Ricardo Lorenzetti: “No hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un poder judicial profesional e independiente”

En una conferencia con jueces y camaristas de todo el país, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti abogó por respetar la independencia judicial y reclamó por las vacantes en la Justicia, un problema recurrente que mantiene más del 30 por ciento de los cargos sin cubrir. “No hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un poder judicial profesional e independiente”, manifestó el magistrado.

En la introducción de la conferencia denominada “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, Lorenzetti destacó la necesidad de seguir profundizando la independencia de los actores del sistema judicial: “No hay seguridad para la población si no hay un poder judicial independiente”. También se refirió la imagen de la Justicia en la sociedad: “Escuchamos con frecuencia que el Poder Judicial tiene mala imagen. Es peligroso que los jueces busquen la buena imagen dictando fallos populares. Lo que hay que buscar es la profesionalidad”. En esa línea,, aseguró que el Poder Judicial “debe ser reformado para asegurar la paz social, no para alterarlo”.

Del encuentro “Una década de Políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, que se realizó de manera virtual participaron Lorenzetti; María Claudia Caputi, presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II); Ariel Gustavo Coll, miembro de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, y juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa; Marcelo Galle Tagle, miembro de la Asociación de Magistrados y juez del Juzgado Nacional en lo Civil N°17; y Javier Leal de Ibarra, miembro de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, y juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. También estuvieron Ariel Lijo, miembro de la Asociación de Jueces Federales, y juez del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N°4; Mariano Llorens, miembro de la Asociación de Magistrados y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, y juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín; y Karina Perilli, miembro de la Junta de Tribunales Orales Federales y jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3. La coordinadora fue María Bourdin.

Lorenzetti destacó que en el año 2007, en el ámbito de la Corte Suprema, se elaboró el documento de “Políticas de Estado para el Poder Judicial”, que consideró fue la pieza central de trabajo institucional desde ese momento a la actualidad. Con posterioridad se discutió en las Conferencias Nacionales de Jueces realizadas en los años 2006, 2007, 2008, 2014, 2016. Luego se hizo otra profundización en la Corte a principios del año 2018. Y resaltó que los principios generales de estas políticas de Estado son: 1) Que las reformas se deben enfocar en la demanda social y no en las disputas de poder; 2) Que las reformas deben enfocarse en la independencia; 3) Que el Juez debe dedicarse a dictar sentencias: es fundamental separar la actividad judicial de la administración y gestión.

El juez de la Corte también señaló que el Poder Judicial debe ser reformado para servir al pueblo y no deben ser disputas de poder, no debe ser sobre quién designa más jueces o juezas de una determinada tendencia; no deben ser orientadas a la imagen. Las reformas deben ser pensadas para “elegir jueces que puedan servir al pueblo, porque el poder es un servicio, tiene como objetivo generar paz social”. Aseguró también que “mientras los gobiernos hablan de las disputas de poder, los pueblos de sus problemas; el poder es un servicio para asegurar la paz social, no para alterarla” y que “no hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un poder judicial profesional e independiente”.

También destacó las acciones que se llevaron a cabo en materia de acceso a justicia, narcotráfico, y celeridad de juicios, entre otras. “Es importante diferenciar las luchas de poder de las transformaciones necesarias para que el poder judicial pueda servir a la población”, afirmó. Lorenzetti expuso en su introducción sobre la necesidad de avanzar con reformas en materia de gestión e hizo hincapié en las vacantes dentro del Poder Judicial: “Seguimos con una enorme cantidad de vacantes, desde 2005 se reclama un sistema para ocupar los cargos rápido, tuvimos una constante del 30 por ciento durante mas de de diez años y hoy es mayor. Estamos frente a una demanda importante y una oferta muy limitada, no se crearon nuevos cargos y no se cubren los que están”.

