Una empresa multinacional de Estados Unidos acordó pagar una sanción de 84 millones de dólares por haber efectuado coimas a funcionarios de Argentina, Brasil y México. Se trata de la firma de reciclaje y manejo de residuos Stericycle, que había sido denunciada ante las autoridades regulatorias norteamericanas por realizar maniobras de corrupción para adjudicarse contratos de servicios en Latinoamérica.
En Argentina, la compañía subsidiaria de esta multinacional tiene una fuerte presencia en el mercado de residuos patogénicos y peligrosos, con habituales contratos con hospitales públicos y privados.
Según consta de las actuaciones administrativas norteamericanas, Stericycle confesó pagar alrededor de 10,5 millones de dólares en sobornos al personal de agencias gubernamentales y de otros organismos en Argentina, Brasil y México para obtener y conservar negocios en esos países, o bien conseguir otras ventajas en relación con la prestación de servicios de gestión de residuos.
Los pagos se efectuaron entre 2011 y 2016, con frecuencia en efectivo, y se calculaban como un porcentaje de los contratos.
Los cómplices se referían a los pagos con palabras claves y eufemismos como “CP” o “pago de comisiones” en Brasil, “PI” o “pago de incentivo” en México. En Argentina, se usaba la palabra “alfajores” o “IP” como código para realizar las maniobras fraudulentas.
La firma norteamericana, con base en la ciudad de Lake Forest, en el estado de Illinois, fue acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por sus siglas en inglés) a partir de estos esquemas de soborno. Hay una resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otra de la Securities & Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de capitales norteamericano.
En el primer caso, para cubrir los cargos criminales, la empresa multinacional deberá pagar USD 52,5 millones, mientras que en el segundo tendrá que afrontar otros USD 28,2 millones como sanción. También tendrá que afrontar un tercio de la multa a la Procuración de Brasil, por una suma aproximada de USD 9,3 millones.
Los negocios que surgieron a partir de las coimas le implicó a la compañía, al menos, unos 21,5 millones de dólares en ganancias, se informó en un comunicado oficial.
“Hoy Stericycle asumió la responsabilidad por sus prácticas comerciales corruptas (que consistían en) pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en varios países”, afirmó el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la división de lo penal del Departamento de Justicia, citado en la nota.
La maniobra fue detectada en los registros apócrifos que realizaba la multinacional para desplegar la estructura. “La empresa también tenía libros y registros falsos para ocultar pagos corruptos e indebidos realizados por sus subsidiarias en Brasil, México y Argentina”, agregó.
Como parte del acuerdo, Stericycle aceptó seguir cooperando con el Departamento de Justicia en cualquier investigación penal sobre estas prácticas y mejorar su programa de cumplimiento de las normas.
La trama local de la corrupción en Argentina
El documento del Departamento de Justicia sostiene que entre 2011 y 2016, Stericycle, a través de algunos de sus empleados y agentes, conspiró y acordó con otros para ofrecer y pagar corruptamente sobornos a funcionarios en Argentina. Las coimas buscaban obtener ventajas indebidas con el objetivo de mantener los negociados de gestión de residuos.
“Stericycle obtuvo al menos US$ 4,4 millones en ganancias de contratos obtenidos y retenidos de manera corrupta con el gobierno argentino”, sostiene el documento del Departamento de Justicia.
Stericycle ingresó por primera vez al mercado argentino en 2000. En el período bajo análisis, se constató que los pagos de sobornos a funcionarios del gobierno argentino se efectuaron con la venia de las autoridades Stericycle Latinoamérica y Argentina.
En general, las maniobras se concretaban en efectivo, según se desprende de las investigaciones.
El personal de Stericycle guardaba y enviaba por correo electrónico hojas de cálculo de Excel, que identificaban a los clientes del gobierno que recibieron sobornos. El objetivo del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales en ciertas provincias buscaba garantizar el pago de facturas por servicios a hospitales y establecimientos de salud estatales.
Un caso ilustrativo es el que se registró el 11 de enero de 2011, cuando un directivo regional envió un email a otro con una hoja de cálculo con los principales 20 gastos generales, por ventas y administrativos.
En ese intercambio epistolar, el directivo escribió que la hoja de cálculo incluía comparaciones de las cifras de gastos “con y sin ‘PI’ (incentive payments)”, y desglosaba los montos de estos pagos de incentivos por jurisdicción, incluidos México, Brasil y Argentina.
Otro hecho detectado fue el del 27 de septiembre de 2012, cuando dos empleados de ventas de Stericycle Argentina enviaron un correo electrónico sobre un soborno a un funcionario argentino. La coima representó el 10% del pago del contrato de un ministerio de salud regional por los servicios de recolección de residuos, que ascendía a un total de 213.000 pesos (aproximadamente US$ 45.610)”, dice el texto del Departamento de Justicia.
El 28 de septiembre de 2012, uno de los empleados de ventas de Stericycle Argentina entregó el pago del soborno por un monto de 21.300 pesos (aproximadamente US$ 4.560), en efectivo, al funcionario argentino. “Los empleados de Stericycle Argentina utilizaron las palabras ‘alfa’ y ‘alfajores’ como códigos para referirse a los pagos de sobornos”, señala el texto del organismo norteamericano.
“Por ejemplo, el 30 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, dos empleados de ventas de Stericycle Argentina intercambiaron un correo electrónico sobre pagos pendientes de un ministerio de salud regional argentino, escribiendo: ‘Debo decirles que cuando hablé sobre este tema, me recordaron que los alfajores del último pago están pendientes, por eso les prometí que si nos dan los cheques el lunes 17 o el martes 18 estaría trayendo eso más los cheques”, agrega la evaluación del Departamento de Justicia.
Hubo más maniobras, entre ellas, una realizada el 2 de septiembre de 2013. En esa ocasión, un empleado de ventas envió por correo a su colega con el asunto “Alfa D del último pago de $ 257.730 cancelado el 30 de agosto”. Otra más ocurrió el 1 de diciembre de 2014, también vinculados a los pagos adeudados de un ministerio de salud regional. “También quiero recordarles que todavía debemos los alfas por todo el último arreglo, tener esto actualizado ayuda mucho cuando es hora de aplicar presión”, señalaba otro de los correos electrónicos.
El estructura de la compañía en Argentina tiene varias razones sociales. Dos de las principales son Hábitat Ecológico SA, que opera subsidiaria del grupo internacional Stericycle, y SOMA SA, que depende formalmente en su composición societaria mayoritaria de la primera firma. En su página web oficial, Habitat Ecológico se presenta como una compañía “líder en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos y peligrosos y sostiene un fuerte compromiso para proteger el medio ambiente y la salud pública”.
La compañía recicladora sigue activa y prestando servicios públicos al Estado nacional, gobiernos locales y hospitales públicos y privados. Según declaran oficialmente, procesan mensualmente más de 3.000 toneladas de residuos patogénicos “en varias provincias de nuestro país”.
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