Coparticipación: el Gobierno y CABA no logran un acuerdo y evalúan pedirle a la Corte que prorrogue los plazos

La negociación entre el gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires por el monto de coparticipación que la Nación le quitó a la gestión porteña tendrá este miércoles la última reunión dentro del plazo estipulado por la Corte Suprema para que logren acordar un mecanismo y un monto para la financiación de la Policía.

Esa ventana de tiempo culminará el próximo 26 de abril y, hasta el momento, después de cinco reuniones, ambas partes no pudieron alcanzar un acuerdo en el monto que el Gobierno debería transferirle a Horacio Rodríguez Larreta para financiar el traspaso de la Policía al ámbito porteño.

Este miércoles se llevará a cabo la última reunión en el Ministerio del Interior y las posibilidades de lograr acercar posiciones son mínimas. Ambos gobiernos se encaminan a pedir una prórroga a la Corte Suprema para seguir negociando y evitar que sea el máximo tribunal el que baje el martillo.

Ambas partes se muestran proclives a acordar en ese punto y estilar las conversaciones. Sin embargo, detrás de la buena voluntad, hay un alto nivel de desconfianza y de suspicacias. En el Gobierno hace tiempo que creen que CABA lo único que busca es estirar la negociación para que sea la Corte la que resuelva.

La delegación porteña se muestra acuerdista, pero con poco margen para resignar dinero. En la Nación hace largas semanas que intuyen que es casi imposible encontrar un acuerdo. La diferencia de montos parece irremediable. Es un tironeo constante sin un horizonte claro.

Además, en el Gobierno no creen en el negociador que tienen en frente. En el fondo piensan que montan un escenario para “victimizarse” y que les sirve “no consensuar”, porque si la Corte tiene que decidir, “seguramente lo hará a favor de ellos”. Pura incredulidad.

En la Casa Rosada asumen que la Corte Suprema terminará interviniendo en el conflicto -ahora o después de la prórroga- y que lo hará a favor de Larreta. “Tendrán que tomar la decisión con los efectos políticos que tenga”, argumentaron en Balcarce 50 sobre el accionar que pueda llegar a tener el máximo tribunal.

“¿Se van a hacer cargo de inclinar la balanza a favor de la Ciudad?”, se preguntaron en el entorno del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con cierta ironía. Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque no se está en el medio de un proceso electoral, es de público conocimiento las aspiraciones que Rodríguez Larreta tiene para ser presidente de la Nación.

En lo que respecta a lo específico de la negociación, en la cartera que conduce el ministro camporista se mantienen firmes en la postura de “no pagarle a la Ciudad el doble del monto que está destinado a la Federal”. Eso es lo que piden, según indicaron fuentes oficiales.

Los autoridades de la cartera de Interior que llevan adelante las conversaciones ya le plantearon a sus pares porteños que, según el porcentaje de coparticipación que el ex presidente Mauricio Macri les había otorgado, al día de hoy la administración porteña debería percibir un presupuesto de 160.000 mil millones de pesos para sostener los 20.000 efectivos que pasaron de la Policía Federal a la Policía de CABA.

En la actualidad ese es el presupuesto total que el Estado destina a toda la Gendarmería Nacional (87 mil millones pesos) y a los 30.000 agentes que quedaron en la Policía Federal (73 mil millones de pesos).

En la última reunión las conversaciones se empantanaron. “El problema mayor es que quieren financiar toda la seguridad porteña y no solamente lo que cuesta la Federal”, sostuvieron en Balcarce 50, donde también asumen que difícilmente pueda haber un acuerdo por los números y la propuesta.

Lo único en lo que están de acuerdo es en la forma de actualización del traspaso de fondos, que será un 80% por el indicador salarial y un 20% ajustado por inflación, y que, además, será por fuera del sistema de coparticipación. Se acordará un monto fijo destinado exclusivamente a la Policía porteña.

La negociación entrará en el tramo final en un contexto de máxima tensión entre el gobierno nacional y la Corte Suprema. La desconfianza del Poder Ejecutivo sobre los pasos que dé el máximo tribunal es absoluta. La relación está desgastada y astillada.

La decisión que la Corte tomó el lunes de asumir la conducción del Consejo de la Magistratura y dejar sin efecto resoluciones que impedían el funcionamiento del cuerpo que designa y remueve jueces, generó mucho malestar en la Casa Rosada.

El presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti, encabezará el organismo a partir de este mes, con una conformación que alcanza los 20 miembros. Esa decisión, en base a un fallo de la Corte, fue muy cuestionada por Cristina Kirchner y por Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. Fernández no habló en público del tema, pero tampoco le cayó bien.

En la Casa Rosada consideraron que se trató de un “mamarracho jurídico” y que la Corte Suprema se “hizo un traje a medida”, debido que un fallo de la propia Corte originó el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura.

En este tema no hay grieta dentro del Frente de Todos. La decisión judicial cayó muy mal en el albertismo y en el kirchnerismo. En Alberto Fernández y en Cristina Kirchner. Por eso desde el peronismo está condicionada la mirada sobre el máximo tribunal. No creen en su vocación de impartir justicia.

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