El polémico fallo del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla que determinó la “inexistencia de delito” y archivó la causa que hace dos años se abrió por la mega toma de 163 hectáreas de tierras en la localidad de Los Hornos, bajo el argumento de que la usurpación se realizó a la luz del día y sin violencia, generó reacciones políticas y judiciales.
La municipalidad de La Plata y los denunciantes de la toma enviaron esta mañana notas a la Fiscalía de Estado bonaerense, a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional para que apelen la decisión del magistrado al considerar que lo resuelto “en modo alguno se ajusta a derecho, y por consiguiente, la resolución debe ser impugnada por los poderes públicos que se encuentran legitimados procesalmente para hacerlo”. De no hacerlo, aclara la notificación, los funcionarios estarían incurriendo en el posible delito de “violación de los deberes de funcionario público” y avalando “un negocio millonario que están llevando adelante gente que representa lo más oscuro de la vieja política”.
El gobierno municipal, a cargo de Julio Garro (Cambiemos), no puede hacerlo ya que no son tomados como parte en el expediente porque el predio donde funcionaba el Club de Planeadores son tierras federales. Además, al producirse la usurpación, la Agencia De Administración De Bienes Del Estado (AABE) le cedió a la administración de Axel Kicillof parte de las tierras.
Rebelión en la granja
Los vecinos del predio usurpado realizaron más de una docena de denuncias judiciales y policiales por las derivaciones que trajo la mega toma. Según expusieron, prolifera la venta de estupefacientes, robos, mayor inseguridad en la zona y venta de parcelas a través de internet. La intendencia los acompaño con un conjunto de presentaciones judiciales ante los tribunales que no prosperaron; inclusive, en tres oportunidades solicitaron el desalojo.
Ante la decisión del juez Ramos Padilla, un grupo de vecinos “autoconvocados”, asesorados por contadores y abogados convocaron a una “rebelión fiscal” para que se deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial.
Para el próximo miércoles, al mediodía, ya organizaron una movilización a los Juzgados Federales, en calle 8, entre 50 y 51, para pedir que la provincia de Buenos Aires apele el fallo de manera urgente. Llevarán pancartas y telas contra la medida adoptada por el juez.
La marcha a la puerta de los Juzgados Federales, anticipan los organizadores, será “de manera pacífica y sin banderas políticas y hacen “extensiva la marcha a toda la población”.
Como parte de la movilización, también invitan a que los vecinos de la ciudad y de la Provincia, a modo de protesta, dejen de pagar el impuesto inmobiliario provincial al advertir que “según el mismo juez se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día por cualquier persona”.
Según argumentan en la convocatoria, lo resuelto por Ramos Padilla es “un fallo por demás repudiable y vergonzoso, que incita a la usurpación de cualquier bien, sea del Estado o de cualquier particular”.
De hecho, el domingo a la noche, el mismo día en que Infobae publicó la resolución del magistrado, unas 50 personas intentaron tomar tierras privadas ubicadas en la zona Sur de La Plata. Hubo corridas, forcejeos, quema de neumáticos y enfrentamientos con la policía bonaerense que demoró e identifico a 40 personas, treinta mujeres y diez hombres.
Reclamos a los poderes del Estado
La usurpación, que para el juez fue un delito, es la mayor en la Provincia de Buenos Aires. Son 163 hectáreas de tierras fiscales.
El dictamen de Ramos Padilla, además de argumentos jurídicos, está cargado de fundamentos políticos y sociales.
La mega toma de Los Hornos se trasformó, en un campo de batalla que enfrentaba a punteros políticos, desocupados y familias sin vivienda, vendedores de parcelas usurpadas por Internet. La diáspora llevó a que el gobierno bonaerense anunció un proyecto de urbanización y a que la municipalidad de La Plata solicitara el desalojo.
Al analizar el tema de fondo, es decir, el delito de usurpación, el magistrado concluye que: “No caben duda de que se ha producido el despojo del inmueble de titularidad del Estado Nacional”, pero agrega que, pese a ello, los hechos “no reunían ninguna de las características legales que la figura legal requiere para que sea considerada delito”.
En este punto resalta que para que la ocupación sea delito, “la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma”, entre ellas: “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”.
Para el juez nada de esto ocurrió. La usurpación fue pacífica, no amenazaron a nadie, como no eran empleados del Estado, no se abusó de la confianza de ningún funcionario.
En su extensa resolución, Ramos Padilla también recordó que la causa se había iniciado hace dos años, y que la fiscalía federal actuante no había efectuado el requerimiento de investigación, y que esa función le corresponde al Ministerio Público fiscal.
En segunda instancio precisó que previo a que el juzgado federal asumiera la competencia de la causa, el Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Agustín Crispo, rechazó el requerimiento de la fiscalía de que se desocupare el predio usurpado, con el argumento que, de antes de ello, podían ejercerse acciones componedores y resolverse por otros medios.
Resaltó que de acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE), después que la gendarmería Nacional se comprometiera a la custodia del predio con 74 efectivos, siguieron ingresando cientos de personas y que continuaron con la demarcación de lotes. De las 40 familias iniciales que intrusaron el predio de unas 160 hectáreas, pasaron a casi 1.000 familias.
El magistrado le dio relevancia a la propuesta del gobierno de Axel Kicillof, quien acompañado por el de Alberto Fernández, presentó un proyecto de urbanización realizado por la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat, tendientes a otorgar a los intrusos la tenencia precaria de las parcelas apropiadas.
Precisó además que “las familias que ocupan las parcelas en conflicto no cuentan con posibilidades económicas y políticas públicas de acceso al suelo” y que “dicho cuadro de situación sumado al carácter ocioso en que se encuentra el predio del Estado Nacional, los lleva -a los usurpadores- a tomar la decisión de apropiarse de un lugar para vivir y desarrollar su vida cotidiana”. Por esa razón, siguió argumentando Ramos Padilla, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, había diseñado un proyecto urbanístico para cubrir las necesidades de esos intrusos.
A primera hora de la mañana, los funcionarios del intendente Julio Garro enviaron las tres notas a la Fiscalía de Estado provincial, a la Agencia De Administración de Bienes del Estado y al Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, que depende del ministro Andrés Larroque.
Desde la secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de La Plata, dejan por escrito que, si no apelan la resolución de Ramos Padilla los funcionarios “podrían incurrir en omisiones funcionales pasibles de reproche penal, más concretamente, en el delito de violación de los deberes de funcionario público, de conformidad con lo establecido en el art. 249 del C.P.”
En diálogo con Infobae, el intendente de La Plata argumentó que: “Necesitamos que la Provincia y la Nación no dejen vencer los plazos que establece la ley y apelen el fallo que avala la mega toma de Los Hornos. La inacción frente a esta grave situación no hace otra cosa que explicitar la falta de independencia de poderes del Estado”.
Para Garro, la no apelación es “avalar un negocio millonario que están llevando adelante gente que representa lo más oscuro de la vieja política” y destaca destacó que: “A la gente que están trayendo de otros lugares y metiendo a vivir ahí los están condenando al barro y al riesgo de vida con una posible inundación”.
SEGUIR LEYENDO: