Un sector de la izquierda marcha a la Cancillería para reclamar que el Gobierno rompa relaciones con Nicaragua

Un sector de la izquierda se moviliza hoy a la sede de Cancillería y la embajada de Nicaragua para exigir la libertad de los presos políticos por el gobierno de Daniel Ortega, en el marco del cuarto aniversario del estallido social contra el régimen autoritario que terminó en una represión con más de 350 muertos, miles de heridos y cientos de detenidos.

La convocatoria es impulsada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), una de las cuatro organizaciones del Frente de Izquierda-Unidad que integra la Liga Internacional Socialista (LIS), junto a migrantes nicaragüenses en el país.

Según se anunció oficialmente, la protesta se realizará a las 12:30 al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, desde la Plaza San Martín, para luego trasladarse a la Embajada de Nicaragua.

“Este 19 de abril se cumplen 4 años del levantamiento popular en Nicaragua contra el ajuste dictado por el FMI, que pretendió aplicar la dictadura capitalista de Ortega-Murillo en ese país. Desde entonces, la represión sobre dirigentes estudiantiles y sociales no se ha detenido. Al día de hoy se contabilizan 185 presas y presos políticos en condiciones aberrantes. Venimos a plantear que el gobierno nacional condene ese régimen y rompa relaciones”, sostuvo Alejandro Bodart, dirigente nacional del MST-Frente de Izquierda Unidad y coordinador de la LIS.

Y agregó: “En pocas semanas, junto a diputados y diputadas de izquierda y referentes de DD.HH, en acuerdo con una amplia coordinación de organizaciones nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, se conformará una Comisión Internacional que viajará para exigir el ingreso a territorio nicaragüense y certificar las condiciones de salud y encierro de las y los presos”.

A raíz de esa revuelta social, el país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas con al menos 355 muertos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El despliegue de las medidas represivas no cesó desde entonces. En marzo pasado, la justicia nicaragüense condenó a penas de hasta 13 años de prisión a siete opositores, entre ellos tres ex candidatos a la presidencia que planeaban competir el año pasado contra el mandatario Daniel Ortega, de 76 años, finalmente reelecto en unas elecciones con denuncias de fraude, con dirigentes proscritos y excluidos de la competencia.

Los últimos referentes en ser condenados fueron el economista Juan Chamorro (13 años), el politólogo Félix Maradiaga (13 años) y el ex embajador Arturo Cruz (9 años).

El Gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, los acusó ante la Fiscalía amparándose en la Ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso, controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La justicia los halló culpables de menoscabo a la integridad nacional, una norma que considera “traidores a la patria” a quienes atentan contra la integridad del país o apoyan sanciones extranjeras. Ortega asegura que conspiraban para derrocarlo, apoyados por Estados Unidos.

Pero la oposición y la comunidad internacional claman por su inocencia y consideran que las detenciones buscan asegurar la continuidad de Ortega en el poder.

La lista de dirigentes encarcelados y perseguidos es vasta. En total es un grupo de 46 opositores, entre ellos siete ex aspirantes a la presidencia, detenidos el año pasado en la antesala de las elecciones de noviembre, en las que Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo.

Entre los procesados con arresto domiciliario está la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien era favorita para enfrentarlo.

De este grupo, al menos 33 han sido declarados culpables, en su mayoría por menoscabo a la integridad nacional, de los cuales 25 han sido condenados a entre 8 y 13 años, en juicios que iniciaron hace un mes.

Uno de ellos, el exguerrillero y dirigente de la disidencia sandinista Hugo Torres, murió enfermo el 12 de febrero tras pasar varios meses preso. Luego de su muerte, la justicia otorgó prisión domiciliaria a cinco opositores de avanzada edad, cuya salud se deterioró debido a las precarias condiciones carcelarias, según sus familiares.

El 31 de marzo pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución crítica con Nicaragua en la que, entre otras cosas, se autoriza la creación de un grupo de expertos para investigar las denuncias por violación de derechos humanos contra el régimen de Daniel Ortega.

La resolución se aprobó durante la sesión con 20 votos a favor y siete en contra -Venezuela, Rusia, Honduras, Eritrea, Cuba, China y Bolivia- y una veintena de abstenciones.

El grupo tendrá un mandato inicial de un año y su misión será similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.

El texto denuncia además un “retroceso democrático” en Nicaragua a todos los niveles y hace hincapié en las presuntas irregularidades acaecidas en el marco del proceso electoral de 2021, así como en las “detenciones arbitrarias” de dirigentes de la oposición y la presión general sobre la sociedad civil.

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