En medio de la tensión política por las masivas protestas en reclamo de mayor asistencia social, el Gobierno llamará a una licitación para comprar 50 mil lotes de tierras a propietarios privados, con el objetivo de destinarlos a familias de barrios populares que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa es impulsada por la secretaria de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda Miño, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La propuesta se presentará este martes. En caso de que el llamado sea exitoso, cerca de 50 mil familias contarán con un terreno con acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y cloacas.
La curiosidad de la medida es que el Estado avanzará con un mecanismo masivo de mercado para adquirir en el sector privado tierras inmuebles que estén ociosas, para luego ofertarlas a familias que no cuentan con el ahorro suficiente para comprar un lote y construir su vivienda. Por lo general, las personas que habitan los 4516 asentamientos que están contabilizados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se encuentran en una situación irregular o de hecho, sin el registro dominial legal.
El llamado a licitación apunta a titulares de inmuebles de zonas urbanas, periurbanas o rurales que cuenten con una superficie mínima de una hectárea y estén en condiciones de ser transferidos por escritura o boleto de compra-venta. Los terrenos no deben contar con riesgos de inundabilidad, focos de contaminación, riesgos aluvionales, de erosión del suelo o tecnológicos como tendidos de alta y media tensión, o gasoducto. Tampoco podrán estar dentro de un área protegida o bosques nativos.
Las ofertas de terrenos inmuebles estarán abiertas al público y podrán presentarse hasta el 15 de mayo. Serán evaluadas con la participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
El déficit habitacional y la ausencia de una vivienda propia es un problema estructural latente que adquiere una faceta más grave en la población más empobrecida. Desde los años ochenta, la emergencia habitacional estalla periódicamente, por oleadas, con ocupaciones de tierras masivas en contextos de acelerado deterioro económico y social.
El último episodio destacado ocurrió durante 2020, durante la cuarentena estricta de coronavirus. El hito de ese proceso fue la masiva toma de Guernica, en el partido bonaerense de Presidente Perón. El conflicto finalizó con un importante operativo de desalojo y serios incidentes entre los ocupantes y la Policía Bonaerense.
A Miño le encargaron la tarea de urbanizar los barrios populares en los que viven más de 4 millones de personas, para dotarlos de obras de infraestructura y servicios básicos. Es la respuesta que encontraron funcionarios y dirigentes sociales ante las dificultades presupuestarias de desarrollar un plan masivo de viviendas construidas desde cero. La fórmula buscada es mejorar las viviendas precarias existentes, volviendo urbanizables y habitables los asentamientos y villas de emergencia con los servicios .
El área de la SISU tuvo algunos tropiezos al comienzo de la gestión en durante el gobierno de Alberto Fernández. Hubo demoras cuando estaba en la órbita del ministerio de Habitat y Vivienda, a cargo de María Eugenia Bielsa. Luego fue transferida al ministerio de Desarrollo Social, primero de la mano de Daniel Arroyo y actualmente bajo el mando del ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.
La SISU cuenta con un caja importante para desplegar la política habitacional, a través del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU). Se trata de un fideicomiso que cuenta con aportes del Tesoro nacional, préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y tributos específicos como el 9% del Impuesto PAIS -que se recauda con la compra de dólar “ahorro”- y el 15% del aporte extraordinario a las grandes fortunas sancionado durante la pandemia.
Tras los tropiezos iniciales, la secretaría de Miño tuvo un mayor impulso con programas como “Mi Pieza”, una suerte de “Procrear” para familias vulnerables que entrega subsidios de entre 100 mil y 240 mil pesos para la refacción de las viviendas precarias. En 2021, se ejecutaron obras por más de 23 mil millones de pesos. En lo que refiere a tierras y suelo urbano disponible, la meta es crear 350.000 lotes con servicios en un plazo de 12 años.
La integración urbana de villas y asentamientos es parte de la agenda histórica de las organizaciones sociales y, en particular, de aquellas que pertenecen al Frente de Todos. Varios de sus militantes que ocupan cargos en el Ministerio de Desarrollo Social y cargos legislativos vivieron en barrios populares. Fernanda Miño es una de ellas: hizo su militancia en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y está alineada con el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois, uno de los tres campamentos del triunvirato de la “economía popular” integrado por el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
En un contexto de multitudinarias marchas de agrupaciones de izquierda y organizaciones piqueteras, el ministerio de Desarrollo Social busca dar ese tipo de señales para atender a los sectores activos políticamente que se movilizan desde los barrios populares. Esta semana, reforzó la tarjeta alimentaria con un incremento del 50% de los montos para las familias beneficiarias y abrió una vía de negociación con los grupos opositores como el Polo Obrero.
Con la aceleración de las expectativas de inflación que golpea a los más pobres, los referentes de los movimientos sociales están en una encrucijada. El peronismo tiene históricamente allí una de sus bases de apoyo en esos segmentos que, en los últimos años, son abiertamente disputados con relativo éxito por la izquierda y referentes locales de Juntos por el Cambio. Cualquier medida paliativa corre el riesgo de sufrir el fenómeno de sábana corta, ante una espiralización de los precios de los alimentos que se profundiza a nivel global por la guerra entre Rusia y Ucrania. Las organizaciones sociales al kirchnerismo y que integran la estructura del Gobierno ya empezaron a levantar la voz.
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