Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema dio la primera señal de lo que hará y tuvo el respaldo de la oposición

La política y la Justicia miran a la Corte Suprema. Se espera qué es lo que hará la semana que viene con el Consejo de la Magistratura de la Nación y su nueva integración. En el máximo tribunal hay hermetismo pero todos tienen una certeza: que de alguna forma desembarcará en el Consejo. Una señal de que así será la dio el martes a la tarde y tuvo recepción de la oposición en el organismo, lo que generó una pelea con el oficialismo.

El escenario del indicio que bajó la Corte fue el último plenario de Consejo antes del recambio en su composición y de la llegada del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y que se realizó ayer a la mañana. En esa reunión se trató un reglamento especial para trabajar en la emergencia administrativa si el cuerpo queda paralizado. Hasta el martes al mediodía el oficialismo y la oposición estaban de acuerdo -con alguna diferencia salvable- en su aprobación. De hecho así lo habían acordada en reuniones anteriores.

Pero el martes a la noche, los consejeros de la oposición le avisaron a sus pares del oficialismo que no votarían el reglamento. Lo que cambió fue una señal de la Corte: desde el máximo tribunal hicieron saber que no veían bien la aprobación de ese reglamento. La explicación que dieron fue que esa resolución iba en contra del propio fallo que habían dictado en diciembre del año pasado. Allí dijeron que desde el 15 de abril, si no había una nueva integración, todo lo que el Consejo hiciera sería nulo.

El pedido de la Corte fue confirmado a Infobae por cuatro integrantes del Consejo, tanto del oficialismo como de la oposición. Alguno de ellos fueron los interlocutores. Inclusive, cuentan que el mensaje llegó a los máximos referentes políticos de la oposición.

Entre los consejeros no solo se llevaron la petición de la Corte, sino también la certeza de que la semana que viene -y en el medio de una discusión política y jurídica- el máximo tribunal llegará al Consejo. “No nos confirmaron qué van a hacer la semana que viene pero no tenemos dudas que algo van a hacer”, le dijeron a este medio desde el oficialismo.

Con esa línea, la oposición se sentó en el plenario de ayer con la decisión en conjunto de no aprobar el reglamento. El oficialismo mantuvo su postura de aprobarlos. Esas diferencias son las que hay en la política sobre el Consejo y la Corte. El Gobierno no quiere que el máximo tribunal integre el Consejo, mientras que en la oposición sí. Y así lo plasmaron en los proyectos de ley que presentaron. Hay otros motivos: la Corte Suprema tiene que resolver la pelea entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación.

El reglamento que llegó al plenario era para establecer una esquema de actuación ante una urgencia. Sobre todo en temas administrativos ya que el Consejo es el encargado de pagar los sueldos de todo el Poder Judicial y de proveer los insumos.

La resolución establecía que ante la finalización desde el viernes de la actual integración se delegaba en el actual presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo, la gestión de los recursos humanos, la ejecución de los actos administración, representar al organismo en los juicios y asignar a las comisiones los temas que ingresen. El segundo punto era que el Presidente, en aquellos casos que exceden las funciones que recibió, puede consultar a otros consejeros para tomar decisiones. Para eso necesita el aval de siete miembros, dice el proyecto del reglamento. Siete es el bloque de consejeros del oficialismo. La oposición había objetado que eso los dejaba afuera de las determinaciones y se cambió a nueve consejeros, lo que le permitía la participación de ese sector.

Pero todo cambió con la intervención de la Corte.

En el plenario quien puso la voz y la cara para plasmar la postura de la oposición fue Diego Marías, representante de los abogados y un hombre muy cercano al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ex presidente Mauricio Macri.

“Hay señales que no podemos desconocer de que la Corte Suprema va actuar de manera inminente de alguna manera que por ahora desconozco”, dijo Marías en el plenario del Consejo cuando comenzó a discutir el reglamento especial. “El reglamento tiene su lógica pero en este escenario sería un gran ejercicio de prudencia no avanzar con la aprobación de esta resolución en esta coyuntura. Humildemente invito a este cuerpo a que se reconsidere esta resolución para no desconocer el fallo de la Corte. Es conveniente esperar los próximos pasos que de la corte suprema. Si bien habrá cuestiones confusas, sobre todo en la administración, no advierto que haya una parálisis del poder judicial”, agregó.

Desde el oficialismo le respondieron. “Estoy sorprendido”, contestó Diego Molea, representante de los académicos. “No estoy de acuerdo con este reglamento pero estaba consensuado entre los 13. Me siento confundido con el respeto a la palabra que hemos tenido. Votar de manera separada una ultima resolución me da pena. No sé, estoy confundido. No es con la idea con la que me fui a dormir ayer”, criticó la postura de la oposición.

