Bloqueos sindicales: quiénes son los empresarios que le pudieron torcer el brazo al clan Moyano en la Justicia

No son magnates que nadan entre billetes ni representantes de multinacionales, sino dueños de pymes familiares que sufren lo mismo -o muchísimo más- que cualquier empresa de la Argentina en esta época inclemente para los negocios y se unieron para enfrentar un padecimiento adicional, casi único en el mundo: los bloqueos sindicales, esa modalidad extorsiva de protestas que se puso de moda aunque está asociada con las patotas y la violencia gracias a la tolerancia de muchos funcionarios y la pasividad de algunos jueces.

Son los integrantes del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), creado hace un año como fruto de la iniciativa -o la indignación, en realidad- de Verónica Razzini, una de las dueñas de una empresa familiar de Rosario que distribuye materiales de construcción y a la que el Sindicato de Camioneros de Santa Fe bloqueó durante tres meses. En un trabajo codo a codo junto con la abogada Florencia Arietto, Razzini fue armando pacientemente una red de empresas que son víctimas de bloqueos para brindarles asesoramiento legal, compartir sus experiencias y darles recomendaciones, contención emocional y claves para frenar este tipo de medidas de fuerza.

Trabajan a pulmón, sacándoles horas al trabajo en sus empresas y sin apoyos económicos ni políticos (más bien, todo lo contrario). Y, sobre todo, desafiando al miedo. Algunas batallas contra la prepotencia sindical se han perdido y la mayoría ni siquiera se denuncia, pero con el paso de los meses fueron logrando fallos judiciales favorables que ratificaron que los bloqueos son un delito.

La resolución más impactante, sin embargo, fue dictada hace 24 horas por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, que dejó en firme el pedido de detención de dos altos directivos del Sindicato de Camioneros de esa ciudad bonaerense: Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros nicoleño y concejal del Frente de Todos, y el dirigente Fernando Espíndola.

“Frente a este fallo lo que sentimos es esperanza y, al mismo tiempo, el compromiso de difundir nuestra tarea para que los empresarios den pelea contra la extorsión”, afirmó a Infobae Ariel Rey, quien, junto con su hermano Gustavo y su papá Ricardo, son los dueños de una distribuidora de productos alimenticios de San Pedro, fundada en 1989 y con 35 empleados, que fue bloqueada en dos oportunidades en febrero de 2021 luego de que se negaron a seguir pagándole a los gremialistas una suma de dinero de manera irregular.

“En un momento dijimos basta, esto es inviable -recordó-. El sindicato te pide dinero a cambio de trabajar en paz. A todos les piden eso y todos los empresarios sabemos que ocurre. Pero si este sistema corrompido está funcionando es porque lo permitimos los empresarios. Tenemos una mirada equivocada: ellos (los sindicalistas) son poderosos porque nosotros los hacemos poderosos. Por eso estoy en el MEAB. Queremos difundir que el empresario no dé más coimas. ¿Si tengo miedo? No, siento orgullo de lo que hicimos”.

Rey, cuyo padre se hizo famoso por un video en el que lloraba por la intimidación sindical, dialogó con este medio luego de un largo encuentro de 12 miembros de la conducción del MEAB, en un hotel céntrico porteño de tres estrellas. La mayoría llegó desde el interior. Como tantas otras veces, analizaron las denuncias de bloqueos que reciben y se repartieron las tareas para asistir a los empresarios que piden ayuda. Incluso comenzaron a debatir un estatuto porque están en plenas gestiones para obtener su personería jurídica.

El empresario admitió que no esperaba la detención de los sindicalistas de Camioneros, sino sólo la indagatoria. “Se ve que las pruebas que aportamos y que consiguió la Justicia eran contundentes”, destacó. En la causa judicial pudieron incorporarse videos, grabaciones, declaraciones testimoniales y hasta una caja de cartón con 500.000 pesos y dos cheques que recibieron en mano los dirigentes para la “paz social” y que habrían probado el mecanismo de extorsión (a cambio, curiosamente, a los dueños de Distribuidora Rey se les extendió un recibo con el membrete de la obra social de Camioneros que llevaría la firma de Cabaleyro).

