95 jueces y abogados se inscribieron al concurso público para cubrir uno de los cargos más importantes en los tribunales de Comodoro Py: el que dejó en septiembre del año pasado Liliana Catucci en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por donde pasan las causas y los juicios orales de corrupción y de crimen organizado de todo el país. Entre los inscriptos hay magistrados de Comodoro Py de otras instancias, algunos que actualmente tramitan causas clave para la política, y abogados de ex funcionarios.
El concurso es el 475, lo tramita el Consejo de la Magistratura de la Nación -que esta semana cambia su composición con la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y comenzó con polémica. Uno de los inscriptos es Walter Ricardo Bento, juez federal de Mendoza, que está procesado con prisión preventiva -que no se hace efectiva por sus fueros como magistrado- por integrar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El juez e integrante del Consejo Ricardo Recondo pidió que en forma urgente Bento sea excluido del concurso. Presentó una nota a la presidenta de la Comisión de Selección, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, en la que señaló que el reglamento establece que no se pueden inscribir quienes “estuvieren sometidos a proceso penal pendiente por delito doloso; en el cual se haya decretado auto de procesamiento”. Bento es investigado por el Consejo por mal desempeño de sus funciones.
Los nombres más destacados que se inscribieron al concurso son los de jueces de Comodoro Py. Uno de ellos es Jorge Gorini, juez del Tribunal Oral Federal 2. Magistrado de ese tribunal desde 2011, Gorini es uno de los jueces que actualmente juzga a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el caso de la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Tuvo otros casos trascendentes: el juicio de las tragedias de Lapa y de Once; el caso de la bolsa con dinero de la ex ministra Felisa Miceli; y las irregularidades en la investigación judicial del atentado a la AMIA.
Otro juez es Pablo Bertuzzi, actual integrante de la Sala I de la Cámara Federal. Bertuzzi fue trasladado a ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri junto con su colega Leopoldo Bruglia. Con la llegada de Alberto Fernández esa decisión fue anulada y el juez inició una causa que llegó a la Corte Suprema que dijo que el traslado no era permanente y que debía seguir allí hasta que se cubra por concurso. Bertuzzi se presentó a concursar y está en una de las ternas que elaboró la oposición y fuera de las que hizo el oficialismo. En la Cámara, Bertuzzi intervino en la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos -revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, por asociación ilícita- y debe resolver el procesamiento de Macri por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
También se inscribieron para llegar a Casación otros jueces de Comodoro Py: Sebastián Ramos, titular del juzgado federal de primera instancia número 2; y los magistrados de Tribunales Orales Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Fernando Machado Pelloni. López Iñíguez y Michilini absolvieron a Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán. La jueza fue una de las que condenó a Báez por lavado de dinero y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once. Michilini condenó al ex secretario de Obras Públicas José López por sus bolsos con nueve millones de dólares y tuvo el caso dólar futuro en el que rechazó absolver a Cristina Kirchner, lo que luego hizo la Cámara de Casación.
Entre las inscriptas hay otras dos mujeres de Comodoro Py. La defensora oficial ante los Tribunales Orales Pamela Bisserier y la jueza del Tribunal Oral Penal Económico 3 Karina Perilli. Las dos ya participaron del anterior concurso para Casación y habían quedado ternadas pero fueron elegidos otros magistrados para los cargos.
Entre los postulantes también están quienes pujan por llegar a la Cámara Federal. Son el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona -quien investigó el espionaje ilegal durante el macrismo y pidió el procesamiento de Arribas y Majdalani- y el magistrado en los Penal Económico Javier López Biscayart. Como Bertuzzi, los tres están en ternas para las vacantes en la Cámara Federal que no se aprueba por las diferencias entre el oficialismo y la oposición en el Consejo.
En lo 95 inscriptos también están quienes ya pasaron por Comodoro Py. La jueza de Ejecución Penal Jimena Monsalve fue secretaria de Casación; el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella -ternado para ser juez de un Tribunal Oral Federal- fue subrogante en la Fiscalía Federal 5; y Gabriel Vega, juez de Tribunal Oral Criminal, fue subrogante en el Tribunal Oral Federal 1.
En el listado de postulantes está Omar Palermo, juez de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Palermo fue uno de los fundadores de la agrupación “Justicia Legítima”, cerca a las ideas judiciales del kirchnerismo, e integró la comisión de juristas que convocó en 2020 el presidente Alberto Fernández para que le presenten reformas al Poder Judicial.
Entre los abogados inscriptos está Maximiliano Rusconi, ex Fiscal de Investigaciones Administrativas y que estuvo ternado para ser fiscal de Casación Federal. Rusconi fue abogado, entre otros, del ex presidente Carlos Menem, del perito informático Diego Lagomarsino en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman y actualmente defiende en sus causas a De Vido, como en el juicio por la obra pública.
La Cámara de Casación está integrada por cuatro salas. Hoy el tribunal tiene una sola vacante. Es la que en septiembre pasado dejó Catucci, que estaba en el cargo desde su creación, en 1992 durante el gobierno de Menem. Catucci cumplió 75 años, la edad máxima que permite la Constitución Nacional, e inició una causa judicial para continuar pero fue rechazada. Las últimas designaciones en Casación ocurrieron en 2018 cuando asumieron Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo.
Los 95 concursantes tienen plazo hasta mañana para presentar impugnaciones a otros postulantes. El Consejo ya sorteó a los jurados que tomarán el examen escrito -uno de los pasos del concurso- que se hará el 11 de mayo a las 8:30 en en lugar que debe fijar el Consejo. Luego vendrá el análisis de sus antecedentes, la entrevista personal con los consejeros y la elaboración de una terna que se remite al Poder Ejecutivo donde se elige a uno para que el Senado de la Nación de su aprobación final. Entre ellos estará el próximo hombre o mujer fuerte de la justicia federal.
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