Por si a Alberto Fernández le faltasen frentes internos dentro del tensionado espacio de gobierno, se presentó en sociedad el “comité multisectorial para priorizar la deuda interna e investigar la deuda externa”. La iniciativa, que venía en formación antes del acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, sello con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que se gestó en el Instituto Patria, es decir desde sectores kirchneristas, se dio a conocer hoy, después de las palabras del funcionario cuestionado con dureza por el kirchnerismo. “Gestionaremos con gente alineada con el programa económico”, expresó Guzmán después del respaldo que recibió por parte del Presidente.
El documento, que adelanta posibles manifestaciones de repudio a los funcionarios del FMI que cada tres meses llegarán al país para supervisar las cuentas fiscales y que “buscará visibilizar las múltiples deudas internas que el Estado Argentino mantiene con su único verdadero acreedor: el pueblo”, está firmado por cien representantes de la cultura, la ciencia, los movimientos sociales, la comunicación, el sindicalismo y la justicia.
Entre ellos sobresalen nombres claramente críticos al gobierno de Fernández, piqueteros que acamparon sobre la avenida 9 de Julio, integrantes de movimientos sociales allegados al cristinismo e integrantes de la CGT que suelen cuestionar al jefe de Estado. Pero también funcionarios o ex funcionarios de la actual administración.
Entre otros, destacan: Pablo Moyano, uno de los tres secretarios generales de la CGT; Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande; Sabina Frederic, la ex ministra de Seguridad de Alberto Fernández y actual presidenta de Cascos Blancos; Roberto Salvarezza, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Norma Morales, dirigente de Somos Barrios de Pie, uno de movimientos populares, como el MTE, que forman parte del Frente de Todos; Omar Plaini, Secretario de Políticas Económicas y Sociales CGT; Orlando Carriqueo, integrante del Parlamento Mapuche Tehuelche, Río Negro; Cachorro Godoy, Secretario General de ATE; Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y secretaria de Seguridad durante la presidencia de Cristina Kirchner; Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); y entre otros, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y Julio Piumato, secretario general del Sindicato de Judiciales.
El documento que se dio a conocer, y al que accedió Infobae, refuerza los principales conceptos que ya hizo público el diputado Máximo Kirchner cuando votó contra el acuerdo con el FMI y cuestionó el “lucro empresarial a costa del bienestar social de los trabajadores”.
El texto de tres carillas fue presentado esta mañana ante el titular de la bancada del Frente de Todos en la Cámara alta, el senador kirchnerista José Mayans. El formoseño es el presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Fue en ese carácter que los integrantes de la flamante organización le solicitaron una audiencia.
En el escrito, los integrantes del populoso comité investigador, afirman: “La participación salarial en el Valor Agregado Bruto (VAB) pasó de 51 % a 42.7 % entre 2016 y 2021. La ganancia empresarial se ha lucrado de la inflación a costa del bienestar social de los trabajadores: de forma acumulada entre 2016-2021, la masa salarial en la economía creció 335 %, mientras que los precios crecieron 474 % y los beneficios empresariales 523 %”.
Repudio al FMI
El tercer punto del documento que parece apuntar contra varias de las políticas económicas desplegadas por Guzmán y Fernández, destaca, sin medias tintas: “Manifestamos nuestro rechazo a cualquier supervisión sobre el ejercicio de la soberanía nacional por parte de organismos que no sirven a los pueblos. Sin perjuicio de las eventuales acciones de repudio que realicen organizaciones que integran este Comité contra las llamadas ‘auditorias trimestrales’, el Comité en su conjunto pondrá especial foco en evitar que la presión del organismo endeudador vaya en detrimento de las políticas públicas que benefician a las grandes mayorías”.
“Consideramos que deben realizarse ‘revisiones trimestrales’ sobre las políticas de desarrollo humano destinadas a saldar la deuda interna para lo que realizaremos una publicación trimestral sobre los grandes ejes de esta deuda”, anticiparon. Con esto apuntan a que expondrán las carencias del propio Gobierno.
En el punto cuarto de la misiva asdvierten: “El Comité en su conjunto buscará que el pueblo no pague un solo peso de la deuda y mucho menos la crisis social que trae aparejada, sino sobre quienes se beneficiaron con el proceso de endeudamiento y fuga de capitales que habilitó y fomentó el entonces gobierno de Mauricio Macri”.
En ese sentido, el pretendido Comité investigador apoya propuestas como el “aporte especial de emergencia para gravar impositivamente a quienes mantienen ocultos en el exterior fondos millonarios mediante los que evaden sus obligaciones con el fisco, u otros mecanismos coadyuvantes”.
La organización declara que también “respalda la iniciativa de levantar el secreto bancario para conocer qué es lo que verdaderamente sucedió con los fondos que ingresaron a nuestro país en concepto de deuda” y para ellos creen que es necesario “la participación popular en los procesos de investigación, justicia y reparación”.
Las inequidades que conviven en el país, dicen los firmantes, “beneficia sólo a los grandes empresarios con intereses que no son Nacionales, ya que los sectores PyMES siguen sufriendo condiciones injustas frente a los grandes corporaciones que impiden el pleno despliegue de su potencial”.
Dentro de los firmantes e integrantes del Comité figura Carlos Fernández, uno de los destacados dirigentes de izquierda que forma parte de la Unidad Piquetera. Carlos Fernández forma parte de la conducción del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Es el mismo movimiento que acampó junto al Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda sobre la avenida 9 de Julio durante 48 horas en reclamo por la apertura de programas sociales, como el Potenciar Trabajo; y que mañana marcharán en todo el país porque hasta ahora no llegaron a un acuerdo con Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social.
Los cien referentes que forman parte del Comité tienen como objetivo, según se explica, “Vvisibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia, y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”.
El pedido de audiencia con el senador Mayans es la primera acción del Comité “para expresar su preocupación por los magros avances en la investigación de las responsabilidades por la deuda contraída contra el pueblo y fuga de capitales consecuentes” y por “la crisis social íntimamente asociada a estos procesos de endeudamiento ilegítimo cuyo peso siempre recae en las mayorías populares”.
La carta detalla que el principales desafío del Comité es visibilizar las múltiples deudas internas: pobreza, caída del salario, déficit habitacional, falta de acceso a la tierra, destrucción del ambiente, entre otras; y promover políticas públicas de tierra, techo, trabajo, salud, educación, cuidado del ambiente y bienes comunes, “acompañadas de un compromiso presupuestario”.
Es decir, tal se desprende del documento, deudas que hasta ahora mantiene el gobierno del Frente de Todos con los sectores más vulnerables.