Damián Doboletta, propietario junto con su familia de una pyme de transporte en Zavalla, Santa Fe, sufrió 8 días de bloqueos del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, dirigido por Sergio Aladio, un opositor de Hugo Moyano, luego de que negaron a pagarle “deudas inventadas”. Fue en 2019 y la empresa no pudo trabajar porque impedían la salida de los camiones. “No teníamos de dónde agarrarnos -reconoció-, todo el mundo nos daba la espalda y el Ministerio de Trabajo provincial era muy funcional al sindicato”. Una vez que Arietto se puso al frente del caso, las denuncias penales empezaron a dar vuelta la historia. Como los sindicalistas que bloquearon la empresa fueron los mismos que extorsionaron a la compañía de Razzini, las causas se unificaron y hubo una decena de activistas presos.

Pero lo peor, además de la imposibilidad de trabajar, fue la inusitada violencia por parte de los dirigentes. “A mi mamá de 72 años la tiraron al piso, a mi señora le robaron el celular de las manos porque estaba filmando las agresiones, a mi hermano le bajaron los dientes de un trompazo y a mi me pegaron en el piso. Era una patota de 20 integrantes contra nosotros. Por suerte el escribano, que estaba escondido, pudo constatar lo que pasó”. ¿Se terminaron las agresiones, pese al avance de la causa judicial? No. Doboletta contó que hace apenas 20 días su hermano fue amenazado en una calle de Zavalla, un pueblo santafesino de 4500 habitantes, por el mismo el dirigente que lo había atacado: “Te voy a matar. Te voy a pegar un tiro. Yo sé dónde trabaja tu mujer”, le dijo delante de sus hijos.

La intimidación también la sigue sufriendo Alejandro Castell, dueño de la pyme familiar Andar Transportadora, de Trenque Lauquen, dedicada desde 2001 al transporte de cargas, con seis camiones y 12 empleados, cuyo depósito en Villa Soldati fue bloqueado el año pasado por activistas del sindicato de los Moyano para reclamar una supuesta deuda con el sindicato. Todo comenzó cuando el titular de la Seccional 9 de Julio de Camioneros, Hernán Sánchez, le reclamó dinero en concepto de diferencia de kilómetros que debían cobrar los choferes y él accedió a entregarle diez cheques a la orden del gremio y de su mutual. Pero le seguían reclamando más.

“Día por medio me llamaban del sindicato para exigirnos dinero por la diferencia de kilómetros -relató-. Como les dije que no, Sánchez me propuso pagarles con uno de mis camiones. Por supuesto que me negué. Esa es plata que juntan para ellos cada dos o tres años. Hay empresas grandes, que tienen unos 70 camiones, a las que le sacan dos o tres millones de pesos cada seis meses, pero los cheques no a la orden van a nombre del sindicato, de la federación y de la mutual, y el dinero no llega a los choferes”.

Cuando Castell les advirtió a los dirigentes de la seccional de Camioneros que “no iba a pagar lo que no era legal”, comenzaron las hostilidades. Sánchez y “cuatro matones” aparecieron de improviso en su casa para reclamarle por la deuda. Ante la respuesta negativa, un día comenzó el bloqueo al depósito de Soldati y allí, en medio de los aprietes y las agresiones, uno de los activistas de Camioneros le pasó un celular para que hablara con su “jefe”. Era alguien que se presentó como Omar Dutrá, jefe de Logística del sindicato, que le preguntó: “¿Por qué no paga y esto se termina? Vayamos por las buenas, déjese de joder”.

