Se agrava el conflicto entre los piqueteros y el Gobierno: quiénes son los que participan y qué exigen

El conflicto entre los piqueteros más duros y el Gobierno se agrava. El acampe de 48 horas que comenzó ayer en el centro porteño y en las principales ciudades del país, es una muestra de la pulseada entre unos y otros. Los músculos están tensados, por ahora ninguno cede.

Por el lado de la Unidad Piquetera, compuesta por unas cuarenta organizaciones sociales, como el Polo Obrero, el Movimiento Barrios de Pie y el MTS-Teresa Vive, ya votaron profundizar las medidas si la administración de Alberto Fernández, a través del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, no resuelve de manera favorable los planteos que realizan desde el año pasado: abrir el listado de beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo; elegir libremente en el lugar para realizar la contraprestación; creación de un millón de empleos genuinos a través la obra pública y, entre otros puntos, asistencia integral a comedores populares.

El lunes pasado una delegación de los representantes sociales más duros fueron recibidos por Zabaleta. Fue la cuarta reunión desde que asumió en reemplazo del ahora diputado nacional, Daniel Arroyo.

El diálogo no prospero. Para los voceros del ministro, los piqueteros, en su mayoría pertenecen a partidos de izquierda, “solo quieren confrontar porque ese es su negocio político”. Entienden que “crecen con el conflicto”, e insisten en que las negociaciones no avanzan porque ya tienen trazado un “plan de lucha de confrontación de aquí al 2023″, año de elecciones presidenciales.

“El pacto con el Fondo Monetario Internacional significa profundizar el empobrecimiento y la desocupación crónica que se instaló en nuestro país gobierno tras gobierno”, opinaba ayer Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO). Sus palabras surgían entrecortadas en medio de la marcha que avanzaba desde Constitución al edificio del ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la avenida 9 de Julio al 1900, epicentro del acampe.

Los funcionarios que colaboran con el intendente en uso de licencia de Hurlingham, entre ellos Emilio Pérsico, líderes del Evita, uno de los movimientos sociales referenciados en el Frente de Todos, evalúan que, si bien falta mucho por hacer, los números de pobreza e indigencia están en descenso.

En las últimas horas, el INDEC difundió su últimas mediciones sobre esos indicadores. En 2021 la pobreza llegó al 37,3% de la población y afectó a 17,4 millones de argentinos. La indigencia se ubicó en el 8,2%. De esta manera, los indicadores sociales principales mostraron una mejora respecto al 42% de pobreza que marcó el 2020 y el 40,6% de la primera mitad del año pasado durante la crisis sanitaria y la cuarentena más estricta, por el COVID-19.

Para el Gobierno, los piqueteros rebeldes no se fueron con las manos vacías de la reunión del lunes. Se acordó que las organizaciones que integran Unidad Piquetera presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas.

También se aseguró que se fortalecerían las políticas de asistencia alimentaria. Esto es la entrega de alimentos secos, transferencia directa a comedores bajo el programa PNUD, refuerzo del Sistema Alimentario Escolar y Tarjeta Alimentar.

Del encuentro de trabajo, además del ministro, participaron el viceministro Gustavo Aguilera, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el subsecretario del área, Pablo Pais.

“Desde agosto pasado, el ministerio de Desarrollo Social enfocó sus políticas en pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo formal y fortalecimiento de cooperativas y demás unidades productivas del sector de la economía popular”, le recordó a Infobae uno de los colaboradores de Zabaleta.

Los dirigentes sociales afirman que “eso no alcanza” y acusan al funcionario de “no cumplir con lo que promete”.

“El reparto que hace el Gobierno sobre el gasto social es sencillo, el ochenta por ciento va al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que responden a Alberto Fernández y el veinte por ciento para el resto”, se quejaba ayer una de las dirigentes piqueteras al ser consultada por este medio. La mujer se mostraba muy activa ordenando la disposición de carpas e improvisadas tiendas dentro de las cuales adultos y niños pasarían la fría noche de otoño.

Belliboni, por su parte, asegura que la “insuficiente” propuesta de Zabaleta es inconsistente: “La producción está parada por el ajuste y el pago de una deuda que ahoga la economía. Pero además el financiamiento para insumos y herramientas que ya estaba acordado hace meses no llega tampoco a los espacios de trabajo desde hace nueve meses” y agrega: “Por otra parte el comunicado oficial del ministerio de Desarrollo Social ni menciona que le presentamos hace seis meses un plan para la creación de un millón de puestos de trabajo”.

El dirigente piquetero afirma que tampoco hubo respuesta sobre el aumento del cien por cien del valor que se abona por los planes sociales. “Son 16.500 pesos miserables que son arrasados por la inflación de los alimentos”, opina.

Tampoco hubo avances sobre la apertura de los programas sociales. Para el Gobierno, estas imposiciones son impracticables, al menos por ahora.

Para la Unidad Piquetera, otro punto, para ellos “muy importante” tampoco fue resuelto. Dar marcha atrás con un punto de la resolución 1868/2021, que le atribuye al ministerio de Desarrollo Social la facultad de autorizar o no el “traspaso” de los beneficiarios del Potenciar Trabajo “entre las Unidades de Gestión, de Gestión Asociadas y/o Unidades de Certificación”.

La normativa también especifica que los beneficiarios se pueden ir de la organización en la que está, pero no puede elegir a la que se quiere ir.

Belliboni asegura que, en la reunión del lunes, le reclamaron eso a Zabaleta, pero el ministro defendió el contenido de la resolución. Según los dirigentes de la Unidad Piquetera, esta imposición se realizó en diciembre porque “en el último año veinte mil personas se habían pasado de municipios oficialistas y del Movimiento Evita y Barrios de Pie, al Polo Obrero y otras organizaciones no afines a la Casa Rosada”.

“Nuestra posición es la absoluta libertad para todos los que integran los programas de elegir libremente en qué lugar realizar su contraprestación. Eso garantiza que los punteros no se aprovechen de la gente”, entiende el referente del PO.

Con los escenarios presentados, todo hace inferir que la tensión en las calles seguirá aumentando.

“Si el Gobierno no nos llama para dar respuestas a nuestra propuesta, vamos a continuar como se votó en el Plenario Nacional Piquetero”, sostiene ante este medio Mónica Sulle, dirigente del MTS-Teresa Vive y adelantó: “El 13 de abril realizaremos una medida muchísima más fuerte que este acampe de cuarenta y ocho horas”.

Los movimientos sociales más duros ya definieron que a fines de abril se resolverá qué mes y día se realizará una “marcha federal” que desde “los cuatro puntos cardinales del país” desembocará en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Otro punto no menor a tener en cuenta es la posición que por estas horas están tomando algunas agrupaciones sociales que militan dentro del Frente de Todos.

El Frente Popular Darío Santillán, que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto al Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y el MTE, de Juan Grabois, por ejemplo, saldrán también hoy a la calle “para resolver la falta de alimentos para miles de familias”. Dina Sánchez, la coordinadora nacional del Frente Popular Darío Santillán afirma, en coincidencia con el Polo Obrero, que “hace meses venimos arrastrando un conflicto que afecta directamente a los sectores más humildes: la entrega de alimentos acordados por el Ministerio de Desarrollo y que no llega”.

“Un gobierno nacional y popular no puede relegar la nutrición correcta de los niños, niñas, jóvenes y familias enteras de la economía popular. Las trabajadoras de los merenderos y comedores hacen malabares con lo poco que llega”.

Alerta amarilla para la administración de Alberto Fernández que puede ver aún más agravado el conflicto que por ahora mantiene solo con los movimientos sociales no afines.

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