A continuación, subrayó que desde el año 2007 se vienen insistiendo en estos principios entre los que se encuentran reformas en comunicación y prensa (creación del Centro de Información Judicial, convenios con ADEPA y FOPEA, entre otros); gestión e informatización (creación de la Comisión Nacional de Gestión Judicial, establecimiento del sistema informático de gestión judicial, audiencias mediante videoconferencia, consulta WEB de Causas); narcotráfico (creación de la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico a través de la Acordada 28/2015); acceso a justicia (creación de la Comisión de Acceso a la Justicia mediante las Acordadas 37/2007 y 5/2009); celeridad en los juicios (creación de las Comisiones sobre Celeridad en los Procesos de la Justicia Penal, vía Acordada 32/2013); violencia doméstica (se creó la Oficina de Violencia Doméstica a través de la Acordada 29/2006); política de género a través de la creación de la Oficina de la Mujer (Acordada 13/2009); lesa humanidad (creación de la Unidad de Superintendencia de los Delitos de Lesa Humanidad mediante la Acordada 42/2008); justicia ambiental (creación de la Oficina de Justicia Ambiental, a través de la Acordada 1/2014, y la Comisión de Ambiente y Sustentabilidad); Corrupción (se creó el Cuerpo de Peritos Especializados de la Nación, Especializado en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, vía la Acordada 34/2014); cárceles, que ha sido una preocupación permanente y por eso se creó una comisión sobre Problemática Carcelaria; Procesos colectivos (la Corte dictó el fallo “Halabi” creando pretorianamente un proceso colectivo, además se creó el Registro Público de Procesos Colectivos, a través de la Acordada 32/2014).

Con respecto a la independencia judicial, el juez mencionó que el sistema constitucional ha dividido las funciones, separándolas de modo que nadie concentre todo el poder. La Constitución reconoce a la Corte Suprema como la titular del Poder Judicial (Art 108), pero luego establece que es el Consejo de la Magistratura el que administra el presupuesto y el que selecciona y sanciona a los jueces/as (Art 114), y el Congreso es quien sanciona las leyes (Art 77) que pueden organizar el poder judicial; y, finalmente, el Poder Ejecutivo, tiene un poder relevante en la conformación de todo el proceso. Este reparto de funciones es inmodificable pero requiere algunos presupuestos para que funcione coordinadamente, que han sido definidos en las Conferencias Nacionales. Uno de ellos es la autonomía presupuestaria, en función de lograr eso la Corte se autoprotegió con la creación de los fondos anticíclicos (Acordadas 32/2008; 33/2008; 34/2008; 4/2013; 6/2013); otra es la asistencia científica (creación del Centro de asistencia judicial mediante Acordada 35/2017); Oficina de escuchas, a través de la Corte diseñó un sistema gradual para transformarla en un organismo de asistencia científica, muy necesaria para la investigación criminal. Se organizó la Dirección de Captación de Comunicaciones (Acordada 2/2016) que luego derivó en una ampliación: Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Acordada 30/2016); Cuerpo médico forense; Foro de políticas de Estado, un espacio constituido dentro del Máximo Tribunal orientado al debate participativo como pilar del estado de derecho, del que participan estudiantes y jóvenes graduados de universidades de todo el país, que generó “Diálogos Interdisciplinarios”.

El Poder Judicial de cara al futuro

En su intervención, el juez federal Ariel Lijo destacó la necesidad de los encuentros entre los jueces para conocer las diferentes necesidades de los magistrados a lo largo del país. “Los jueces tienen realidades muy distintas. Hacer públicas estas situaciones y que la gente escuche lo que nos pasa contribuye con la percepción social que se tiene de determinadas conductas”, dijo.

Lijo también destacó la necesidad de trabajar en conjunto para combatir el crimen organizado: “Una preocupación que debemos enfrentar son las asociaciones criminales organizadas, porque son trasnacionales y más sofisticadas que el propio Estado. Hay que salir del caso a caso y generar una política que nos permita enfrentar al crimen organizado de manera global”.

Por su parte, el camarista Mariano Llorens abogó por acercar la Justicia a la sociedad. “Los jueces tenemos que estar más cerca de la sociedad, no vivimos en un mundo de privilegios como se dice, es importante la política de comunicación que implementó la Corte en su momento y que luego se abandonó. De los poderes del Estado somos de los que más capacitación demandamos, en la capacitación técnica y en el perfil del juez”, sostuvo.

A su turno, el juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín y del Consejo de la Magistratura, alertó sobre el “momento de incertidumbre” que vive el organismo que selecciona y acusa a los jueces por el fallo reciente de la Corte Suprema que obliga a modificar su composición. “Los problemas se suscitan cuando las políticas partidarias influyen en nuestras decisiones”, opinó.

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