Detectan que productos argentinos vendidos con sobreprecios a Venezuela fueron abandonados

Un grupo de organizaciones internacionales encabezadas por Poder Ciudadano aportó nueva información y documentos a la justicia argentina para intentar destrabar una investigación por supuesta corrupción en el comercio bilateral con Venezuela durante el gobierno de Cristina Kirchner. Siete ONGs latinoamericanas que forman parte de Transparencia Internacional presentaron un escrito con información sobre estas adquisiciones sospechosas de defraudación al Estado venezolano y pidieron ante el juez federal Marcelo Aguinsky ser aceptadas como “amigos del tribunal”, una figura que les permite ingresar formalmente al expediente y participar del trámite judicial.

Poder Ciudadano, Transparencia Venezuela y organizaciones anticorrupción de Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador y Panamá ingresaron el pedido en la causa que investiga supuestos hechos de corrupción en la venta de productos ejecutada por Juan José Levy, a través de distintas compañías, con el Estado de Venezuela. El empresario habría acumulado ganancias superiores a los USD 500 millones con los contratos que se firmaron a través del fideicomiso binacional con sobreprecios de hasta el 300%, según indicó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Levy era un empresario que estaba lejos de la élite de los laboratorios argentinos. Pero su suerte cambió cuando comenzó a exportar a Venezuela bajo el paraguas de los acuerdos que se suscribieron en 2004, con Hugo Chávez y Néstor Kirchner en el poder, y que continuaron vigentes hasta 2016. Laboratorios Esme se dedicaba a fabricar productos como pasta dentífrica, pero los negocios de su dueño se diversificaron. Levy se transformó en un intermediario de varios productos que no fabricaba, desde suavizante para la ropa hasta antenas de TV, pero que revendía a altos precios a Suministros Venezolanos Industriales CA (Suvinca) y Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CanTV), dos organismos públicos de ese país.

Las organizaciones civiles presentaron en su escrito ante el juez Aguinsky nueva información y documentos sobre esta trama. Poder Ciudadano indicó que Suvinca pagó casi USD 25 millones por productos como pañales, toallas sanitarias y shampoo, entre otros, que eran necesarios en el contexto de desabastecimiento venezolano, pero que finalmente nunca se utilizaron. Una sentencia del Tribunal Supremo de ese país citada en el escrito detalló que la mercadería almacenada en 164 contenedores se “encontraba en estado de abandono” tras permanecer tres años en los puertos desde su llegada al país caribeño, en 2014.

La Sala Penal del tribunal con sede en Caracas agregó también que los productos adquiridos desde Argentina “no habrían cumplido con la normativa de ley para su importación”. El escrito firmado por las organizaciones agregó que la mercadería estuvo dos años en el Puerto de la Guaira, estado de Vargas, “en condiciones inadecuadas de almacenamiento”, a pesar de las necesidades por faltantes de todo tipo de productos en distintas ciudades de ese país. Tras realizar pruebas de calidad sobre estos productos, la justicia venezolana recomendó su destrucción, lo que también generó un costo extra para el Estado caribeño.

El segundo aporte de las organizaciones internacionales es dar a conocer la existencia de una causa judicial iniciada en Caracas por un laboratorio argentino que también vendió productos a través del fideicomiso bilateral. La demanda fue interpuesta en los tribunales venezolanos por Microsules Argentina SA, que reclama USD 58 millones al gobierno de Nicolás Maduro por supuestos adelantos impagos que formaban parte del contrato.

La defensa judicial del chavismo planteó ante el Tribunal Supremo de Justicia de ese país que la demanda debía suspenderse hasta tanto concluya el expediente argentino que investiga supuestas irregularidades en las exportaciones realizadas por las empresas de Levy. El juez Aguinsky envió un exhorto a Caracas para conocerte la existencia de causas judiciales que investigaran temas similares en Venezuela y también para pedir colaboración con información sobre las exportaciones de las empresas de Levy, pero el gobierno chavista nunca respondió la solicitud judicial.

Poder Ciudadano y las organizaciones latinoamericanas interpretaron en el escrito presentado ante el juez Aguinsky que, por todas estas razones, la investigación local es de interés público en distintos países y, por eso, solicitaron ser incluidos bajo la figura de amigos del tribunal. “Las cuestiones que se debaten en este caso poseen una trascendencia que supera el interés de las partes, ya que revisten una importancia central para la vigencia de nuestro estado de derecho democrático y la lucha contra la corrupción”. Y añadieron que, según un informe de la SIGEN, las empresas argentinas se beneficiaron de sobreprecios totales por USD 141 millones en las exportaciones al Estado venezolano.

La figura de “amicus curiae” o “amigos del tribunal” ya fue utilizada en distintos casos de corrupción en los tribunales de Comodoro Py en los últimos años para que actores que representan a la sociedad civil puedan impulsar el proceso penal con distintas decisiones como, por ejemplo, la sugerencia de medidas de prueba que luego debe valorar el juez que instruye la investigación. El juez Aguinsky deberá tomar la decisión sobre el pedido de Poder Ciudadano.

