Santa Fe tiene la Constitución más atrasada del país, una rémora que impone a la Legislatura trabajar sólo seis meses al año

Es curioso lo que pasa en Santa Fe. Todos los gobiernos quieren reformar la Constitución, pero siempre fracasan por mezquindades políticas y cálculos electorales. El fantasma de habilitar la reelección del gobernador de turno impide el resto de los acuerdos. Y así, la última reforma de la Carta Magna santafesina cumplió este mes 60 años y, entre otras desactualizaciones, obliga a los legisladores santafesinos a sesionar apenas seis meses al año, entre el 1º de mayo y el 31 de octubre.

No es culpa de senadores y diputados que sean los únicos privilegiados del país ante la ley y tengan que trabajar menos que el resto de sus conciudadanos. Eso es lo que determina la ley, que hace que Santa Fe quede desacoplada del resto de las provincias argentinas cuando cada 1º de marzo se habilita el período ordinario de sesiones, mientras que en la bota hay que esperar dos meses más.

En el ínterin sólo pueden tratarse los mensajes que envía el Poder Ejecutivo, con lo cual en la práctica hay actividad más allá de ese período. Pero ese detalle de las fechas de las sesiones suele ser uno de los puntos que se mencionan cada vez que se quiere justificar el cambio de la Constitución más antigua del país.

Es que resulta difícil involucrar en el resto de las cuestiones al electorado, hastiado de discusiones políticas y más necesitado de cambios que beneficien su vida cotidiana inmediata, como atacar la inseguridad y combatir el alza de los precios. “La cabeza de la gente no está en eso”, contestó ante una pregunta sobre la reforma el gobernador Perotti hace un mes.

Ya hay cuatro proyectos

Reunir las voluntades políticas que habiliten la necesidad de una reforma y llamar a una elección de constituyentes es lo que sí podrían resolver los legisladores actuales. Para eso este año frente a sus bancas dispondrán de al menos cuatro proyectos de reforma: tres ya fueron presentados y otro ingresará el miércoles próximo.

La primera iniciativa fue del diputado Gabriel Real, (del PDP en el Frente Progresista) , la segunda de Rubén Giustiniani (ex socialista actualmente en el bloque Igualdad y Participación), y un tercero de Luis Rubeo, un justicialista no alineado con el actual gobierno de Perotti que reingresó el mismo proyecto que presentó varios años atrás. El cuarto fue anunciado para la semana que viene por Nicolás Mayoraz, del bloque Somos Vida y Familia.

La idea es aprovechar el turno electoral de 2023, cuando haya que elegir gobernador y el resto de los cargos, y agregar una boleta más para la elección de los diputados y diputadas constituyentes. El proyecto de Rubeo propone que la reforma se concrete en cinco meses, rija desde 2024 y sea jurada por las autoridades electas el año que viene. “Como no se sabe quien va a ganar, no se favorece a ninguno”, explican con argumentos ilusorios.

Curiosamente no está previsto que el gobierno de Omar Perotti presente su propio proyecto, a pesar de que el gobernador recordó que la Constitución “quedó vieja” y se manifestó a favor de una reforma, una posición histórica del peronismo.

La estrategia del gobierno de Santa Fe fue mandar al frente al Partido Justicialista y pedirle a sus autoridades que lleven adelante las gestiones para una reforma, pero no se advierte hasta el presente demasiado entusiasmo, ni siquiera un inicial llamado al diálogo.

Tal vez la idea sea no desgastarse en un intento que puede no prosperar, y sumarse sólo si el debate y el consenso toma cuerpo a nivel legislativo, teniendo en cuenta que el gobernador no tiene diputados propios en la Cámara Baja. Y todavía no se conoce la posición de socialistas y radicales, no tanto sobre el tema de fondo, sino sobre concretarlo este año.

El fantasma de la reelección

Casi todos los gobernadores de la provincia en los últimos veinte años impulsaron la reforma constitucional en Santa Fe. El que más lejos llegó fue el socialista Miguel Lifschitz, que jugó a fondo con el tema y desistió solo cuando vio que los votos no le alcanzaban y la iniciativa iba a fracasar. En el medio quedaron las sospechas de que las trabas provinieron de su propio partido, una vez que su proyecto fuera girado a cinco comisiones de Diputados, algunas de ellas sin mayoría oficialista.

Las dificultades nunca están en los detalles en los que casi todos van a acordar, como ampliar derechos, incorporar la autonomía municipal o el Consejo de la Magistratura. El fantasma de una reelección para el gobernador de turno es lo que siempre bloquea todas las posibilidades de acuerdo político.

Ni siquiera alcanza con un compromiso público de que ese tema no será incluido. La desconfianza mutua sospecha que finalmente con el argumento de que los constituyentes son autónomos, podrían incluir el tema entre los puntos a cambiar.

El proyecto de Giustiniani es uno de los que intenta remediar esa suspicacia y propicia poner bajo un paraguas tres cuestiones: la reelección del gobernador, el cambio de la capital provincial y una modificación en el sistema legislativo que apunte a la unicameralidad, como se implementó en Córdoba. “Saquemos el fantasma de la reelección”, propone Giustiniani.

No parece haber sido un obstáculo para gobernar en la provincia no tener la posibilidad de la reelección. El peronismo gobernó 25 años con distintos candidatos, el Frente Progresista lo hizo 12 años con tres gobernadores distintos, y varios candidatos dejaron pasar un turno y volvieron a presentarse. “No hay un Roosevelt en Santa Fe que se haya quedado afuera por esta prohibición”, afirman quienes le restan valor al tema que frena la reforma constitucional.

Pero nada alcanza para lograr la suficiente madurez política que se necesita para avalar estos cambios.

Es paradójico que lo que traba la actualización de la Carta Magna santafesina sea el temor a que a una gestión provincial le vaya demasiado bien. Porque eso y no otra cosa es lo que se esconde detrás de los reparos que existen para darle la posibilidad de ser reelecto al que está al frente del gobierno. Como si la reelección estuviera asegurada sólo porque un candidato puede volver a presentarse.

Nadie quiere darle ocho años al otro. La oposición no quiere hacerlo para no favorecer supuestamente al que gobierna, y el gobierno no quiere dejarle servida esa instancia a sus rivales. Y así, la nave va.

Como premio consuelo, el gobierno de Santa Fe avanza con otras iniciativas: la posibilidad de que los jóvenes de 16 años puedan votar de manera voluntaria y optativa en la elección provincial, y armó un Consejo de Asesores Expertos y un Consejo de Ciudades para avanzar en la instrumentación de la autonomía municipal, un tema que logró el consenso de los intendentes y por el que la provincia ya tiene un reclamo de la Corte Suprema de Justicia. Al igual que la idea de ampliar de dos a cuatro años la duración del mandato de los presidentes comunales.

Las opiniones sobre estas cuestiones son diversas, pero hay cierto consenso en que se pueden aprobar por ley, mientras se espera el consenso para traer la Constitución de Santa Fe al siglo XXI. “Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe”, arriesgan los más optimistas con medido entusiasmo. Aunque por ahora sólo hay voluntarismo, en una provincia que atrasa en materia normativa y en la que casi nunca se puede nada.

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