“Hasta ayer a la tarde (por el martes) hemos estado charlando esta resolución sobre la que estábamos todos absolutamente de acuerdo. Me sorprende también”, señaló en la misma línea Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno en el Consejo. “No sé qué va a pasar el lunes, el martes o el miércoles pero como cuerpo estamos obligados a garantizar el funcionamiento mínimo. Si el lunes entra una denuncia gravísima contra un juez, ¿quién la atiende? Y si el lunes pasa algo, sobre lo que no tengo certezas pero tampoco dudas, la Corte sacara otra resolución que disponga lo que tenga que disponer”, agregó en defensa del reglamento.

“El doctor Marías dice que la Corte va a actuar. ¿Es una información, es una previsión o una instrucción? A esta presidencia nadie le dijo, formal o informalmente, que mañana la Corte va a asumir. Si lo hace sería una especie de intervención. Si no somos capaces que el Poder judicial funcione, renunciemos. Vayámonos a nuestra casas”, sostuvo más duro Lugones.

“No hay que cambiar de opinión porque aparecen llamados, aparecen presiones, especulaciones de otros y otras”, manifestó la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley a los consejeros de la oposición, en otra de las intervenciones duras.

El otro consejero de la oposición que planteó no aprobar el reglamento especial fue el juez Ricardo Recondo. “A partir del día 120 nosotros hemos dejado de ser el Consejo de 13. Cualquier resolución que hagamos o tomemos a partir de ese día no podemos. La Corte como cabeza del Poder Judicial se va a ocupar de este tema”, dijo el magistrado.

Luego se votó y el reglamento se aprobó. Fue con los siete votos del oficialismo: Ustarroz, Molea, Lugones, Siley, la diputada peronista Graciela Camaño y los senadores del Frente de Todos Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara. En contra lo hicieron Marías, Recondo, el diputado del PRO Pablo Tonelli, el abogado Carlos Matterson y el juez Juan Manuel Culotta. Quien se ausentó al momento de la votación fue Silvia Giacoppo, senadora de la UCR, y que responde al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En el oficialismo lo tomaron como una señal: con Morales negocian la aprobación de concursos, aunque el gobernador por ahora se mantiene con la oposición.

“Nosotros por mayoría garantizamos el servicio de justicia ante cualquier emergencia que aparezca”, le dijo a Infobae un integrante del oficialismo, donde sabían antes del plenario la postura de la oposición y también el pedido de la Corte. “Para nosotros fue un costo”, reconoce un hombre de la oposición sobre la disputa.

Así, todos las miradas quedan puestas en la semana que viene con lo que defina la Corte. Nadie duda en el Consejo que algo hará. No saben qué.

La Corte declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración del Consejo y dio un plazo de 120 días para que haya una nueva, ya sea por una ley o por el regreso a un anterior composición de 20 miembros. Y estableció que vencido ese plazo todo lo que haga será nulo. En el Consejo interpretan que la nulidad será en las decisiones del plenario -aprobación de concursos o juicios políticos a jueces- pero que tenían el aval para las cuestiones de funcionamiento, por eso el reglamento.

El plazo vence mañana y no hay nueva composición. El Senado aprobó un proyecto la semana pasada pero los tiempos no dan para que así lo haga Diputados, donde además el oficialismo no cuenta con los votos, o debe hacer un trabajo mayor para conseguirlos, porque Juntos por el Cambio no apoya la iniciativa.

Y de los siete consejeros que se deben sumar a los 13 faltan dos. Rosatti ya está designado por ser el titular de la Corte Suprema y presidirá el Consejo -tal como establecía la ley de 20 miembros-, una jueza y dos abogadas fueron elegidas la semana pasada y la nueva representante de los académicos lo será el próximo lunes. Faltan un senador y un diputado.

Juntos por el Cambio los pidió ayer para si. Pero en el oficialismo objetan esa postura. Y además una medida cautelar del juez federal de Paraná Daniel Alonso le ordenó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y al titular de Diputados, Sergio Massa, que se abstengan de designarlos.

Así al nuevo Consejo le faltarían dos. En el oficialismo sostienen que la Corte no puede conformarlo porque en su propio fallo dijo que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”. En la oposición argumentan que, a pesar de eso, el máximo tribunal podría hacer funcionar al organismo con los representantes ya elegidos a la espera de los legisladores.

Todo queda abierto y con la expectativa puesta en la Corte Suprema para la semana que viene.

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