Causa Gestapo: la investigación se disputa entre los tribunales de La Plata y Comodoro Py

La causa de la “Gestapo antisindical” -la reunión de 2017 en el Banco Provincia entre funcionarios del gobierno bonaerense, empresarios de la construcción y espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- entró en etapas de definiciones. Por un lado, las indagatorias de los acusados concluyeron y el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak tiene que resolver si los procesa. Pero el expediente tendrá un paso previo: dónde continuará la investigación.

Detrás de ese formalismo jurídico hay, en rigor, una disputa política. El macrismo puja para que el expediente pase a los tribunales de Comodoro Py, un territorio en el que cosecha buenas noticias, y que salga de la justicia federal bonaerense, donde el kircherismo llevó las denuncia, al igual que otras que involucran al gobierno de Mauricio Macri con el espionaje ilegal.

Esta disputa está planteada en el expediente que tiene el juez Kreplak y que tendrá una resolución previa a la decisión de si procesa a los acusados. Y esa pelea remite a lo que pasó en otras causas de espionaje. Los expedientes de los “Super Mario Bros”, el espionaje ilegal a familiares el ARA San Juan y las bases del AMBA tuvieron la misma discusión y el resultado final fue el pase a los tribunales de Comodoro Py.

La causa de la “Gestapo antisindical” se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Se investiga si funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI armaron causas judiciales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Es porque en la AFI se halló un video grabado de una reunión que el 15 de junio de 2017 se realizó en la sede porteña del BAPRO. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo bonaerense, en esa reunión en la que les pidió a los empresarios de la construcción de La Plata que presenten notas contra Medina para que después sean judicializadas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.

De la reunión participaron Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita.

Tras el encuentro se dieron varios pasos que se hablaron allí: los empresarios presentaron las notas al Ministerio de Trabajo que las remitió a la justicia, la causa se inició con una denuncia anónima que la querella de Medina sostiene que contiene información obtenida en el espionaje ilegal que le hicieron y el juez federal de Quilmes Luis Armella detuvo y procesó al sindicalista, lo que luego fue confirmado en otras instancias judiciales hasta que el caso llegó a juicio oral.

El expediente ahora entró en una discusión sobre donde debe investigarse. La defensa de Grassi le pidió al juez Kreplak que lo envíe a los tribunales de Comodoro Py. Explicó que la reunión se hizo en la ciudad de Buenos Aires y que participaron funcionarios de la AFI, que son del gobierno nacional. Por eso la justicia natural es la federal de la ciudad. Eso es Comodoro Py.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo pidió que ese pedido sea rechazado. Russo señaló en su dictamen de la semana pasada al que accedió Infobae que la reunión en la ciudad de Buenos Aires es “solo una de las pruebas sobre la existencia de la asociación ilícita” y que en la causa hay “otras múltiples instancias de coordinación de las acciones delictivas desarrolladas que fueron llevadas a cabo en diversos sitios”.

“Dicha reunión podría haber tenido lugar en la ciudad de La Plata, de la Buenos Aires, en el extranjero, o incluso podría haber celebrado de manera virtual, y ello no cambiaría el hecho de que es solo un tramo de la asociación ilícita”, puso como ejemplo la fiscal y destacó que “el criterio que debe primar es el que hace referencia al lugar en el que el delito investigado surtió sus principales efectos”. Y eso fue en La Plata, donde la UOCRA de Medina tenía su sede y donde el sindicalista fue detenido.

La Fiscalía no solo le pidió al juez que continúe con la causa, sino que le solicitó que incorpore dos expedientes que tramitan en Comodoro Py. Una es una denuncia que Medina presentó en 2019 para que se investigue el armado de causas y una persecución en su contra. Ese expediente fue previo a que se conozca el video de la reunión y está en el juzgado federal 6 de Py, hoy a cargo de Daniel Rafecas. Y la segunda es el tramo del espionaje ilegal a a las actividades de la UOCRA de La Plata que consta en la investigación de las bases del AMBA y que tiene el magistrado Julián Ercolini.

Sobre los pedidos de Grassi y de la Fiscalía tiene que opinar el resto de las partes de la causa. Las querellas tienen plazo hasta mañana y luego será el tuno de las defensas, para lo que tendrán tres días. Luego el juez Kreplak quedará en condiciones de resolver. Se espera, según las fuentes consultadas, que primero defina si la causa continúa en su juzgado, antes de resolver si procesa o no a los acusados.

