La agresión al playero renovó el debate por la edad de imputabilidad de los menores

El joven de 17 años que golpeó salvajemente y dejó inconsciente al playero de un estacionamiento del microcentro porteño durante una discusión —a fines del año pasado— se entregó de forma espontánea anoche ante la Policía de la Ciudad. El hecho, además de llevarse los lugares destacados en los medios de comunicación, reavivó el debate en torno a la “puerta giratoria” para los delincuentes menores de edad debido a que el gobierno porteño realizó un nuevo planteo público respecto a la reforma del Régimen Penal Juvenil.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el menor en cuestión quedó alojado en el Instituto de Menores Inchausti, ubicado en la calle Perón al 2048 y quedó a disposición del fiscal Mauro Tereszko. “Se mantuvo prófugo e impune desde noviembre pasado, con la colaboración de sus familiares y amigos. Ahora quedó alojado en el instituto Inchausti, aunque segura y lamentablemente por poco tiempo”, señaló en este sentido el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

“Terminar con la puerta giratoria para los delincuentes menores de edad requiere una reforma urgente del Régimen Penal Juvenil y, sobre todo, una discusión honesta y sin imposturas sobre qué herramientas necesita la Justicia para pelear contra la violencia y la inseguridad”, enfatizó en el cierre de su breve hilo de Twitter el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio que originó el nuevo planteo de la Ciudad ocurrió el 19 de noviembre pasado cuando el menor, luego de quejarse porque su auto estaba rayado, le propinó un golpe de puño en la cara al empleado del estacionamiento identificado como Arturo López, un hombre de 66 años que todavía sigue internado en un hospital porteño para tratar de superar las secuelas que le dejó la agresión. La entrega, anticipada esta mañana por Gabriel Iezzi en el programa “Alguien tiene que decirlo” del periodista Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, se concretó pasada la medianoche.

Según plantearon desde el gobierno porteño, el “Régimen Penal de la Minoridad” fue sancionado por la dictadura militar en 1980 con la firma del dictador Jorge Rafael Videla y “hasta el momento hubo más de 100 proyectos modificatorios presentados desde todo el arco político pero nunca llegaron a tratarse, solo hubo algunos pequeños cambios”.

Según los datos del Mapa del Delito, en la Ciudad de Buenos Aires, del total de detenidos por robos y hurtos, el 12% es menor de edad, precisaron desde el gobierno porteño. Los jóvenes entre 16 y 17 años presentan mayor proporción en las detenciones -7,18%- mientras que de 13 a 15 años, representan el 4,77%, respaldaron desde CABA a través de estadísticas oficiales.

Sumados ambos grupos se observa que el 11.96% de las detenciones son sobre dichos menores que representan el 6,33% de la población de la Ciudad, indicaron.

De acuerdo con las fuentes, el joven en cuestión —que estuvo prófugo desde el 26 de noviembre luego de que el fiscal emitiera la orden de captura— está acusado por el momento del delito de lesiones graves. Lo cierto es que mientras el imputado permanecía en libertad, la víctima pasó los últimos cinco meses en un sanatorio porteño, para someterse a una “rehabilitación física y cognitiva”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a Infobae los motivos detrás de la entrega. Como el 11 de mayo próximo el sospechoso cumple 18 años, si no se entregaba en estos días, “estaba todo listo para pedir orden de captura a Interpol y mostrar su rostro porque deja de ser menor”.

“Hablamos de una ley de la que no se va a poder mover, tiene que ver con lo que venimos diciendo, de una deuda que tiene la democracia, sobre el Régimen Penal Juvenil, una ley que firmó Videla”, insistió D’Alessandro. En declaraciones al canal TN, agregó: “Estamos pidiendo una reforma del régimen juvenil, no que se tome como un adulto. No estoy pidiendo que lo manden a Marcos Paz, pero no podés ante una situación como esta o otras con miles de ejemplos, donde un menor mata o pone en riesgo vida de tercero o su propia vida. Estamos en una misma situación.”

El funcionario porteño también se manifestó en relación a la posibilidad de trasladar una pena a los padres: “Si hay o no responsabilidad de los padres debe ser materia de discusión. Para mí no es transferible si lo que hay es una situación en el seno de una familia muy violenta y alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Estado tiene que hacer algo”

D’Alessandro, además, destacó el rol de la jueza que interviene en la causa. “Así como a veces hablamos de jueces y fiscales que no atienden la necesidad que demanda la sociedad, en este caso en particular quiero destacar la actitud de la doctora Carla Cavalieri en esta causa y siempre muy comprometida”, señaló.

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