El Congreso comenzó a debatir la reforma al Consejo de la Magistratura pero en el organismo no creen que haya una nueva ley

El Senado de la Nación comenzó la semana pasada a debatir los proyectos de ley de reforma a la composición Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial y de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. Hubo dictamen de comisión y se espera que el jueves el pleno aprueba la iniciativa del gobierno oficial. Luego pasará a Diputados. Pero en el Consejo no creen que haya una nueva norma que regule al organismo en su integración.

Así se lo dijeron a Infobae consejeros del oficialismo y la oposición. Destacan que el debate haya comenzado pero no tiene en el corto plazo una expectativa favorable. Y por delante hay una fecha clave: el 15 de abril. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo porque no respeta el equilibrio entre los estamentos: hay más representantes de la política (son siete) que de los técnicos (seis). Y dijo que para ese día debe haber una nueva integración, sino todo lo que el organismo haga será nulo.

La poco expectativa de que antes de esa fecha haya una nueva ley es numérica y política. La primera porque la Constitución Nacional establece que para reformar el Consejo se requiere “la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. En el Senado son 36 legisladores, que el oficialismo los puede conseguir con aliados. Y en Diputados, 129, un número del que está más lejos.

Pero además entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio hay otra diferencia sustancial, la política. El oficialismo no quiere que la Corte Suprema presida el Consejo y la oposición sí. “Son dos extremos hoy difíciles de salvar”, le dijo a este medio un hombre del Gobierno que sigue de cerca el tema.

El proyecto que el presidente Alberto Fernández envió en diciembre del año pasado elevada de la actual composición de 13 consejeros a 17. Queda integrado por cuatro jueces, seis legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores), cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos académicos. Establece la paridad de género y no sienta a la Corte en el organismo.

En ese proyecto está de acuerdo todo el bloque del Frente de Todos, los kirchneristas y los más cercanos a Alberto Fernández. Allí no hay diferencias, como ocurrió en la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa fue redactada por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, el ministro y viceministro de Justicia, Martín Soria y Juan Martín Mena, el representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, y el jefe de Asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos. Son funcionarios de confianza de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, quienes dieron su ok.

Por su parte, Juntos -con las iniciativas de Silvia Giacoppo y de Alfredo Cornejo y Cecilia Juri- propone un Consejo de 20 integrantes: el presidente de la Corte Suprema -hoy Horacio Rosatti-, cuatro jueces, ocho legisladores nacionales, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos académicos.

Cada bloque firmó su dictamen la semana pasada cuando el tema se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Allí expusieron el juez Alberto Lugones, presidente del Consejo y un aliado del oficialismo en el cuerpo, y el abogado Diego Marías, del PRO. También expusieron Soria y Mena.

El jueves que viene se va a tratar en el pleno del Senado y se espera su aprobación. Así pasará a Diputados, donde el debate y la votación será más difícil. “Es casi nula la posibilidad que se apruebe en Diputados”, coinciden en los dos sectores.

A pesar de las diferencias, en el oficialismo y oposición destacan que el debate haya comenzado. Con demoras -porque el gobierno propuso que se trate en sesiones extraordinarias en el verano y no ocurrió- pero que ya se esté discutiendo. Ante la inminencia del 15 de abril, la expectativa es que haya una nueva ley para antes de noviembre, cuando la actual integración del Consejo se deba renovar. “Antes de octubre tiene que haber una ley”, sostiene en la oposición.

¿Y qué va a ocurrir si el 15 no hay ley? Ahí también hay coincidencias: no habrá Consejo. La Corte Suprema dijo que si no había una nueva norma que lo regule, el organismo debía volver a su integración anterior a la de 13 miembros, que es de 20. Se deben incorporar el Presidente de la Corte, dos abogados, una juez, un académico, un diputado y un senador.

El titular del máximo tribunal ya está y para los jueces, abogados y académicos se convocó a elecciones y hay fechas. Para respetar la paridad de género serán todas mujeres. El problema está entre los legisladores. Cada Cámara debe designar a su representante que le corresponde a la segunda minoría. Pero no hay acuerdo de a qué bloque le corresponde porque para las últimas designaciones de legisladores para el Consejo se estableció que los bloques podían unirse para pelear un lugar.

Hoy oficialismo y oposición creen que le corresponde. Pero también señalan que esas designaciones no están en agenda. Así, todo se encamina a que para el 15 estén el resto de los consejeros que faltan pero no los del Congreso y que tienen el mecanismo menos complejo de elección. Pero más difícil en lo político.

La Corte estableció en el fallo que declaró inconstitucional el Consejo que sus nuevos integrantes deben asumir juntos y en simultáneo. Por lo que no se prevé que no puedan hacerlo los que ya fueron designados si faltan otros.

Como el máximo tribunal dijo que si no hay nueva integración todo lo que el Consejo haga será nulo, en el organismo -ante la cercanía del 15 de abril- comenzaron a pensar qué podrán hacer y qué no. Entienden que será nulo lo que apruebe el plenario, pero no el resto de las comisiones o dependencias del Consejo. Lo más importante es la administración del Poder Judicial: pago de sueldos, compras de insumos, licitaciones, arreglos. En el organismo eso creen que está garantizado y que no habrá inconvenientes y que si aparecen se buscará la manera de solucionarlo porque hay cosas que no pueden esperar.

También hay unanimidad en que no se podrán aprobar concursos de jueces o acusaciones por mal desempeño. Se podrá hacer todo el trámite hasta llegar al plenario donde se paralizará. Y hoy ese es el tema central en el Consejo

Ya está en condiciones de aprobarse los concursos por las vacantes en los tribunales de Comodoro Py. Son para tres cargos de primera instancia, para Tribunales Orales y para los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal. Pero no hay acuerdo entre oficialismo y oposición y ninguno de los dos sectores tiene por si solo los votos para aprobarlo.

La semana pasada, sabiendo que no había acuerdo, el oficialismo forzó una votación que perdió. El próximo jueves habrá un nuevo plenario del Consejo, tal vez sea el anteúltimo antes del 15 de abril. En la reunión volverá a estar como temas a tratar los concursos de Comodoro Py. Hoy sigue sin haber consensos pero las charlas y las negociaciones son permanentes con la expectativa que antes de la fecha límite se puedan aprobar

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