Cristina Kirchner reclamó cerrar el caso de la “Ruta del Dinero K” y denunció que sigue la “persecución política” desde Comodoro Py

“Ese proceso está siendo utilizado a fin de alimentar una incesante campaña de persecución política, que de una vez por todas debe cesar en nuestro país. Las pruebas al canto”. Con estas palabras, Cristina Kirchner le reclamó esta semana a la Cámara Federal porteña que dicte su sobreseimiento del expediente conocido como la “Ruta del Dinero K” por entender que no se ha encontrado ninguna prueba que la incrimine con las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez. Según el escrito al que accedió Infobae, la vicepresidenta afirmó que se está intentado “forzar” medidas de prueba con una “excursión de pesca” en su contra. En su argumentación, disparó contra el macrismo, el fiscal Guillermo Marijuán, el imputado-colaborador Leonardo Fariña y los “arrepentidos” de la causa de los “Cuadernos”.

A fin de mes, el próximo 26 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a revisar la condena al empresario Lázaro Báez, sus hijos y otros empresarios por lavado de dinero. En esa sentencia se sostuvo que la plata que el santacruceño sacó al exterior -más de 55 millones de dólares- provenían de la obra pública obtenida durante el kirchnerismo y la facturación en negro.

Cristina Kirchner no fue parte de ese juicio pero las sospechas en su contra se mantienen en la instrucción que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello. En esa causa, la vicepresidenta tiene falta de mérito. En este expediente, es en el único en el que fue llamada a declarar y no terminó procesada. Su defensa solicitó a inicios de abril su sobreseimiento, pero el fiscal Marijuan se opuso por entender que aún hay líneas abiertas de investigación y el juez Casanello avaló esa postura. Eso es lo que ahora está apelando CFK ante la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Eduardo Farah y Mariano Llorens.

La defensa de Cristina Kirchner planteó que negarle el sobreseimiento a esta altura provoca una vulneración “al derecho defensa” y la violación al principio del “plazo razonable” de toda investigación. En el escrito al que accedió Infobae, el abogado Carlos Beraldi repasó la causa que se inició en 2013: sin hacer hincapié en Lázaro Báez y tomando las palabras de la Cámara Federal de septiembre pasado, la defensa subrayó que CFK “fue indagada hace 44 meses” y que la fiscalía insiste en reactivar medidas de prueba. “Se busca estirar esta investigación e impedir que nuestra representada sea desvinculada definitivamente como legalmente corresponde”, se afirmó.

CFK insistió en la versión dada cuando le tocó enfrentar su indagatoria, en septiembre de 2018, en donde habló de “lawfare” y negó vinculaciones con esta causa. “Lo que fue grave fue que la citaron a indagatoria sin que exista el más mínimo estado de sospecha”, reforzó. En ese sentido, la defensa sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri, a través de las querellas, “intentó forzar tal decisión” y habló del “modo temerario” en que se manejaron los organismos de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Sobre ese punto, la defensa subrayó la doble vara de la UIF en sus intervenciones. “Si la perseguida era CFK, ella debía ser indagada aún cuando no existiera un hecho concreto; cuando el investigado era Macri (en el caso Panamá Papers), desde UIF se ponían en rol de abogado defensor”, aseguró.

“La aventura procesal del anterior gobierno de tratar de meter a la doctora Cristina Fernández de Kirchner por la fuerza en este expediente” debió haber “quedado definitivamente abortada, pero en estas actuaciones (por la ruta del dinero k) no sucedió” y se llegó a la “situación inédita” de convocar a indagatoria a la ex presidenta, dijo la defensa. Según se sostuvo, “no existe evidencia alguna que demuestre una eventual participación de CFK en las presuntas maniobras de lavado de activos” y tampoco apareció “ninguna prueba que pudiera acreditar esa participación luego de transcurridos tres años, casi mil días, de investigación”.

Durante este período, Casanello le pidió al juez Julián Ercolini, a cargo del juzgado que comandó el fallecido Claudio Bonadio, que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Lázaro Báez. Marijuan insistió en que, a pedido de la UIF, se esperan los resultados de un entrecruzamiento de llamados.

En la causa ya se pidió a la Secretaría General de la Presidencia que identifique una serie de números telefónicos de allegados a la entonces presidenta; a las compañías de servicios telefónicos que informen si en el periodo que va de octubre de 2010 a abril de 2013, Cristina Fernández de Kirchner registró líneas a su nombre; y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si le asignó “a la ex Presidenta y/o a sus principales colaboradores/secretarios privados teléfonos en el período referido”. A la dirección de análisis de telefónicos de la Corte Suprema (DAJUDECO) se le pidió un análisis con premura de estos datos.

Sobre este punto, la defensa de la vicepresidenta criticó que de manera “grandilocuente” se pida investigar los teléfonos de los principales colaboradores de CFK entre los que se incluye “personal de jardinería y peluquería”. También aseguró que se trataba de una “grosera excursión de pesca que no persigue otro propósito que extender el tiempo de esta investigación”.

También hay un capítulo internacional pendiente. El juez Casanello quiere saber si Cristina Kirchner tenía conocimiento de las maniobras atribuidas a Lázaro Báez y su entorno a partir de los dichos del arrepentido Leonardo Fariña, quien en el juicio relató una conversación con el empresario en las oficinas del pasaje Carabelas. Según esa anécdota, Cristina Kirchner le había preguntado (a Báez) “si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso”.

Al respecto, Beraldi sostuvo que se busca corroborar una comunicación informal de hace 12 años que reveló Fariña y señaló que, desde ese país, se pidió conocer la identidad de los funcionarios norteamericanos que estarían involucrados. “¿Qué se hará para dar curso a esta diligencia? ¿Acaso se convocará nuevamente a Fariña para que precise su fantasioso relato y dar una mínima circunstanciación al exhorto?”, se preguntó el abogado de la vicepresidenta. Además, Beraldi afirmó que “si al fiscal le interesaba tanto ese exhorto debió haberlo pedido hace seis años”.

La defensa también criticó el pedido de adjuntar las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos a este expediente. “Más allá de la absoluta ilegalidad de esas presuntas confesiones -se insistió-, no se explica la pertinencia de esa medida en esta causa”.

La definición sobre el éxito o no del planteo de la vicepresidenta estará en manos de los jueces Farah y Llorens, que en septiembre pasado habían planteado dar una definición sobre las situaciones procesales de los tres imputados que tenían falta de mérito. El juez se negó a cerrar la causa sobre los tres. La Cámara Federal ya dictó el sobreseimiento de uno de ellos, Antonio Demarco, actual representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), acusado de ser uno de los intermediarios en la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, una causa que ya fue elevada a juicio oral. Ahora, analiza el planteo de la defensa de Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay). Y se suma el pedido que llegó esta semana de Cristina Kirchner.

Desde que regresó al poder, la defensa de CFK ha logrado cerrar la causa de dólar futuro y consiguió el sobreseimiento en los expedientes Memorándum con Irán y la causa unificada Hotesur-Los Sauces, en donde también estaban procesados sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. Esa decisión no está firme y será revisada por la Cámara de Casación. Mientras tanto, está abierto el megaexpediente de los cuadernos, que hasta ahora no tiene fecha de inicio. Esta semana, la Corte Suprema de Justicia reforzó el personal en ese tribunal oral. Desde mayo de 2019, cuando anunció la fórmula presidencial que la devolvería al Ejecutivo, Cristina Kirchner enfrenta el juicio oral por la obra pública concedida a Lázaro Báez en Santa Cruz. Se estima que a fin de año el tribunal oral podría llegar a dar su veredicto.

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