El empresario le dijo que no. Su interlocutor le propuso visitar la sede del sindicato para hablar sobre el tema. Asesorado por Arietto, el dueño de Andar fue al edificio del Sindicato de Choferes de Camiones, en San José al 1700, en en el barrio de Constitución, el 5 de agosto de 2020 y Dutrá lo llevó hasta la oficina de Omar Pérez, uno de los principales directivos. “¿Por qué te hacés el rebelde y no pagás?”, le dijo. “Ustedes me están extorsionando. Piden plata que no es legal. Necesito que me intimen legalmente”, le contestó el empresario. “Mirá, no somos la gorra (en alusión a la policía), pero podemos cruzar la información con la AFIP”, fue la respuesta.

Después de ese contacto, Castell presentó una denuncia judicial contra Hugo Moyano, Omar Pérez, Omar Dutrá y 15 activistas sindicales por extorsión, usurpación, atentado contra la libertad de trabajo y privación ilegítima de la libertad. Gracias a las pruebas obtenidas en la causa, con entrecruzamiento de llamadas, filmaciones y geolocalización del teléfono celular, la Justicia procesó en noviembre pasado a cinco representantes de Camioneros, entre ellos Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT); Dutrá y tres dirigentes más.

En el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que confirmó el procesamiento, se advirtió: “Ningún derecho puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni mucho menos ampara las demandas violentas realizadas al margen del monopolio estatal de la fuerza pública y el imperio de las decisiones judiciales”.

Castell sigue trabajando, aunque la semana pasada estacionó cerca de su depósito un auto del que se bajaron cuatro personas para preguntarles a los empleados “si estaban trabajando bien y si estaban conformes con la empresa”. Para el empresario, se trata de una “intimidación”, así como lo fue, aseguró, una inspección de la AFIP que estuvo durante todo un año revisando sus papeles.

Por eso el dueño de Andar Transportadora se unió al MEAB. “Tenemos que vencer el miedo -indicó-. Es la carta que nos queda jugar como argentinos. No podemos vivir así. No conseguís cubiertas, gasoil ni trabajadores y encima tenés que aguantar gente intimidándote. Lo más triste es que nadie hace nada. Somos 12 personas. Estamos solos, pero esto no me pasa únicamente a mí, le pasa al 100% del transporte”.

Bernardo Fernández, vicepresidente del MEAB, dirige el complejo industrial Parque Ader, en Vicente López, que en marzo de 2021 fue rehén de un conflicto por encuadramiento de 150 trabajadores de la empresa Chazqui entre el Sindicato de Camioneros y la Unión de Carga y Descarga. Hubo 10 días de bloqueo en el acceso que hicieron unos 150 activistas de Moyano -“con mucha violencia”, dijo- que perjudicó a más de 860 personas que trabajan allí. “Lo más grave es que se metieron dentro de la propiedad privada. La protesta se frenó cuando denuncié que el juez de San Isidro tenía que levantarse de la silla para ver lo que estaba pasando. Al día siguiente ordenó el desalojo. Hay tres causas penales por este caso, pero todavía estamos esperando que avancen”, sostuvo.

En el MEAB también están Juan Méndez, propietario de la empresa de logística Just On Time, de Villa Adelina, a quien una patota de Camioneros le bloqueó el acceso en mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, hasta que no pagara el monto total de las deudas por la cuota sindical. Y Germán Clausen, de Gases Sudamericanos, de Rosario, que sufrió un bloqueo de tres días en 2014 y se sumó a la entidad que dirige Razzini por un motivo concreto: “Quiero dejarles un porvenir mejor a mis hijos, un país sin mafias sindicales”.

O los hermanos Walter y Gilda Cividino, que tuvieron que cerrar un mes su empresa Química Rame, en Villa Luzuriaga, por un bloqueo del Sindicato de Químicos de Avellaneda que les impidió trabajar durante 10 días y que ocasionó una pérdida estimada en más de 70 millones de pesos de lucro cesante. El conflicto, originado por la disputa de aquel gremio con el Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoeste por la afiliación de 10 de los 29 empleados, terminó con 10 despedidos por las protestas y una causa penal que no avanza.

