El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que ordenó que haya una nueva integración del Consejo de la Magistratura entra mañana en vigencia. Pero no habrá una nueva composición. El Congreso no sancionó una ley, ni el Consejo se completó para pasar de sus actuales 13 integrantes a 20. ¿Y entonces?
Entonces se abren distintos escenarios de cara al futuro del órgano encargado de la selección y acusación de jueces y de la administración del Poder Judicial, que además es el territorio de pelea entre el kirchnerismo y el macrismo, en el que entró a mediar la Corte Suprema con su fallo.
La Corte Suprema declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la integración de 13 miembros del Consejo porque no respeta el equilibro que manda la Constitución Nacional entre los representantes de la política y de los técnicos. El máximo tribunal dio un plazo de 120 días corridos -vencieron el viernes- para que el Congreso dicte una nueva ley para regule el organismo. Si no había norma -como no la hubo-, el Consejo debía volver a su anterior composición de 20 miembros, en la que el presidente de la Corte es el titular del Consejo. Y el máximo tribunal señaló que si para el 15 de abril no asumía una nueva integración todo lo que el Consejo hiciera sería nulo.
A los 13 actuales consejeros se deben sumar siete para completar el mandato del actual organismo que vence en noviembre. Se suman Horacio Rosatti, como titular del máximo tribunal, una jueza, dos abogadas, una académica, un diputado y un senador. Rosatti ya está designado, la jueza y las abogadas fueron electos hace dos semanas, y mañana lo será la académica, aunque esa elección está judicializada. Faltan los legisladores que no fueron ni serán, por el momento, designados por el Congreso.
Así, mañana, en su primer día hábil, el nuevo Consejo no funcionará. Entonces, ¿qué pasará? Nadie tiene una respuesta certeza, pero aparecen escenarios.
El primero es que la Corte Suprema llegará al Consejo. Nadie, ni en el oficialismo ni en la oposición, dudan que eso es lo que ocurrirá. Pero no hay certezas ni de cómo ni cuándo. En principio deben jurar como consejeros Rosatti, la jueza Agustina Díaz Cordero y las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Pero no hay fecha para eso, por lo menos oficial.
Pero restan otros tres consejeros. Recién el lunes estará la representante de los académicos -será Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca-.
La situación de los legisladores es más compleja. Juntos por el Cambio pidió que sean de su bloque -la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez- pero un fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso le ordenó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de Diputados, Sergio Massa, que se abstengan de hacerlo hasta que resuelva un planteo que presentó el diputado oficialista Marcelo Casaretto. A eso se suma que en el kirchnerismo sostienen que esos representantes le corresponden.
En la oposición creen que a pesar de esa pelea, la Corte puede poner en marcha el Consejo con los representantes que estén a la espera de que lleguen los demás. Y criticaron la decisión del juez de Paraná. “El kirchnerismo busca cualquier artilugio para INCUMPLIR un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo es claro: si el 15/4 no hubiere nueva ley, se pone en vigencia la de 1997. Desde 1862 la Corte es quien tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una ley”, dijo en su cuenta de la red social Twitter el diputado de la UCR Mario Negri sobre el fallo judicial.
El laberinto judicial por esa decisión se completa con un pedido del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires que hizo el viernes en la Corte para que el máximo tribunal intervenga directamente en el caso y anule la decisión de Alonso.
Si la Corte asume en el Consejo se plantea un segundo escenario, más político. ¿Qué harán los representantes del oficialismo si la semana que viene Rosatti llega al Consejo y pone en marcha el organismo?
Ahí tampoco hay dudas: habrá una pelea de frente con el Gobierno. El Frente de Todos -en esto no hay grieta entre el albertismo y el kirchnerismo- no quiere a la Corte en el Consejo. Desde lo político consideran que es demasiado poder para el máximo tribunal y desconfían de la figura de Rosatti -ex ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner que dejó el cargo el cargo al negarse a firmar una licitación para la construcción de cárceles en las que sospechaba que había corrupción- porque creen que jugará con el bloque de la oposición. Una señal de eso ocurrió la semana pasada en el último plenario de 13 miembros del Consejo cuando había acuerdo para aprobar un reglamento de emergencia y por pedido del máximo tribunal la oposición lo rechazó.
