El martes próximo, a dos meses para que se cumplan 20 años de los asesinatos de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía Bonaerense durante la protesta del 26 de junio de 2002, en la estación de Avellaneda, familiares, amigos, abogados, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones piqueteras, denunciarán que “quieren liberar a los ex policías asesinos que fueron condenados a reclusión perpetua”. Lo harán durante una movilización, concentración y marcha que se realizará a las 11 de la mañana en el mismo lugar donde se produjo la denominada “Masacre de Avellaneda”.
Los abogados querellantes de los militantes muertos y de los heridos reclamarán ante el Juzgado de Ejecución Penal N.º 3 de Lomas de Zamora “ser notificados y tenidos en cuenta” en el incidente que se abrió por el pedido libertad condicional, solicitado en los últimos días por las defensas del ex comisario Alfredo Fanchiotti y del ex cabo Alejandro Acosta.
El 9 de enero de 2006, tres años y medio después de los crímenes, fueron condenados a reclusión perpetua -al menos 25 años de prisión- por los delitos de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”.
La convocatoria, que promete ser multitudinaria, será para expresar públicamente “el rechazo popular al pedido de libertad condicional de los ex policías, asesinos materiales de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. En el documento que se leerá, y que también será presentado en la Justicia, sostienen que los dos ex policías bonaerenses “no son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común”. Y agregan: “Estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de Junio del año 2002 en la ciudad de Avellaneda, orquestado y organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. En la ocasión, el operativo criminal coordinó tres fuerzas de seguridad nacionales, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comandadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.
“Este avance de la represión fue tendiente a liquidar al movimiento popular que se expresaba en la calles en medio de una de las más dolorosas crisis que ha atravesado nuestro pueblo allá por la finalización de la década de los 90 y principios del 2000″, continúa el texto.
Organizan este rechazo los familiares de Santillán y Kosteki junto al frente Popular Darío Santillán y la “Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi”, a la que se suman y también impulsan ,los firmantes del documento, entre otros, el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez y el MTD Aníbal Verón, movimiento al que pertenecían los dos jóvenes asesinados.
Hace casi dos décadas, varias agrupaciones piqueteras y sociales se movilizaron en medio de la fuerte crisis económica que cruzaba al país.
Por aquellos años, el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado que se impida el corte del Puente Pueyrredón. Las fuerzas de seguridad hicieron un cordón policial para impedir el avance de las organizaciones, la mayoría compuestas por trabajadores y trabajadoras desocupados.
En la causa, y en el juicio oral, se probó que Fanchiotti y Acosta “sobrepasaron la línea policial colocándose delante de la misma y dispararon sus escopetas con la finalidad de dar muerte a los manifestantes, que corrían dándoles las espaldas, obrando así sin riesgo y sobre seguro”.
Los disparos de plomo rompieron la manifestación en varios grupos. Uno de los más numerosos corrió por la avenida Mitre hasta Pavón hacia el sur, hacia la estación Avellaneda. Buscaban refugio y una vía de escape ante la feroz represión.
En las imágenes que analizó la Justicia se observa cómo el comisario Fanchiotti fue tras ellos, con el arma en la mano, junto al suboficial Acosta. Cerca de la estación le dispararon a Kosteki que, ya mal herido con un tiro en el pecho, ingresó al hall. Detrás de él llegó Santillán, que detiene su marcha para ayudarlo.
El jefe policial ingresó casi al mismo tiempo junto a varios uniformados. Darío Santillán levantó las manos. Acosta accionó su escopeta y le disparó por la espalda. Otros treinta manifestantes fueron heridos con municiones de plomo. Y cincuenta con postas de goma.
En un primer momento las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, a cargo del gobernador Felipe Sola, ensayaron una puesta en escena en la que se responsabilizó de los crímenes y de los cientos de heridos a una pretendida “interna” entre los movimientos piqueteros y sociales.
Pero a las pocas horas las fotos de los reporteros gráficos Pepe Mateos y Sergio Kowalewski, que mostraban el accionar policial y la “cacería” que Fanchiotti y Acosta realizaron contra Kosteki y Santillán, desmontaron el relato.
En la acusación fiscal se señaló que los policías tiraron a matar con municiones de plomo, “aprovechándose del marco institucional organizado en el que se desempeñaban” y de la situación de “total indefensión” de los manifestantes.
La conmoción fue de tal magnitud que Duhalde, quien debía cumplir el malogrado mandato de Fernando de la Rúa, anticipó el llamado a elecciones. En vez de dejar el gobierno el 10 de diciembre de 2003, entregaría el poder el 25 de mayo. Fueron los comicios que coronarían a Néstor Kirchner como Presidente de la Nación.
Los fiscales Juan José González y Adolfo Naldini determinaron con certeza que el disparo que mató a Santillán salió del arma de Acosta, pero consideran que tanto él como Fanchiotti son responsables por igual. “Actuaron, por lo menos ellos dos, conjuntamente”, sostuvieron. Imágenes televisivas, fotos, pericias y testimonios permitieron llegar a esa conclusión.
En el caso de Kosteki la fiscalía de Lomas de Zamora no pudo establecer cuál de los dos uniformados tiró la bala mortal: “En las filmaciones aparecen ambos disparándole a la vez a unos 40 a 60 metros de distancia”, precisaron los investigadores.
Fanchiotti, dependía de la comisaría primera de Avellaneda y estaba a cargo del operativo policial ese 26 de junio. Ante las cámaras de TV el entonces comisario justificó la represión al sostener que: “Actuamos porque esa gente iba dispuesta a combatir”, dijo culpando a los piqueteros y argumentó: “Nos dimos cuenta por sus cánticos”.
Desde el año 2005, los abogados querellantes, con el apoyo de un grupo de abogados de organizaciones de Derechos Humanos, encabezadas por Claudia Ferrero, María del Carmen Verdú, de CORREPI y Miriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, vienen reclamando la reapertura del expediente provincial para investigar las supuestas “responsabilidades políticas” y establecer quienes fueron, si es que los hubo, los “autores intelectuales” de la masacre.
Desde el martes, la atención no solo estará puesta en las calles de Avellaneda, sino en la resolución que tomará la Justicia sobre el beneficio de excarcelación que le podrían otorgar a los asesinos de los dos militantes sociales al cumplirse casi 20 años de encarcelamiento. Fueron detenidos dos días después de la “Masacre de Avellaneda”.
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