Un crecimiento exponencial

La investigación de la justicia argentina detalló en los últimos años en qué consistían las maniobras para tercerizar los productos que Laboratorio Esme y otras compañías de Levy exportaban a Venezuela. Las autoridades detectaron que el empresario argentino compraba mercadería a otros proveedores y revendía esos mismos productos a un precio que le dejaba ganancias extraordinarias.

“La diferencia dolarizada entre exportaciones y compra en el mercado interno de los productos exportados es de USD 18,2 millones. El porcentaje de aumento del monto exportado respecto al monto de la compra en el mercado interno es del 281,35 por ciento”, señalaron los investigadores en sólo uno de los casos que analizaron. Un informe de la AFIP que forma parte del expediente alertó sobre posibles irregularidades en estas operaciones. “El suavizante de ropa Top Win por cuatro litros se expresó en un valor por unidad de USD 6,7, mientras que el mismo producto fue vendido a Chile a un precio unitario de 2,6 dólares. Es decir, la diferencia de precio ronda el orden del 154%”, indica el documento.

¿Por qué se vendía más caro a Venezuela? Varias empresas que participaron del fideicomiso bilateral con Argentina indicaron que las exportaciones a ese país eran atravesadas por distintos riesgos, entre ellos, la falta de pago por parte del comprador. Sin embargo, el acuerdo bilateral establecía que el estado venezolano pagaba por adelantado el 60% de los contratos.

Laboratorio Esme recibió pagos por más de USD 62 millones en concepto de anticipo sólo desde Suvinca entre 2011 y 2012, según se desprende de un informe del Banco Central. El empresario argentino, además, acumuló millones por más compras realizadas a través de otras sociedades como Corporación Gulfos, casi siempre mediante el esquema bilateral que gestionó Nación Fideicomisos.

Venderle a Venezuela le cambió la vida a Levy. Su declaración jurada de 2011 ante AFIP indicaba que su patrimonio era de $1 millón allá por 2011, según consta en el expediente judicial. Un lustro después, Levy ingresó al sinceramiento fiscal para blanquear un patrimonio de $1400 millones, según datos oficiales entregados a la Justicia.

El caso de Levy es simbólico para las exportaciones de empresas argentinas hacia Venezuela sospechadas de haber incurrido en una defraudación para el Estado de ese país, pero no es el único. La SIGEN detectó en una auditoría que el gobierno de Maduro pagó sobreprecios por, al menos, USD 235 millones en compras que abarcaron desde alimentos como leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos. La justicia argentina abrió diez investigaciones en base a esa auditoría, pero la mayoría ya fueron cerradas por la falta de respuesta del gobierno venezolano.

La causa judicial

Levy está siendo investigado por lavado de dinero y soborno transnacional en la justicia argentina en los tribunales de Penal Económico. La Cámara de ese fuero consideró en 2019 que era indispensable, si la acusación era por una defraudación al Estado venezolano, que ese país aportara documentación que pruebe esa acusación contra el empresario argentino en dicha jurisdicción. Si el delito por probar es lavado de dinero –sostiene la Cámara- entonces se tendría que acreditar el delito precedente que ocurrió en tierras venezolanas.

El juez Aguinsky envió un exhorto (y una docena de reclamos) hace más de cuatro años a Venezuela que nunca fue respondido por la justicia de ese país. La falta de colaboración internacional también complicó la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por Levy para que los funcionarios chavistas defraudaran al Estado venezolano. Y debilitó la investigación por lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente, una condición necesaria para los jueces del tribunal.

El juez, entonces, envió una nota a la Corte Suprema para que este tribunal le pidiera la intervención al presidente Alberto Fernández con la intención de destrabar el exhorto. La argumentación del juez fue que, como las exportaciones desde las empresas de Levy se hicieron a través de un fideicomiso bilateral entre ambos estados, la Casa Rosada debe intervenir en el asunto. Pero la Corte rechazó actuar ya que –aseguraron– no puede intervenir en una causa en trámite.

La causa quedó pendiente de un nuevo hallazgo: Aguinsky investiga ahora movimientos de fondos de una funcionaria chavista que salieron de Panamá para terminar en cuentas bancarias en Uruguay con conexiones en Estados Unidos. El magistrado envió un exhorto al país vecino para intentar determinar si dichos fondos podrían estar relacionados a un presunto pago de sobornos por la firma de contratos con Levy.

La información -que reveló Infobae- involucra a Eddie Elizabeth Betancourt Romero, ex presidente de Suvinca, que avaló la compra de productos como suavizante para ropa o shampoo, entre otros, a empresas de Levy por USD 120 millones. La Unidad de Información Financiera notificó a la justicia argentina que Betancourt Romero recibió en 2014 tres transferencias desde Panamá a una de sus cuentas en el banco Bandes de Uruguay, pudo reconstruir este medio a partir de fuentes judiciales.