Finalmente, el oficialismo y la oposición no lograron cerrar un acuerdo para aprobar 18 concursos de jueces para cubrir 49 vacantes, varias de ellas en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se juzgan los casos que involucran al poder político. Tal como se preveía, el tema se postergó en el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación para un momento que nadie sabe cuál será porque la semana que viene entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó una nueva composición del organismo que todavía no está.
Los concursos formaron parte del último plenario del Consejo. “Llegamos al ultimo día de funcionamiento ordinario, normal del Consejo. Hicimos esfuerzos para llegar a las dos terceras partes, los concursos son muchos y complejos. No hemos arribado a ningún acuerdo a pesar de haber sido generosos con la propuesta que hicimos. Estuvimos a uno voto de llegar al número”, dijo Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno nacional en Consejo. El diputado del PRO Pablo Tonelli lo cruzó. “Hoy no vamos a aprobar ninguna terna. No estoy de acuerdo que los esfuerzos para llegar a los consensos hayan sido tanto, creo que faltó”, dijo Tonelli.
Para aprobar un concurso se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete y la oposición seis, por eso era imprescindible el acuerdo. Así, Ustarroz propuso postergar todos los concursos, lo que fue aprobado por unanimidad.
En discusión estaban las vacantes en Comodoro Py: los juzgados de primera instancia que eran de Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y seis asientos en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas. Su suman concursos para las cámaras federales de Tucumán, Mar del Plata y Mendoza, en los Tribunales Orales Federales de San Martín y en juzgados de primera instancia del trabajo y civil, entre otras.
Ahora los concursos quedarán para cuando el Consejo vuelva a reunirse, lo que nadie sabe cuando será. Es porque el lunes entra en vigencia el fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado en el que declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros del Consejo y dio un plazo de 120 días para que haya una nueva composición, ya sea por ley del Congreso o por el regreso a la composición anterior de 20 miembros que incluye al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. La presencia o no de la Corte es el tema central de discusión.
Ese plazo vence el viernes. Y la Corte dijo que si no hay una nueva integración todo lo que haga el Consejo será nulo, una parálisis del organismo, lo que además de frenar los concursos y la investigación de jueces por mal desempeño tiene como punto central la administración del Poder Judicial, otra de las funciones del organismo. El pago de sueldos, la compra de insumos, licitaciones. El día a día del trabajo de los tribunales.
Por ese tema, y ante la incertidumbre de lo que pasará a partir del lunes, el Consejo hoy también trató un reglamento especial para actuar en la emergencia y hasta que el Consejo quede conformado. Ese punto dividió al oficialismo y a la oposición.
El reglamento propuso delegar en el actual presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, que integra el bloque del oficialismo, la gestión de los recursos humanos, la ejecución de los actos administración, representar al organismo en los juicios y asignar a las comisiones los temas que ingresen. El segundo punto es que el Presidente, en aquellos casos que exceden las funciones que recibió, puede consultar a otros consejeros para tomar decisiones. Para eso necesita el aval de siete miembros, dice el proyecto del reglamento. Siete es el bloque de consejeros del oficialismo.
Hasta el lunes había acuerdo entre los dos sectores de aprobar el reglamento de emergencia. La oposición objetó el número de siete consejeros para tratar cuestiones más complejas y el proyecto se reformó para que sean nueve, lo que implica la participación de ese sector.
Pero en el plenario de esta mañana la oposición dijo que no iba a aprobar el reglamento. “Hay señales que no podemos desconocer de que la Corte Suprema va actuar de manera inminente de alguna forma que por ahora desconozco. El reglamento tiene su lógica pero en este escenario sería un gran ejercicio de prudencia no avanzar con la aprobación de esta resolución”, dijo Diego Marías, representante de los abogados en el Consejo y un hombre del PRO en el organismo.
“Estoy sorprendido”, contestó Diego Molea, representante de los académicos. “No estoy de acuerdo con este reglamento pero estaba consensuado entre los 13. Me siento confundido con el respeto a la palabra que hemos tenido”, criticó Molea la postura de la oposición.
“No sé qué va a pasar el lunes, el martes o el miércoles pero como cuerpo estamos obligados a garantizar el funcionamiento mínimo de la justicia”, dijo Ustarroz.
El reglamento se votó y fue aprobado con los votos del oficialismo: Ustarroz, Molea, Lugones, la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y la legisladora peronista Graciela Camaño, los senadores oficialistas Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara. En contra lo hicieron Marías, Tonelli, el abogado Carlos Matterson y los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta.
El en plenario se aprobaron por unanimidad otros dos reglamentos. Son los de convocatoria para octubre de las elecciones de jueces y abogados para cuando el Consejo deba renovarse en noviembre, ante el vencimiento de sus actuales integrantes. Ante la duda de si para entonces el organismo podrá aprobarlos, el Consejo se adelantó a esa eventualidad y ya dejó reglamentada las elecciones.
Con eso terminó el último plenario del organismo y con la incertidumbre de lo que pasará a partir de la semana que viene, a la espera de lo que haga la Corte Suprema. Y esa incertidumbre quedó plasmada en la frase que utilizó Lugones para cerrar la reunión: “Nos volveremos a encontrar cuando dios disponga”.
El contexto de un plenario especial
El fallo de la Corte ordenó la sanción de una ley antes del 15 de abril. Pero no la habrá. El Senado aprobó un proyecto la semana pasada pero los tiempos no dan para que así lo haga Diputados, donde además el oficialismo no cuenta con los votos, o debe hacer un trabajo mayor para conseguirlos, porque Juntos por el Cambio no apoya la iniciativa aprobada. La oposición quiere que en el Consejo esté la Corte Suprema y el oficialismo no.
Pero tampoco para el viernes el Consejo volverá a su composición de 20. A los 13 se deben sumar el presidente de la Corte, una jueza y dos abogadas (que ya están porque fueron elegidas la semana pasada) y una representante de las universidades que será elegida el lunes.
Pero faltan dos más. Son un diputado y un senador. La disputa entre oficialismo y oposición es a quien le corresponde. Y ahí no hay acuerdo. Además, el senador Oscar Parrilli -el más cercano a Cristina Kirchner- dijo ayer no los enviarán porque el Consejo debe integrarse por ley. “Antes de pensar qué va a pasar el lunes, hay que analizar lo que está haciendo la Corte Suprema, que no es más que un golpe institucional al Consejo de la Magistratura”, dijo ayer Parrilli.
Para complejizar más la situación, ayer el juez federal de Paraná Daniel Alonso dictó una medida precautelar en la que le ordenó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, y a Sergio Massa, titular de Diputados, que se abstengan de designar a los representantes del Congreso en el Consejo. Fue en una causa que inició el diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto.
Desde la oposición, Juntos por el Cambio presentará hoy en el Congreso el pedido para dos de sus legisladores sean designados en el Congreso.
En este panorama la pregunta es ¿qué pasará el lunes? Nadie tiene la respuesta pero sí muchas especulaciones. Que la Corte no va a permitir que el Consejo deje de funcionar y que la semana que viene se presentará en el organismo y le tomará juramento a las consejeros. Muchos señalan que eso iría en contra del propio fallo del máximo tribunal que estableció que los nuevos consejeros deben asumir “conjunta y simultáneamente”. Para otros eso no obsta a que asuman los que estén designados.
Pero eso implicaría una pelea de frente -más de la que ya tiene- de la Corte con el gobierno nacional, muy crítico de la justicia en general y del Poder Judicial en general.
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