El conflicto por las designaciones del Congreso para el Consejo de la Magistratura terminó este martes con un intento de salida “salomónica” que no dejó a nadie completamente conforme.
Ayer por la tarde, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentaron ante el Consejo de Magistratura las designaciones del senador oficialista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes, que ocuparán los dos lugares que faltan para que el organismo -que designa y controla a los jueces- pueda volver a funcionar según su antigua conformación de 1997.
En diciembre pasado, la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de la conformación actual porque consideró que no se respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos (políticos y técnicos). Según el fallo, si el Congreso no sancionaba una nueva ley, se debía volver a la conformación anterior a la reforma de 2006, es decir, con 20 integrantes.
El plazo se venció el viernes y el Frente de Todos venía demorando los nombramientos. Tras varias idas y vueltas, la designación de Doñate pudo concretarse gracias a una jugada táctica del oficialismo que decidió dividir su bloque en el Senado para quedarse con uno de los cuatro lugares por la mayoría y otro por la segunda minoría. Así, lograron dejar de lado al cordobés Luis Juez que buscaba ser nombrado consejero en representación del PRO.
En la Cámara de Diputados, tras diferentes intentos por demorar la resolución, que fueron desde la presentación de un amparo judicial hasta un pedido del bloque del Frente de Todos para “aclarar” primero los criterios de selección, Sergio Massa firmó el nombramiento de la radical Roxana Reyes.
Luego de que trascendieran la noticia, desde la oposición destacaron la designación de Reyes pero adelantaron que no aceptarán la de Doñate, porque es fruto de una argucia técnica que va en contra del espíritu de la ley y porque la división se produjo después del último fallo de la Corte Suprema.
De hecho, desde Juntos por el Cambio ya presentaron un escrito ante Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, para que no le tome juramento al senador kirchnerista. Incluso analizan la posibilidad de presentar un amparo ante la Justicia para lograr que Luis Juez ocupe el lugar que le corresponde a la segunda minoría.
Del otro lado de la grieta también hubo cuestionamientos. El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, convocó a una conferencia de prensa para anunciar que no estaba de acuerdo con la decisión de Massa y aseguró que con su equipo legal impugnaría la designación.
La postura mayoritaria en el bloque es que el Frente de Todos quedará subrepresentado, dado que la ley de 1997 otorga dos representantes a la mayoría, uno a la primera minoría y otro lugar a la segunda minoría. “Nosotros que somos la mayoría vamos a tener uno solo, Vanesa Siley; Juntos por el Cambio va a tener dos, Pablo Tonelli (PRO) y Roxana Reyes (UCR); y finalmente el Interbloque Federal también tendrá uno, Graciela Camaño”, explicaron. Una sutileza que olvidó Martínez: Camaño fue nombrada consejera en 2018 tras un acuerdo con el kirchnerismo.
La decisión de Massa de nombrar a Reyes desató fuertes suspicacias dado que fue cuestionado casi inmediatamente por el jefe del bloque oficialista, que un día antes le había presentado una nota para que se abstenga de firmar el nombramiento. Ante la consulta de Infobae, cerca del presidente de la Cámara explicaron que estuvo en “contacto permanente” con Germán Martínez y revelaron que le dijo que tenía derecho a impugnar la designación.
No obstante, aclararon que como autoridad de la Cámara tenía un rol institucional que no puede equipararse al del jefe de bloque. “Cada uno tiene responsabilidades diferentes”, señalaron. Sin mayoría, Massa no pude darse el lujo de alienar a la oposición si luego espera lograr consensos para sacar otras leyes.
En algún punto, Massa coordinó con Cristina Kirchner y ambos actuaron de la misma forma: designando a un representante por la segunda minoría. La diferencia principal radicó en que la Vicepresidenta cuenta con una mayoría de 37 votos para refrendar su decisión de dividir el bloque y en Diputados el oficialismo no llega a los 129 votos, por lo tanto, no pudo emular la movida.
Desde el oficialismo reconocieron que se intentó una solución “salomónica” que le da un representante más a la oposición en Diputados y un más al oficialismo en el Senado. Por la Cámara alta el oficialismo tendrá tres lugares (Recalde, Doñate, Pilatti Vergara) y uno la oposición (Giacoppo). Y por la Cámara baja, el oficialismo tendrá un lugar (Siley) y tres de la oposición (Camaño, Tonelli, Reyes). Además, se evitó entrar en un conflicto mayor con la Corte Suprema al frenar las designaciones.
Si bien el capítulo judicial de esta novela todavía no está concluído, porque las impugnaciones y denuncias penales podrían cambiar el panorama, ahora en la bancada del Frente de Todos aseguran que tienen como objetivo de mediano plazo debatir en el recinto el proyecto de ley que viene con media sanción del Senado.
Será un camino difícil dado que no tienen mayoría y la exclusión de la Corte Suprema del organismo es un punto polémico que dificulta acercar posiciones con gran parte de la oposición. Sin embargo, no se descartan nuevas concesiones para poder sancionar una nueva norma antes de noviembre, cuando vencen todos los mandatos de los consejeros actuales.
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