El Tribunal Oral Federal 8 salió sorteado este martes para llevar adelante el juicio oral de la causa D’Alessio por asociación ilícita, extorsión y lavado de dinero, en donde se sentarán en el banquillo el banquillo al falso abogado Marcelo D’Alessio, junto a dos ex policías bonaerenses, un ex espía y un fiscal, entre otros acusados. El sorteo fue llevado adelante por la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que el miércoles pasado el juez Julián Ercolini decidiera elevar a juicio la mayor parte de la causa, que recibió en diciembre pasado desde Dolores.
Hay una parte del caso que aún no fue elevada. Allí, la Cámara Federal ordenó llevar adelante una serie de medidas de prueba que habían sido pedidas por el fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa, y revisar el rol de la Unidad de Información Financiera.
De los ocho hechos por los cuales había sido procesado Stornelli por el juez federal Alejo Ramos Padilla, la Cámara Federal de Mar del Plata dejó en pie dos: los casos Ubeira y Castañón. La defensa había solicitado llevar adelante una serie de medidas de prueba, avaladas por la fiscalía, para refutar esos dos hechos y el juez de Dolores, sucesor de Ramos Padilla, había entendido que el Ministerio Publico debía definir sobre su elevación a juicio.
Puntualmente, la defensa de Stornelli, a cargo de la abogada Raquel Pérez Iglesias, había pedido una serie de declaraciones testimoniales, una pericia informática y un informe pericial médico. El 22 de octubre pasado, el juez Martín Bava había rechazado el planteo por entender que no resultaban “útiles y pertinentes”. Pero la defensa apeló y a mediados de diciembre, la Cámara Federal de Mar del Plata declaró mal denegado el recurso interpuesto. Días después, por orden de Casación, el caso pasó a Comodoro Py.
En su apelación, ahora ante la Cámara Federal porteña, la defensa admite la “discrecionalidad que rige en materia de producción probatoria”, pero habló de “arbitrariedad” y la violación de “garantías constitucionales –debido proceso y defensa en juicio-”.
Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia le encomendaron a Ercolini que “en lo sucesivo analice si corresponde la intervención de la UIF en los legajos que se sustancien, teniendo en cuenta los hechos e imputados respecto de los cuales se halla legitimada para actuar”. Es decir, solo lo que alude al llamado grupo de Whatsapp “Buenos Aires”. Y señalaron que fue la propia Cámara Federal de Mar del Plata la que había hecho lugar al pedido de la defensa, “razón por la cual corresponde estar a lo allí”.
No es un dato menor la limitación al rol de la UIF. Es que el organismo estatal había asegurado que estaba probado que existió un espionaje ilegal y pidió incluir entre esos acusados al fiscal Stornelli.
A lo largo de la investigación se determinaron diferentes hechos de espionaje ilegal que prueban que “esta asociación criminal utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales, y que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros”, dijo la UIF en su pedido de elevación a juicio presentado en Dolores en octubre pasado.
”Estos integrantes conformaban diferentes grupos interviniendo muchas veces terceros con quienes se aliaban para sus fines delictivos. A su vez, disponían de amplios y variados recursos gracias a las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los distintos poderes del Estado”, agregó.
La causa fue envidada parcialmente la semana pasada a juicio oral. Allí se ordenó enfrentar al banquillo a D’Alessio, los ex policías Ricardo Oscar Bogoliuk y Norberto Aníbal Degastaldi, el ex agente de inteligencia Rolando Hugo Barreiro, el fiscal de Mercedes suspendido Juan Ignacio Bidone; y Eduardo Ariel Menchi, quien se movía como custodio del falso abogado. También a los acusados Aldo Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, Mariano Rubén Díaz y el ex prefecto Franco Pini.
A los procesados se les imputa “haber formado parte de una asociación ilícita que, en fecha incierta pero al menos desde el año 2016 hasta el mes de febrero de 2019, planificó y, en ciertos supuestos, ejecutó -sin poseer facultades para ello ni orden de autoridad competente- actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”.En forma paralela, “la organización llevó a cabo maniobras extorsivas, intimidatorias y/o coactivas”, señaló Ercolini.
En el debate no sólo se ventilarán los vínculos de D’Alessio con periodistas, fiscales y jueces, sino también la llamada “operacion Fantino” o las tareas de contrainteligencia sobre la fallecida Natacha Jaitt. Según la hipótesis de la causa, D’Alessio buscaba neutralizar a la modelo luego de su participación en el programa de Mirtha Legrand. Allí Jaitt expuso que distintas personalidades y las acusó de estar relacionadas a casos de abusos sexuales y pedofilia sufridos por jugadores de la reserva del Club Atlético Independiente.
En agosto pasado, el Tribunal Oral Federal 2 ya condenó a cuatro años de prisión a D’Alessio por intento de extorsión, junto a algunos de los implicados en esta causa, como Bidone o Barreiro por la extorsión a Gabriel Traficante, mencionado en la causa de la mafia de los contenedores. “Me dolió la canallada de los que corrieron en estado de pánico a usar los medios diciendo que era un loquito, un fabulador o que dialogaba sobre narcotráfico o calibres de proyectiles sónicos con un nietito”, dijo en ese momento.
Es posible que las defensas apelen la decisión para que el caso pase a juicio D’Alessio. No obstante, Casación sorteó esta mañana el TOF que quedará al frente del futuro debate. Salió elegido el TOF 8, a cargo de los jueces Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y Nicolas Toselli.
Aunque solo una de las juezas participó formalmente, el TOF 8 es el que tuvo en sus manos la causa del Memorándum con Irán, en donde se resolvió sobreseer a todos los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por entender que el Pacto con Irán no había sido delito sino una decisión política no judiciable. La resolución está apelada ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación por las querellas.
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