Procesaron a Carlos Santiago Kirchner por enriquecimiento ilícito

El juez federal Julián Ercolini dictó el procesamiento de Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, por el delito de enriquecimiento ilícito. El magistrado determinó que el ex funcionario público no pudo justificar el aumento patrimonial que consiguió mientras cumplió tareas en el área de Obras Públicas durante el gobierno de los Kirchner. El monto que resultó injustificable por parte Carlos Kirchner fue de $12.606.848,65, equivalentes a U$D $2.242.231,47.

Carlos Kirchner estuvo a cargo desde julio 2005 de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, que dependía del Ministerio de Planificación que encabezaba Julio De Vido. Esa repartición a su vez dependía de José López, ex secretario de Obras Públicas, quien se hizo conocido por haber tirado bolsos repletos de dólares en un convento. De Vido está investigado por enriquecimiento ilícito, mientras que López ya fue condenado por ese delito.

Carlos Kirchner, también, es uno de los acusados -junto a Cristina Kirchner, entre otros- en el juicio que se realiza por haber beneficiado con millonarios contratos de de obra pública al empresario Lázaro Báez. Baéz se transformó en empresario de la construcción con especial interés en la obra pública vial de Santa Cruz, luego de que su amigo Néstor Kirchner llegara a la presidencia de la Nación.

El período de investigación sobre el patrimonio de Carlos Kirchner se extiende desde el año 2005, cuando ingresó a la administración pública nacional, hasta 2017, dos años después de la finalización del gobierno de los Kirchner. Antes de llegar al cargo de subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner había sido funcionario de la municipalidad de Río Gallegos y del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa Cruz.

El caso se inició en 2016 y el año pasado el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la indagatoria de Carlos Kirchner y también las de su esposa Cecilia Saade y de su hijo Carlos Jorge. El pedido de indagatoria se hizo luego de que Carlos Kirchner y sus familiares hicieran una justificación del modo en el que compró los bienes que se detectaron.

En febrero pasado los imputados declararon en indagatoria. Carlos Kirchner había intentado justificar su enriquecimiento en función de una herencia recibida. Adujo haber recibido dinero y propiedades producto de lo heredado de su padre, algunos de cuyos negocios continuó. Sus argumentos no fueron considerados por el juez.

Ercolini procesó a Saade porque la esposa de Kirchner tampoco pudo justificar cómo consiguió la cifra de $3.480.233,29, equivalentes a U$D 721.925,11. Se la consideró como persona interpuesta (testaferro) en el enriquecimiento del ex funcionario público. El juez, sin embargo, le dictó una falta de mérito al hijo del ex funcionario.

Según aquel pedido de indagatoria hecho por Pollicita, el ex funcionario había utilizado a sus familiares como testaferros para blanquear dinero y bienes que él no podía justificar. También utilizó sociedades -una de ellas situada en Miami, Florida, Estados Unidos-para realizar las maniobras descubiertas durante la investigación judicial.

Al momento de solicitar la indagatori,a Pollicita había dicho: ”El detalle del patrimonio de Carlos Santiago Kirchner en el período investigado -comprendido entre el 28 de julio de 2005 al 9 de diciembre de 2017- permite concluir a este Ministerio Público Fiscal que el mismo ha evolucionado prima facie en forma desproporcionada con respecto a sus ingresos, así como también, que ha aumentado injustificadamente tanto el patrimonio de su esposa, Cecilia Catalina Saade, de su hijo, Carlos Jorge Kirchner, como el de las firmas K-Sanc S.A. y K- Joro Real Estate Investment, LLC”.

El juez Ercolini señaló en el procesamiento que esas dos sociedades realizaron operaciones injustificadas por un monto de $11.751.161,78 equivalentes a U$D 2.253.224,68.

Durante la investigación, según el pedido de indagatoria de Pollicita, se determinó que Carlos Kirchner-durante el período analizado- adquirió 13 inmuebles en el país, uno en el exterior, 14 autos, alguno de ellos de lujo y una embarcación. Los inmuebles comprados en el país fueron valuados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en U$D 1.855.154 y $1.000.320. La propiedad adquirida en Sunny Isles Beach en Miami, se pagó U$D 625.000 y la embarcación fue valuada en U$D 40.000.

El listado de autos que compró Carlos Kirchner-según lo había determinado el fiscal- mientras fue funcionario público es la siguiente: “Porsche Cayenne, Audi A3, Audi A5, Mercedes Benz E350 coupé, Mercedes Benz C63 AMG, Peugeot 4008 Feline, Subaru Forester, Peugeot 308 y Toyota Hilux, dos Volkswagen Golf, Volkswagen Saveiro, Renault Torino y Volkswagen Escarabajo”. El ex funcionario gastó solo en autos la suma de $3.525.457,88.

Cuando justificó el pedido de indagatoria, Pollicita había dicho: “El ex funcionario a título personal o a través de personas interpuestas realizó operaciones de cambio por prácticamente un millón de dólares (U$D 917.461), incorporó aportes societarios en efectivo por un total de U$D 435.000 y $1.167.264, donó a su esposa y a sus hijos la suma de $2.932.068,80, constituyó millonarios plazos fijos en moneda local y en dólares estadounidenses y poseyó cientos de miles de pesos y dólares en efectivo, todo ello en forma desproporcionada en relación al nivel de ingresos y gastos generados”.

El fiscal había concluido que: “Corresponde señalar que resulta tan significativo el aumento patrimonial de Carlos Santiago Kirchner y de las personas que habrían actuado en forma interpuesta Cecilia Catalina SAADE, Carlos Jorge Kirchner, K-Sanc S.A. y K-Joro Real Estate Investments, LLC en el período 2005- 2017, que lo adquirido supera en más de tres veces lo percibido, evidenciando una desproporción apreciable e injustificada entre ingresos y egresos de fondos”.

La suma de las cifras que no pudieron justicia Kirchner, su esposa y sus sociedades alcanza los U$D 5.217.381,26. El juez le fijó un embargo de $ 25.500.000 a Kirchner y de 7.000.0000 a su esposa. Y además les dictó la inhibición general de bienes. Para los investigadores el único origen posible de ese dinero fueron actos de corrupción cometidos durante los años que fue funcionario público.

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