Fuerte protesta frente al despacho de Ramos Padilla por archivar la causa sobre la mega toma de Los Hornos

Unos cinco mil vecinos de La Plata se concentraron frente a los tribunales de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires para protestar contra el polémico fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla que determinó la “inexistencia de delito” y archivó la causa que hace dos años se abrió por la mega toma de 163 hectáreas de tierras en la localidad de Los Hornos. La decisión fue tomada bajo el argumento de que la usurpación se realizó a la luz del día y sin violencia. Son los mismos vecinos autoconvocados que proponen una “rebelión fiscal” para que se deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial.

La toma es la más grande en territorio bonaerense. Ocurrió hace dos años. Esta ubicada en la localidad de Los Hornos y las tierras, que pertenecen al Estado Nacional, formaban parte del Club de Planeadores. Algo más de 60 hectáreas fueron cedidas a la provincia de Buenos Aires que decidió, a través del ministro del ministro de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, urbanizar el predio. Buena parte de las precarias casillas fueron construidas en una zona inundable.

Durante la masiva marcha, los vecinos expresaron de manera abierta su rechazo a los argumentos utilizados por el magistrado, al que vinculan con el kirchnerismo.

El juez interpretó que debía archivar la causa “por no constituir delito los hechos que la originaron”. Entre otros motivos, explicó, no estaba configurado el delito de usurpación porque los apropiadores no lo hicieron de manera “clandestina”, es decir, intentando ocultar el presunto delito. Agrega que la toma fue a plena luz del día y sin violencia.

Alejo Ramos Padilla también justificó su decisión de no seguir investigando a los presuntos responsables de la mega toma porque “no existe antes ni ahora acusación por parte del Ministerio Público Fiscal hacia ninguna persona a quien se le imputara la comisión de un delito”. Y agregó: “Sólo se encontraba corroborada la existencia de cientos de familias de escasos recursos que viven y ocupan el predio del Estado Nacional que fue cedido parcialmente para llevar adelante un proyecto de urbanización a través de los órganos administrativos pertinentes”.

El ex juez federal de Dolores se defiende de las duras críticas que recibió: “En cualquier causa penal, los jueces únicamente pueden actuar si existe impulso previo por parte del Ministerio Público Fiscal en el que debe identificarse a quienes se considera responsables de la comisión de algún delito previsto en la ley. Todo ello sin entrar en la discusión y las diferencias que existen entre una ocupación pacífica y una usurpación”.

“Es un fallo por demás repudiable y vergonzoso, que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de cualquier particular” , argumentaron los vecinos que portaban carteles convocando a una rebelión fiscal y pidiendo que el magistrado “de la cara ante la sociedad”.

Una vez que la determinación de Ramos Padilla se hizo pública a través de Infobae, el intendente de La Plata, Julio Garro, repudió la medida judicial y afirmó: “El fallo es verdaderamente preocupante. Desde el municipio le solicitamos a la Nación y a la Provincia que no dejen vencer los plazos y hagan la apelación correspondiente”. Además, sostuvo que “no hacerlo significaría avalar y ser cómplices de un claro acto ilegal, un negocio millonario que lucra con las personas que tienen verdaderas necesidades, a las que no solo les ofrece situaciones de vida insalubres, sin acceso a ningún servicio básico, sino que pone en riesgo sus vidas al dejar que se instalen en terrenos inundables. Dejar pasar esto es marcar un peligroso precedente hacia el futuro”.

Desde el primer día de la usurpación, los vecinos autoconvocados realizaron más de una docena de denuncias por el aumento de inseguridad en la zona, venta de estupefacientes en el predio, la comercialización de parcela a través de internet y hasta el ingreso de materiales de construcción, un hecho que la justicia había prohibido. Desde la alcaldía de La Plata los funcionarios acompañaron las denuncias y cuestionamientos.

Garro también exigió al gobierno de Axel Kicillof que apele el fallo “para no dejar precedente en una decisión que incita a más usurpaciones y delincuencia en general”.

De hecho, el domingo pasado, apenas conocido el fallo, unas 50 personas intentaron usurpar un nuevo predio, esta vez en la zona sur del distrito. La policía lo impidió. Hubo corridas, piedrazos y 30 mujeres y 10 hombres identificados en la maniobra.

La usurpación de Los Hornos comenzó en febrero del 2020, un mes antes del inicio de la pandemia, y creció exponencialmente con más de 3000 personas viviendo allí en la actualidad.

En tres oportunidades, el municipio solicitó el desalojo de la toma, al mismo tiempo que se advirtió sobre los riesgos hídricos que presentaba esa situación, ya que el lugar está atravesado por el cause de dos arroyos.

Por su parte, la secretaria de Planeamiento Comunal, María Botta, en diálogo con este medio, sostuvo: “El déficit habitacional se resuelve con políticas públicas y planificación, esto es con un Estado presente. Avalar la toma ilegal de tierras no es resolver el problema, es agravarlo. Y los platenses lo saben, por eso esta movilización de vecinos autoconvocados, que ya sufren el aumento de la inseguridad desde que sucedió la toma y ahora ven que un juez deja hacer, como si nada irregular pasara, como si no se estuvieran vendiendo terrenos ilegalmente por redes sociales, como si no se estuvieran instalando familias en terrenos inundables”.

En la protesta frente al Poder Judicial, ubicado entre la calle 8 entre, 50 y 51, estaban presentes empleados municipales, que también son vecinos de la zona, y diputados nacionales y provinciales como, Waldo Wolf, Alex Campbell y Julieta Quintero Chasman.

A pesar del reclamo por parte de los presentes para que el propio juez explique las razones de su resolución de manera presencial, Ramos Padilla optó no hacerlo. Días antes, difundió un comunicado en el que señalaba que “la ley vigente únicamente penaliza a quien, para lograr del despojo del inmueble –y no para mantener la posesión–, utiliza ‘violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad’, elementos que no se verificaron en la causa”.

Hasta el momento, los funcionarios provinciales no habían opinado sobre la polémica decisión de Ramos Padilla. Ayer, después del acto que Kicillof realizó en el municipio de Ensenada para anunciar un plan para contener precios en la provincia de Buenos Aires, el ministro Andrés Larroque se refirió al tema al ser consultado por Infobae: “El fallo de Ramos Padilla nos sorprendió. El Estado nacional es el que tiene la potestad de realizar las apelaciones correspondientes. También entiendo que Alak (ministro de Justicia), está evaluando el tema”.

En la resolución, el magistrado insta a las autoridades a urbanizar el barrio, tal como esta proyectado. Hasta ahora esas anunciadas obras no avanzaron, o lo hicieron en un porcentaje menor. El proyecto se puede empantanar porque, para pavimentar y construir las “viviendas con servicio”, la mayoría de las viviendas deben retirarse del predio y ser reubicadas de manera transitoria en otro lugar. Esto hasta ahora no ocurrió.

Las familias allí instaladas se niegan a dejar el predio a pesar de la promesa del techo propio. Una actitud que se afianzó más aún después de la resolución del magistrado que los legitima en ese espacio.

Ahora, tanto entre los funcionarios provinciales como municipales es que, como tantas otras, la mega toma de Los Hornos se trasforme en un enorme asentamiento precarizado y sin las mínimas condiciones de seguridad y salubridad.

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