allí otras 600 que iban a cumplir con el papeleo relacionado con las causas judiciales radicadas ese lugar.

Cuando se inició la pandemia, allá por marzo de 2020, los tribunales acostumbrados al expediente papel y a la presencialidad obligatoria para todos y cada uno de los trámites necesarios, viraron a la virtualidad y al expediente digital. Aún no han regresado a sus puestos de trabajo todos los empleados judiciales y mucho menos aquellos que iban a llevar y traer papeles.

En medio de esos pasillos desolados se encontraron dos magistrados de diferentes instancias de la justicia federal. El juez de Tribunal Oral bajaba las escaleras cuando se cruzó con el integrante de la Cámara Criminal y Correccional Federal que subía. Se saludaron, intercambiaron un par de frases y uno de ellos preguntó: “¿Vas a Rosario?”. Quedaron en encontrarse en la ciudad santafesina.

Desde hace unos días el “¿Vas a Rosario?” se convirtió en la pregunta que más se hace en los tribunales federales. En los de Comodoro Py, pero también en los del conurbano y en los del interior del país. Es que el 12 de mayo próximo la Asociación de Jueces Federales de la Argentina (AJUFE) organiza una reunión en Rosario, la ciudad en la que a consecuencia del narcotráfico los asesinatos se han vuelto una noticia tan dramática como frecuente. En lo que va del año las muertes violentas se acercan a las 100: tan solo en 29 días del mes de abril se contabilizaron 34 asesinatos.

La justicia federal con asiento en Rosario es la encargada de investigar y juzgar los casos de narcotráfico. Y desde allí se hacen varios reclamos que tienen como destinatarios al poder político tanto provincial como nacional. El gobierno santafesino que encabeza el peronista Omar Perotti es el que conduce a la Policía de Santa Fe que se ocupa de la mayoría de las investigaciones de casos de narcotráfico. En tanto las fuerzas de seguridad federales, que tienen delegaciones pequeñas en Santa Fe, encargan de una pequeña cantidad de investigaciones.

A nivel nacional se reclama que no se designan los jueces los jueces y juezas para ocupar los muchos cargos vacantes. En la ciudad el Monumento a la Bandera hay cuatro juzgados federales. Dos con competencia civil y dos con competencia penal. En estos dos últimos recaen los casos de narcotráfico y crimen organizado. Los jueces titulares son Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque. Vera Barros subroga el juzgado federal en lo Civil de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, que es jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario y que está vacante. Los juzgados están a unos 70 kilómetros de distancia. A unos 170 kilómetros de Rosario está la capital provincial: Santa Fe. Uno de los juzgados federales está vacante y es subrogado por Bailaque.

En la Cámara Federal de Rosario que tiene dos salas de tres integrantes cada una hay dos cargos vacantes. En Rosario hay tres tribunales orales en lo Federal, que es donde se enjuician a los narcotraficantes. Hay un tribunal oral federal de Rosario que no tiene ningún juez. Todos los que lo integraban se jubilaron, entonces entre los otros seis jueces subrogan los lugares vacantes. Las subrogancias pueden durar como máximo dos años, por lo tanto cuando se cumple ese plazo los pocos jueces que hay rotan y comienzan a subrogar otro lugar diferente. La justicia es lenta, se sabe, pero se hace más lenta aún cuando los jueces tienen que ocupar lugares vacantes. Es por eso que cuando hacen el reclamo de las designaciones miran al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo nacional y al Senado de la Nación, las tres patas del proceso de selección y nominación de jueces nacionales y federales.

El reclamo también incluye la palabra connivencia. Saben los funcionarios judiciales rosarinos consultados por Infobae que el narcotráfico ha permeado fuerte en las fuerzas de seguridad, en la estructura política provincial sin distinción de partidos y también en el Poder Judicial. Explican que con diferentes intensidades la sociedad del narcotráfico con distintos estamentos de los poderes, se extiende cada día. La connivencia con el narcotráfico -aceitada con billetes de todos los colores- no es generalizada, pero destacan su crecimiento y la detectan también es sus propias filas.

Otro problema que existe en Rosario es la falta de lugar para alojar presos. Entre que las personas son detenidas y se les dicta un procesamiento deben ser alojados en lugares que no son cárceles. Luego pasan a estar a disposición del Servicio Penitenciario Federal que depende del gobierno nacional. Y una vez dentro de las cárceles federales comienza un problema tan grave como el del hacinamiento en lugares no preparados para recibir detenidos: se ha comprobado que las principales organizaciones narco de Rosario (Los Monos, por nombrar a la más conocida) siguen funcionando cuando sus cabecillas están tras las rejas. Y allí aparece nuevamente la palabra connivencia.

A todo eso se suma la falta de recursos. En Rosario previamente a reclamar más personal para acelerar los procesos y llegar antes a una condena que pueda disuadir a los delincuentes, piden recursos técnicos. Desde lo básico: una banda ancha de internet que permita-en la era de las declaraciones por Zoom- tener conectividad permanente y un sistema que funcione (El Lex 100 del Poder Judicial de la Nación es criticado en todas las latitudes y longitudes del país). La justicia federal rosarina no tiene un drone que le permitiría obtener imágenes de lugares a los cuales los investigadores no pueden ingresar caminando para hacer tareas de inteligencia.

La situación que aparece a todas luces más complicada en Rosario se replica en otras jurisdicciones del litoral del país. Se ha detectado alguna relación entre la poderosa organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) y bandas afincadas en la Argentina. Hay casos de tráfico de armas y contrabando e incautaciones de toneladas de droga a cargo de los juzgados federales del litoral. Resalta la situación rosarina ya que se producen extorsiones, disputas territoriales entre narcobandas, tiroteos, amenazas a funcionarios, jueces, fiscales y asesinatos. Es por la gravedad de lo que allí sucede que los jueces federales de otras jurisdicciones decidieron reunirse en Rosario y visibilizar los reclamos de los que día a día trabajan en los tribunales federales de esa ciudad.

La convocatoria de AJUFE, que preside el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Jorge Morán es de lo más amplia. Al denominado Encuentro Nacional de la Justcia Federal para el juzgamiento del Nacrotráfico y el Crimen Organizado fueron invitados todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también las autoridades de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Los fiscales federales son quienes intervienen en las investigaciones junto a los jueces.

Fueron convocados también los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales y los de la Junta de Tribunales Orales Federales. Los organizadores invitaron al gobernador peronista Perotti, al intendente radical (electo por el Frente Progresista) de Rosario, Pablo Javkin y a los senadores nacionales por Santa Fe los radicales Carolina Losada y Dionisio Scarpín y el peronista Marcelo Lewandoski.

Fue tal la repercusión en el mundo judicial cuando comenzó a organizarse la “peregrinación de los federales” a Rosario que la Cámara Federal de Casación-ubicada en el primer piso del edificio de Comodoro Py- se adelantó a la reunión. Esa Cámara que revisa los fallos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción de todo el país, convocó a un acuerdo de Superintendencia -también en Rosario- para el 10 de mayo, dos días antes del Encuentro convocado por AJUFE.

Es decir que habrá jueces de Casación que probablemente viajen a Rosario dos veces esa semana: la primera por el acuerdo de Superintendencia que fue convocado luego de que se supiera que AJUFE organizaría allí una reunión y la segunda cuando vayan al Encuentro que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y al que prometieron ir federales de todo el país.

En los tribunales rosarinos agradecen de antemano. Saben que visibilizar sus problemas tal vez sirva para mejorar la situación. Y para que el poder político- que prometió su presencia en el Encuentro- se ponga la situación al hombro para intentar revertir lo que sucede.

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