“En algún momento pensé en arreglar -reconoció Walter-. Tenés la empresa cerrada, no podés facturar ni pagarles a los proveedores, a los trabajadores... Pero mi hermana me dijo que si acordaba me dejaba todo y se iba. Ahí decidimos ponernos los pantalones y pelearla. Nos jugamos a todo o nada”. “Es que no podíamos permitir que tres delegados manejaran la empresa -destacó Gilda-. No trabajaban, se quedaban en la cocina todo el día, no querían cargar los camiones, echaban a la gente del local. Yo estoy acá firme para las pérdidas y las ganancias, pero ellos no”. Ambos integran hoy el MEAB. “Si aflojás, terminás cediendo tu vida, tu empresa”, coincidieron.

Ignacio Dos Reis, dueño de Química Oeste, una pyme familiar de la localidad de Esteban Echeverría, fue paralizada durante varios días en mayo pasado por un bloqueo del Sindicato de Camioneros, que reclamaba el encuadramiento de trabajadores afiliados a Comercio. El conflicto terminó con despedidos por participar de las medidas de fuerza y una causa penal contra ex empleados y un dirigente gremial. “El trámite judicial avanza con lentitud porque el abogado de ellos pone trabas todo el tiempo -resaltó el empresario-. Para dilatar la causa incluso el sindicato nos llamó como testigos a mí, a mi hermana y a nuestro padre, fundador de la empresa, que murió hace 21 años. Muchos colegas tienen miedo y por eso arreglan, pero eso dura una semana. A los 10 días los tipos piden más y más. Es una extorsión permanente. Con ejemplos como el que damos nosotros, algunos se están convenciendo de que no tienen que ceder”.

Con Arietto a cargo del impulso inicial de agruparse y como el cerebro de la estrategia jurídica, el MEAB avanza en los tribunales y en la captación de nuevos adherentes que están perdiendo el temor al poder sindical. La entidad se creó en abril de 2021 con 18 pymes, en julio llegaron a 48 y hoy suman 122. Por eso Razzini se emocionó apenas se enteró de la detención de Cabaleyro y Espíndola en San Nicolás. “Desde que me enteré de la noticia no puedo parar de llorar -admitió la presidenta del MEAB-. Recuerdo todo lo que viví en esos tres meses de bloqueo en mi empresa donde sentí que perdía todo. Esto me marcó, no soy la misma persona que antes, pero lo bueno es que lo pude capitalizar y me comprometí a hacer algo para cambiar esta situacion y que nadie sufra nunca más como yo”.

La empresaria también estuvo en el fuego cruzado de un conflicto de encuadramiento sindical. Pero ella y sus dos hermanos no cedieron y esos 90 días de bloqueo que comenzaron el 8 de junio de 2020 fueron una pesadilla. La amenazaban todos los días. La escupían y la insultaban. La intimidaron con armas de fuego. Le dijeron que iban a ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto. Tuvo que dejar su casa y mudarse para evitar agresiones. Le advirtieron que sabían adónde estaban sus hijos.

Hoy, la alegría por el fallo judicial de San Nicolás no disimula su preocupación por un bloqueo que desde hace una semana afecta a una empresa en Resistencia, Chaco: se trata del corralón Morante, de 50 empleados, también en el medio de una pelea de Camioneros por quedarse con afiliados de Comercio. Su dueño abrió el local hace 10 días, con una inversión de 80 millones de pesos, pero decidió cerrar porque no puede trabajar. Luego de una audiencia de conciliación, el abogado del sindicato le advirtió: “No voy a parar hasta fundirte si no pasás los trabajadores a Camioneros”. Intentará reabrir las instalaciones el lunes, pero teme que haya violencia.

“Lo más triste es que algunos sindicalistas convencen a gente buena, de laburo, de cometer delitos -concluyó Razzini-. Hay trabajadores que no saben que están haciendo mal porque les mienten. Con los bloqueos perdemos todos. Los empleados se quedan sin trabajo, los empresarios tenemos una pérdida económica terrible y el país también pierde. Es una suma de saldo cero, no gana nadie”.

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