La Justicia federal avanza en la recolección de pruebas de la denuncia que hicieron días atrás diputados de la Coalición Cívica para investigar un posible tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de licitación por la “Hidrovía”. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal federal Guillermo Marijuan, que tiene delegada la instrucción de la causa por orden del juez Julián Ercolini, dispuso hoy una serie de diligencias en en el Ministerio de Transporte, la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y distintas compañías involucradas.
Se trata de “órdenes de presentación” con vistas a secuestrar documentación. De acuerdo a las fuentes, los procedimientos se desarrollaron en “el inmueble sito en Av. Corrientes 316, 2º piso, de esta ciudad, correspondiente a la Compañía Sudamericana de Dragados S.A.; en los inmuebles sitos en Cerrito 1070, piso 8º y en Av. Córdoba 991, 6º piso, Dpto. “A”, ambos de esta ciudad y vinculados a las empresas Dredging International NV Suc. Arg. y Dredging International Argentina S.A.”.
También en “Reconquista 609, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la empresa CCCC Shanghai Dredging Co. Suc. Arg.; Ramón Castillo 750 de esta ciudad, correspondiente a Servimagnus S.A.; y en los inmuebles sitos en Luis García Nro. 695, 9º piso, Torres de las Naciones, de Tigre, provincia de Buenos Aires vinculado a la empresa Rohde Nielsen A/S Sucursal”. Además se dispuso presentarse en “Av. Corrientes 316, 1° y 3° pisos, de esta ciudad, correspondientes a la empresa EMEPA S.A.; en el inmueble sito en la calle Reconquista 559, 5º piso, de esta ciudad, correspondiente a la sociedad Boskalis International B.V. Sucursal Argentina”.
Además se libraron órdenes de presentación para el responsable de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, sita en Avenida Ingeniero Huergo nº 431 de esta ciudad; y a la autoridad del Ministerio de Transporte de la Nación”, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250, 12° piso.
La investigación analiza la denuncia de diputados de la Coalición Cívica por presuntas maniobras para favorecer al consorcio internacional CCCC -comandado por la empresa china Shanghai Dredging Company-, que fue descalificada luego del análisis técnico de los cuatro oferentes. La licitación fue anulada.
La Vía Navegable Troncal – VNT (tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior) comenzó una nueva etapa de gestión con múltiples actores, merced a una serie de actos de la Administración Pública Nacional – Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Se trata de la ruta donde se encuentra el complejo agroindustrial más importante del país, entre los ríos Paraná, Paraná de las Palmas y el Río de la Plata y que representa el 80 por ciento de la salida de las exportaciones argentinas al mundo, señala la denuncia.
La denuncia detalla que el 30 de abril de 2021 finalizó el contrato de concesión de mantenimiento y dragado de la VNT, y se iniciaron los trámites inherentes al llamado y adjudicación de la nueva Licitación Pública Nacional e Internacional para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable. En setiembre se llamó a licitación para la contratación de la Obra “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL”. Pero en un dictamen de precalificación, de las cuatro empresas que se habían presentado, tres resultaron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. A causa de ello, al no pasar el filtro técnico, no habría competencia por precio.
“De lo publicado en sitios de fuente abierta se verifican una serie de intervenciones en los medios y actuaciones administrativas que parecían tener como objetivo enturbiar el proceso licitatorio”, dice la denuncia. “Ante la desestimación de su oferta, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la argentina Servimagnus, de Ricardo Román, junto a la gigante china CCCC Shanghai Dredging Co (que ha tenido varios inconvenientes en el mundo años atrás), informaron su intención de impugnar el trámite a través de algunas solicitadas en medios nacionales. Además de todo tipo de notas en medios que ponían en duda la tarea llevada a cabo por los técnicos de la AGPSE. Sin embargo, nunca habría presentado la queja de manera formal, acción que requería un fondo de garantía de 800 mil dólares que se establece para evitar impugnaciones sin mucho sustento”.
La denuncia de los legisladores Mariana de Jesús Zuvic, Paula Oliveto Lagos, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, y Marcela Campagnoli apunta al rol del embajador en China, Sabino Vaca Narvaja.
“La presión de china a través de la empresa CCCC vía canal diplomático, ejercida directamente hacia la cancillería argentina representa una clara amenaza a nuestra soberanía económica y desnuda los compromisos secretos de un gobierno cipayo que está entregando áreas estratégicas al gigante asiático de espaldas a los intereses de la nación”, dijeron los legisladores en una ampliación de denuncia la semana pasada. Al presentar documentación, señalaron que hay una carta que “es un escándalo que no solo confirma el rol de lobista de Vaca Narvaja defendiendo los intereses de china sino que perjudica las frágiles relaciones internacionales ubicándonos como una nación servil y sometida al régimen chino”.
Además de la denuncia de los legisladores, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige Sergio Rodríguez, advirtió sobre graves irregularidades en el desarrollo del proceso de la Licitación Pública de Etapa Múltiple n° 13/2021 para la contratación de la obra “Dragado de mantenimiento de la vía navegable troncal” que realizó la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), que depende del Ministerio de Transporte. Según la PIA, más allá que la licitación fue dejada sin efecto por la propia administración, se encontraron cuestionamientos al acto administrativo que calificó de irregular por vicios en la causa, motivación y finalidad. El detalle de esa investigación, que incluyó recomendaciones sobre cómo llevar adelante la próxima licitación pública del tema, se sumó a la denuncia de Ercolini y Marijuan.
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