El rechazo a la Corte quedó plasmado en el proyecto de ley que el oficialismo presentó en el Congreso. Contempla un Consejo de 17 miembros sin el máximo tribunal. En la oposición presentaron otro de 20 integrantes en el que sí está la Corte. El Senado aprobó la iniciativa del senador Alberto Weretilneck que no incluye a la Corte. Eso pasó a Diputados donde la pelea por los votos es más complicada.
El oficialismo también plantea objeciones legales. Sostiene que si no están los legisladores designados el Consejo no puede funcionar. Para eso se basan en que la Corte en su fallo dijo que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”, es decir los siete nuevo juntos. En la oposición dicen que no necesariamente es así y que la Corte está habilitada para asumir con los que estén. También el oficialismo sostiene que la respuesta la debe dar el Congreso con una nueva ley y no con la integración de 20 que remite a una norma que está derogada.
Esa postura ya la plasmó públicamente y apuntó directo a la Corte. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura”, dijo la semana pasada Oscar Parrilli, el senador más cercano a Cristina Kirchner. El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau se expresó en el mismo sentido: “El objetivo es que Rossati se autocorone, como si fuera un Napoleón de pacotilla, titular del Consejo de la Magistratura. Este golpe palaciego sólo es posible porque la Corte representa y se apoya en los grupos dominantes. Por esa razón hasta se dan el lujo de reformar la Constitución con sentencias”.
En la oposición creen lo contrario. Que los fallos de la Corte Suprema están para cumplirse y que no se puede paralizar el Consejo, por eso esperan que en la semana el máximo tribunal tome las riendas.
En ese sector también descartan que Rosatti vaya a ser un integrante de su bloque. “Lo veo más que como una especie de Papa judicial que venga a acercar posiciones entre todos para el cuerpo funcione”, le dijo a Infobae un hombre de la oposición.
La crisis del Consejo es grande. En lo que va del 2022 el Consejo no aprobó ningún concurso de juez. El año pasado aprobó cinco, el número más bajo desde el 2000, cuando el organismo comenzó a sancionar ternas. Eso se debe a paridad que hay hoy de votos entre oficialismo y oposición y a la pelea por la designación de jueces, con la disputa central en los cargos vacantes en los tribunales de Comodoro Py.
De mil cargos de jueces que tiene la justicia nacional y federal, 246 están vacantes. Y de esos 246, 153 están en trámite en el Consejo.
Infobae le preguntó a dos integrantes del oficialismo en el Consejo si se sentarán con Rosatti como presidente el cuerpo en un nuevo organismo. “No sé” y “depende a qué venga”, fueron las respuestas. Eso anuncia la posibilidad de que el Gobierno vacíe el Consejo si llega la Corte. En la oposición no hay dudas: se sentarán con el máximo tribunal.
Un tercer escenario es que por estas disputas jurídicas y políticas no haya un nuevo Consejo en lo inmediato y la pelea se estire. Pero es una posibilidad escasa. “La Corte como cabeza del Poder Judicial se va a ocupar de este tema”, dijo la semanada pasada el consejero juez Ricardo Recondo. Esa es la postura mayoritaria de la oposición.
El cuarto escenario es que la Corte desembarque en el Consejo y que todos se sienten a poner en marcha la nueva etapa. Oficialismo y oposición con Rosatti como mediador de sus intereses. Será una partida de póker donde todos se mirarán de reojo. Significará un reacomodamiento interno a la espera de cómo será el funcionamiento de un Consejo de 18 integrantes -descontando que en primer momento los legisladores no lleguen al cuerpo- cuya dinámica política se verá en la marcha.
El quinto y último escenario es el menos probable. Que la Corte definitivamente no asuma en lo inmediato. Así el Consejo seguiría de 13 integrantes, pero bloqueado por el fallo del máximo tribunal para funcionar. Por esa posibilidad, el organismo aprobó la semana un reglamento especial de funcionamiento mínimo en la emergencia, sobre todo para cuestiones administrativas. Como administrador del Poder Judicial, el Consejo paga los sueldos de todos los jueces, funcionarios y empleados de la justicia nacional y federales y provee los recursos para su funcionamiento.
“Nosotros por mayoría garantizamos el servicio de justicia ante cualquier emergencia que aparezca”, dijo un hombre del oficialismo.
Los escenarios están abiertos. El que todos esperan es que la Corte Suprema llegue esta semana al Consejo con una segura tensión política que nadie se aventura a decir qué consecuencias tendrá.
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