Hay otro planteo de Grassi. Solicitó la nulidad del video de la reunión del BAPRO como prueba, ya que se trató de un espionaje ilegal.

Pero al entramado de presentaciones se suman otras similares que hicieron dos acusados en los tribunales de Comodoro Py. Puntualmente los ex agentes de la AFI Biorci y De Stéfano.

El primero, ex jefe de Gabinete de la AFI y cuñado de Silvia Majdalani, ex subjefa del organismo, le solicitó al juez Rafecas que la causa de la Gestapo se sume al expediente que tiene en el juzgado 6 por la denuncia de Medina. El fiscal Carlos Stornelli avaló el planteo para que la causa de La Plata pase a Comodoro Py. Sostuvo que la denuncia es previa a que se conozca el video y por lo tanto eso debe prevalecer como criterio para que el caso pase a Comodoro Py. El juez Rafecas le solicitó al resto de las partes que opinen, entre ellas la querella de Medina -a cargo del abogado César Albarracín- pero Stornelli se opuso y apeló a la Cámara Federal. Se espera que ese tribunal resuelva para determinar cómo sigue el expediente.

Por su parte, De Stéfano, ex jefe de jurídicos de la AFI, tiene un especial interés que el caso pase a Comodoro Py: lo pidió en dos expedientes que están en esos tribunales. Uno es el del espionaje de los “Super Mario Bros” del que fueron víctimas Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Vidal y otros dirigentes del oficialismo y la oposición y que tiene el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Y el segundo al magistrado Ariel Lijo en un tramo de una denuncia que presentó el sindicalista Hugo Moyano por los dichos del suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio de que desde la AFI de Macri le pidieron la detención del gremialista.

Todos los planteos están abiertos y a la espera de definiciones. Pero cualquiera que se tome no será definitiva. Las partes pueden apelar y que escale a las Cámaras Federales de Comodoro Py y de La Plata y también a la Cámara Federal de Casación Penal.

La disputa por la competencia -un entramado de presentaciones cruzadas en distintos juzgados- tiene en rigor una pelea política de fondo. Las causas de espionaje durante el macrismo se iniciaron en juzgados federales de la provincia -Lomas de Zamora y Dolores- pero terminaron en Comodoro Py, donde los funcionarios del gobierno anterior tuvieron un alivio en su situación.

La Cámara Federal de Py revocó el procesamiento de Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI, y de Majdalani por espionaje ilegal y asociación ilícita en la causa de los “Super Mario Bros” y mantuvo el de los espías rasos al considerar que se trató de una intervención de cuentapropistas. Por los delitos asociación ilícita y espionaje habían sido procesados en Lomas de Zamora.

El juez subrogante de Dolores Martín Bava procesó a Macri por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. La causa pasó a Comodoro Py y la Cámara Federal tiene que resolver si confirma o revoca esa decisión. Para eso el tribunal había convocada a una audiencia para este martes pero a pedido de la defensa del ex presidente y de la querella se postergó y se fijó como nueva fecha el 27 de abril.

La causa de la Gestapo

La semana pasada terminaron las indagatorias de los 14 asistentes a la reunión del BAPRO -en rigor fueron 15 pero uno de ellos falleció- por las que fueron citados por el juez Kreplak.

Todos siguieron la misma estrategia. Presentaron un descargo y se negaron a contestar preguntas. En esos escritos señalaron que no cometieron ningún delito, que la reunión no fue para armarle una causa a Medina sino para tratar una situación de mucho tiempo y que eran las extorsiones y amenazas que los empresarios de la construcción de La Plata sufrieron de parte de la UOCRA de esa ciudad. Dijeron que no sabían que la reunión fue grabada y sobre la presencia de los agentes de la AFI señalaron que desconocían quiénes eran ni que eran funcionarios de ese organismo.

Lo más destacado de las indagatorias fue lo que puso por escrito Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI y procesado por espionaje ilegal en la causa de los “Super Mario Bros”. Dalmau Pereyra dijo que fue a la reunión por pedido de Arribas y Majdalani y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro.

Después de la finalización de las indagatorias, la querella del “Pata” Medina pidió que todos los imputados sean procesados. También que se cite a indagatoria a Macri, Vidal -quien está siendo investigada en la causa, Arribas, Majdalani, al juez Armella y al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand.

SEGUIR LEYENDO: