Video: las impactantes imágenes de la mega toma de tierras en Los Hornos

En La Plata, las usurpaciones están a la orden del día desde hace más de dos años. La más grande se ubica en la localidad de Los Hornos, en el ex Club de Planeadores, y volvió a ser noticia recientemente por un polémico fallo del juez Alejo Ramos Padilla.

Se calcula que allí viven alrededor de 2.600 personas, en unas mil casillas que se instalaron en tierras fiscales que pertenecen a la Nación. Para ese predio la administración de Axel Kicillof elaboró un proyecto de urbanización con servicios, escuelas y centros barriales, según la descripción que brindaron a este medio funcionarios que colaboran con Andrés “Cuervo” Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

En teoría, debería concretarse uno de los mayores proyectos de urbanización de la Provincia, que promete solucionar el problema de vivienda a unas 10.000 personas. Para ello las tierras tomadas ya fueron cedidas por el Estado Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y ese traspaso contó con el visto bueno del intendente Julio Garro (Juntos por el Cambio).

Sin embargo, ahora el jefe comunal solicitó públicamente el “desalojo” del lugar y afirmó que la zona se volvió mucho más insegura, que los gendarmes enviados para custodiar el lugar son insuficientes y que al predio siguen ingresando familias cuando se había asegurado que esto no iba a pasar. El desalojo está basado en un dato que para Garro resulta irrefutable: se trata de “tierras ubicadas en la zona inundables de la cuenca del Maldonado”.

Asimismo, desde el municipio destacan que detrás de las usurpaciones hay dos fenómenos: la necesidad de familias desesperadas y el accionar de grupos violentos de delincuentes, que se hacen fuertes en las tomas y a través de la coacción se adueñan de lotes que después se venden a través de las redes sociales.

En tanto, días atrás el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla resolvió, en un dictamen de 58 fojas, que la mega usurpación de Los Hornos no fue un delito y archivó el expediente que tramitaba desde el 16 de febrero de 2020. El dictamen, además de argumentos jurídicos, está cargado de concepciones ideológicas, políticas y sociales, lo que abre la puerta a más tomas de predios.

El magistrado instó a la gobernación a “concretar el proyecto de urbanización” y “soluciones adecuadas a la ‘magnitud’ de a problemática habitacional”. Si bien llegó a la conclusión de que sin duda “se ha producido el despojo del inmueble de titularidad del Estado Nacional“, agregó que los hechos “no reunían ninguna de las características legales que la figura legal requiere para que sea considerada delito”.

Ramos Padilla analizó la figura legal de usurpación prevista en el artículo 181 Inciso 1 del C.P y resaltó que para que la ocupación sea delito “la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”. Según su interpretación, nada de esto ocurrió. La usurpación fue pacífica, no amenazaron a nadie y, como no eran empleados del Estado, no se abusó de la confianza de ningún funcionario.

Por último, el magistrado también entendió que quienes tomaron las 163 hectáreas del Estado Nacional -después cedidas a la provincia de Buenos Aires- no lo hicieron de manera clandestina, es decir ocultando sus actos, sino que fue a plena luz del día. De hecho, aclara fue a las 16:45.

La resolución disparó rápidamente las críticas de distintos funcionarios y dirigentes políticos del arco opositor. Una fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien cuestionó: “Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito”.

“La Argentina necesita justicia de verdad, no fallos con bases partidarias e ideológicas. La ley debe ser justa y clara. Esa es otra de las batallas que vamos a dar”, agregó en su cuenta de Twitter la ex ministra de Seguridad.

Por su parte, el diputado nacional Diego Santilli se preguntó: “¿Qué sigue después? ¿Homicidios permitidos entre las 10 y 18 horas? ¿Y si probamos con cumplir la ley?”.

Asimismo, otro diputado de Juntos, Cristian Ritondo, reflexionó en sus redes sociales: “Cuando pasan estas cosas me pregunto qué harían esos jueces si les tomaran sus casas. Lo único que logran es destruir la cultura del esfuerzo. ¿Para qué trabajar si no es ilegal que vengan y te lo arrebaten?”.

Por su parte, el intendente Julio Garro, rechazó el dictamen de igual manera y dijo que “la decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante”. Por eso, comunicó que el municipio pidió que se reabra la investigación.

“Solicitamos a la Nación y a Provincia la inmediata intervención. Que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”, explicó.

Como si fuera poco, tras el fallo unos 50 vecinos de La Plata intentaron tomar un nuevo predio en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Según el parte policial al que accedió Infobae, la comisaría de la policía bonaerense del Barrio Aeropuerto imputó a 30 mujeres y 10 hombres por intentar tomar el predio privado ubicado entre las calles 115 Y 609.

Los uniformados impidieron la toma por disposición de la UFI número 8 y el juzgado de Garantías número 6. Según la actuación policial el intento de usurpación se produjo a las 21.15. Antes habían quemado neumáticos y cortando calles en reclamo de “un lugar para vivir”.

“Nosotros tenemos tanto derecho como los de la toma de Planeadores. Tampoco tenemos techo. Queremos la misma solución habitacional que le dieron a esas familias”, esgrimían los hombres y mujeres que intentaron usurpar el predio. Una hora después, piedrazos, corridas mediante, los efectivos policiales lograron evitar la toma del terreno e identificar a los manifestantes que quedaron imputados en la causa.

Finalmente, ante la decisión del juez Ramos Padilla, un grupo de vecinos “autoconvocados”, asesorados por contadores y abogados convocaron a una “rebelión fiscal” para que se deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial. Asimismo, para mañana al mediodía organizaron una movilización a los Juzgados Federales, en calle 8, entre 50 y 51, para pedir que la provincia de Buenos Aires apele el fallo de manera urgente.

FOTOS: Franco Fafasuli

SEGUIR LEYENDO