La lectura en la Casa Rosada de la inesperada movida política de Cristina Kirchner en el Senado para quedarse con un lugar adicional en el Consejo de la Magistratura fue modificándose ayer a medida que pasaron las horas. Por la tarde, cuando no se había cumplido un día de la polémica decisión, en el entorno de Alberto Fernández seguían sosteniendo que fue una jugada “inteligente” para imponerse en el órgano vital del sistema judicial, pero también resintieron la falta de consulta y consideraron que la nueva configuración en el Senado podría tensionar aún más al frente oficialista, jaqueado por las internas. En tanto, el pronunciamiento del presidente del bloque en Diputados, Germán Martínez, en contra de la decisión del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, causó desconcierto en los sectores moderados del Frente de Todos, mientras que el Presidente decidió mantenerse alejado, al menos públicamente, del grave conflicto.
Luego de que el martes por la noche el Frente de Todos en el Senado anunciara que dividía el bloque en dos para dirimir a su favor la disputa para cubrir las vacantes en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, en el Gobierno no descartan que la Vicepresidenta utilice el nuevo bloque para marcar la cancha al albertismo en el Senado de manera organizada. Se basan en los antecedentes más recientes: ya vienen haciéndolo, de manera continua, hace meses.
El principal hito fue la votación en contra del acuerdo con el FMI de los senadores aliados a Cristina Kirchner -de los cuales la mayoría forma parte del nuevo bloque Unidad Ciudadana-, pero el albertismo anota cada una de las sucesivas embestidas de los delfines kirchneristas en el Senado -Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, por nombrar algunos- a través de declaraciones públicas por distintos temas.
“Fue una picardía buena, inteligente”, dijeron ayer, temprano, en Olivos, sobre la jugada que despertó las críticas más duras de parte de la oposición, en especial de Luis Juez, el senador por Córdoba que se vería imposibilitado, en este escenario, de asumir su lugar en el Consejo. También juraron que Alberto Fernández ya conocía la decisión de Cristina Kirchner. Pero hacia la tarde un alto funcionario admitió que la jugada no había sido consensuada, sino únicamente notificada. Lo que más molestó en la Casa Rosada fue la selección exclusiva de legisladores del riñón cristinista, que dejó afuera a los representantes del sector “blando”. Sobre todo, resintieron que no se hubiera hecho espacio, desde la Presidencia del Senado, para debatir los nombres de los tres senadores que nombró la Vicepresidenta en el Consejo (Martín Doñate, Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara).
“Sin dudas esto tensiona. Lo que no sabemos es cómo va a seguir. Pero es una muestra más de que el frente está roto en los hechos”, dijo un senador de diálogo permanente con el Presidente, cuando Cristina Kirchner ya había enviado la nota de designación, como representante de la Cámara alta, de Doñate, dirigente de La Cámpora y que responde directamente a su mando. “A esta altura, ni siquiera se arreglaría con una foto entre Cristina y Alberto. Nadie lo creería”, agregó el legislador que participó junto a otros senadores no kirchneristas de un sinfín de reuniones de emergencia, que tuvieron su correlato en distintos despachos de Diputados, para sopesar lo que acababa de ocurrir.
Mientras tanto, llamativamente, el jefe del Estado se mantuvo ajeno a la disputa. Permaneció durante toda la jornada en la quinta presidencial, excepto por una breve, aunque significativa salida rumbo a José C. Paz. La excusa fue el dictado de una clase en la universidad local, que estaba programada previamente. Pero luego se trasladó a la sede del PJ local, donde lo esperaba el intendente Mario Ishii, cacique bonaerense que hizo de anfitrión en varios actos del Presidente durante los meses previos y posteriores a las elecciones legislativas.
Allí, en un plenario de referentes barriales, mientras los propios en el Senado discutían cómo seguir y cuáles eran las consecuencias en el complejo nuevo escenario legislativo, Alberto Fernández evitó referirse al tema y, en cambio, dio un discurso de claro tinte proselitista. Con un tono entusiasta que no utilizaba hace tiempo, lanzó: “El que diga que el 2023 está perdido, yo le digo: ‘Un carajo que está perdido’”. Los militantes que lo escuchaban entre banderas del PJ y el Movimiento Evita lo apoyaron con una ovación. No casualmente, el primer mandatario estaba acompañado por el subsecretario de Asuntos Políticos, Nicolás Ritacco, nombrado recientemente para ocuparse del armado y la profundización del vínculo con los intendentes.
El Presidente no emitió una sola palabra en público sobre la apuesta de Cristina Kirchner. Tampoco lo hicieron sus principales colaboradores. El único que se refirió al tema fue su jefe de Gabinete, Juan Manzur, que se limitó a defender la legalidad de la resolución. Después, Alberto Fernández lo recibió en Olivos, pero la charla quedó en reserva.
En este contexto, por la noche, un gesto político de parte del recientemente designado presidente del bloque en Diputados complicó aún más el panorama. Martínez, dirigente santafecino que responde al ex ministro de Defensa y aliado de Alberto Fernández, Agustín Rossi, salió a diferenciarse de la posición del titular de la Cámara baja, Massa, que había aceptado la designación de la radical Roxana Reyes, a contramano de Cristina Kirchner. Pero no quedó claro si el guiño a la Vicepresidenta fue producto de una orden del jefe de Estado, que a lo largo del miércoles mantuvo la distancia del agitado conflicto entre el oficialismo en el Senado, la Corte Suprema, y la oposición.
En el Gobierno lamentan que nuevamente el tema central de la agenda pública sea “algo que no le importa a ningún ciudadano”, como se refirió un colaborador de Alberto Fernández al Consejo de la Magistratura, en el marco de crisis económica, alta inflación y salarios a la baja. Si bien cuestionan a la Corte Suprema y a Juntos por el Cambio, se quejan de que no haya habido lugar para una solución menos confrontativa, para evitar el escándalo.
El kirchnerismo tiene una mirada exactamente opuesta y se sienten ofendidos por los cuestionamientos. Esperaban que Alberto Fernández los defendiera de la aplicación de la nueva ley a través de un DNU que la dejara sin efecto, teniendo en cuenta la delicada situación de la ex presidenta en la Justicia. De hecho propusieron, como dijo el diputado radical K Leopoldo Moreau, que se lleve al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a juicio político. Ayer aseguraron que Cristina Kirchner actuó “en defensa propia”.
No es la primera vez que en el Instituto Patria le pasan factura al primer mandatario por la falta de ímpetu para plantarse en el ámbito judicial. De hecho, ese malestar fue el principal causante de la salida de la ex ministra de Justicia Marcela Losardo del Gabinete, para ser reemplazada por Martín Soria, afín a La Cámpora. En el Gobierno aseguran que una confrontación tan abierta con la Corte crearía una “crisis institucional” que “haría más daño”, mientras dudan sobre la continuidad en el vínculo con el ala dura en el Senado, donde a partir de ayer se agudizó la tensión, a pesar de los persistentes intentos de los interlocutores de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por canales subterráneos y hasta ahora frustrados, para acercar posiciones.
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