El Tango 01 finalmente no se arreglará. Luego de una extensa evaluación, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo que depende de Naciones Unidas, le recomendó al Gobierno que desista de ese camino y avance con un “exchange”, esto es, cambiar el avión presidencial por uno similar, de la misma marca y modelo. Para eso, la OACI acaba de poner en marcha una licitación internacional, pudo saber Infobae de fuentes oficiales. Si prospera, el Gobierno deberá entregar el avión presidencial y desembolsar entre 15 y 25 millones de dólares antes de fin de año.
El avión presidencial se dejó de usar a fines de 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo varios intentos frustrados para comprar otro avión, pero finalmente el plan se diluyó entre internas y lobbies locales. En ese momento también se recurrió a la OACI: hubo dos licitaciones pero ninguna tuvo éxito.
Durante todo su mandato, Macri intercaló vuelos comerciales y privados para sus viajes al exterior. Pero se expuso demasiado. De hecho, le tocó compartir un vuelo de Aerolíneas Argentinas con dos narcotraficantes y 64 mil pastillas de éxtasis.
En 2020, con el cambio de gestión, los expertos recomendaron reparar el avión con una inversión estimada de entre 12 y 15 millones de dólares. Los trabajos previstos incluían la “rectificación” de los motores, la pintura exterior, reparar el tren de aterrizaje, la actualización de la unidad de adquisición de datos de vuelo (DFDAU) y del software del sistema de comunicación digital de abordo, y hasta agregar tanques suplementarios de combustible para poder volar hasta el sur de Europa o Estados Unidos sin realizar escalas, una de las grandes críticas al Tango 01.
El proceso estuvo trabajo más de un año por un litigio entre la firma “Kestrel Aviation Management” y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por el supuesto incumplimiento de un contrato por el leasing de dos Bombardier Challenger 601-3A que iban a estar destinados a misiones de búsqueda, rescate y verificación de radio-ayudas. Recién en noviembre del año pasado, se retomaron las negociaciones para lanzar una licitación internacional.
“La reparación del avión se descartó por las dificultades para conseguir las piezas y por el tiempo que lleva parado (en El Palomar)”, explicó una fuente oficial que conoce cada detalle del proceso. No fueron las únicas razones. “El motor y el fuselaje tienen corrosión, en esas condiciones no se podía trasladar a Córdoba (donde funciona la Fábrica Argentina de Aviones). Además todas las inspecciones estaban vencidas”, apuntó un funcionario con despacho en la Casa Rosada.
“Aunque ambas opciones (reparación o reemplazo) plantean riesgos relevantes, es la consideración de la OACI que existe una alta probabilidad, o casi certeza, de que la reparación del avión no podrá ser completada dentro de los tiempos requeridos, y que se podrá ver significativamente demorada por los factores antes mencionados, afectando en varios meses al calendario objetivo”, dice un informe de la OACI fechado en febrero de este año.
Ahora comienza otra carrera con obstáculos. El pliego que acaba de publicar la OACI en su sitio web puso una fecha para la apertura formal: 11 mayo. Pese a la crisis económica e institucional, en el Gobierno aspiran a tener un nuevo avión antes de agosto.
El “exchange” implica cambiar el Tango 01 -un Boeing 757 200 adquirido por el Estado argentino en 1992- por un avión similar pero a eso hay que sumarle una suma millonaria. “Será entre 15 y 25 millones de dólares, eso depende de la ofertas que aparezcan”, responden en la Dirección General de Logística, a cargo de Leonardo Barone.
Aunque está parado hace más de seis años, el avión requiere una serie de trabajos de mantenimiento. Desde 2015, todos los años se pagan unos USD 220 mil por año, entre gastos de personal, repuestos y el pago regular a la empresa Boeing.
Desde que asumió como presidente, Alberto Fernández intercaló el alquiler de aviones privados con el resto de los aviones de la flota presidencial disponibles. En las últimas giras presidenciales, sin embargo, se decidió alquilar aeronaves de Aerolíneas Argentinas argumentando que era más económico.
Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Kirchner utiliza varios de los aviones oficiales y un Learjet de la firma YPF para sus constantes viajes a Santa Cruz. El uso discrecional de esas aeronaves provocó una denuncia penal de los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro. Solo en 2021, según un informe periodístico, el Estado gastó $16.590.000 para trasladar a la vice.
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