Un legislador que responde a Patricia Bullrich presentará un proyecto para quitarles los planes a quienes corten calles

En medio del endurecimiento del discurso de la oposición y del oficialismo contra las masivas protestas callejeras en reclamo de ayuda social, los legisladores alineados con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, profundizaron la polémica con un proyecto de ley para que se sancione a través de la quita de ayuda social a quienes cometan contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, plantea una reforma del Código Contravencional porteño en el inciso 8 del artículo 23 de la Ley 1472, donde se establece que se incorpora como “sanciones accesorias” para los infractores de la norma “la prohibición de acceder a planes de ayuda social o suspensión del cobro de los ya otorgados”.

En el texto del proyecto, que lleva también las firmas de las legisladoras Marilú González Estevarena y Carolina Estebarena, coincide con el reclamo planteado ayer por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que se retire la ayuda social a los beneficiarios que cortan calles y perciben asignaciones, entre ellos, aquellos que tienen condicionalidades en el cobro, como el cumplimiento de la regularidad escolar de sus hijos que se enmarca en la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Ponen a los chicos como escudos”, exhortó el alcalde capitalino.

El borrador elaborado por Arenaza recoge el guante de Rodríguez Larreta de penalizar a los manifestantes y otros infractores, pero agrega un matiz sutil: están exceptuados aquellos programas de asistencia en el que “los beneficiarios resulten ser directa o indirectamente menores de edad”.

“Acorde a la Convención de los derechos del niño, es de destacar que si la ayuda social en cuestión la recibe un adulto que tiene a su cargo un menor, o directamente está destinada al niño, no debe suspenderse la posibilidad de acceder al subsidio o de cobrarlo si ya fue asignado”, señala el proyecto en sus fundamentos.

En el Código Contravencional vigente, los infractores de la norma pueden ser apercibidos con multas, trabajos de utilidad pública o arresto, entre las “sanciones principales”, pero también se les puede aplicar otras medidas accesorias, como la clausura de establecimientos, prohibiciones, reparación de daños y otras medidas. De avanzar con la reforma, se agregaría otra acción punitiva que impacta en la percepción de beneficios sociales que administra el gobierno porteño.

En diálogo con Infobae, Arenaza indicó que presentará el proyecto de ley el próximo lunes y que busca dar una respuesta al “descontrol” ocurrido la semana pasada en el centro porteño, donde miles de manifestantes del Polo Obrero y otras organizaciones sociales se movilizaron para reclamar una mayor asistencia social en los comedores y la ampliación de los programas Potenciar Trabajo ante la actual situación económica.

“Hoy el gobierno porteño saca los puntos del scoring ante un infractor de una contravención de tránsito, o aplica distintas medidas si un padre no pasa la cuota alimentaria a sus hijos. Ya hay sanciones. Esto también lo puede aplicar, estamos modificando en cómo se aplican las ayudas sociales. Seguramente los piqueteros quieran judicializar y decir que es ilegal”, sostuvo el legislador porteño.

Pese a la distancia ideológica con el Frente de Todos, los legisladores de Patricia Bullrich constataron entre los fundamentos del texto una llamativa coincidencia con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien avanzó en la quita de programas sociales hacia aquellos que identificó como autores de los “hechos vandálicos” en el Congreso el 10 de marzo pasado, cuando se trataba la aprobación del acuerdo con el FMI, y “procedió a anular” los subsidios que cobraban a través del “Potenciar Trabajo”.

En el sector alineado con Patricia Bullrich, que mantiene una relación distante con Horacio Rodríguez Larreta, pusieron bajo la lupa los 21 programas de asistencia social que paga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con tarjetas prepagas a través del Banco Ciudad. Principalmente, apuntan a la asignación que se abona a los “recuperadores urbanos” que recogen residuos reciclables en las calles, entre cuyos beneficiarios hay integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, quien la semana pasada se solidarizó personalmente con los líderes de la protesta contra el Gobierno nacional.

“Políticamente es muy explícita la asociación de Grabois con la Ciudad de Buenos Aires. Si va a llevar a la gente a cortar calles, tendrán que tomar medidas contra Grabois para que no joda a los demás ciudadanos”, reclamó Arenaza.

Consultado si este proyecto de ley se trata de un reproche al Gobierno de la Ciudad para que avance contra los beneficiarios de planes sociales en su jurisdicción, el legislador porteño sostuvo: “Esto no tiene nada que ver con dar menos planes en la Ciudad. En eso la Ciudad está ordenada, pero hay que tener cuidado a quiénes se dan los planes”.

Mientras los “halcones” y “palomas” de Juntos por el Cambio endurecen al unísono su discurso contra los reclamos sociales, en el Frente de Todos hay diferencias y una mirada sinuosa en cómo manejar las demandas de mayor asistencia social, ante niveles de pobreza que aún se mantienen por encima de la gestión de Mauricio Macri. Tras hablar de “extorsión” de las organizaciones de izquierda con las movilizaciones callejeras, el ministro Juan Zabaleta intentó diferenciarse ayer de Rodríguez Larreta: “Hay que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita”.

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