A 23 años del mayor derrame petrolero que hubo en el país, en la costa de Magdalena, sigue pendiente una resolución judicial

A 23 años del derrame petrolero frente a la ciudad de Magdalena, el único que hubo en Argentina y el mayor en aguas dulces en la historia mundial, aún no se concretó la reparación económica acordada entre el Ejecutivo de ese distrito bonaerense y la empresa Shell, propietaria del buque petrolero que colisionó con otro barco que llevaba contenedores en el Río de la Plata.

Diez años después de ese desastre ambiental, en marzo de 2009, se firmó un Acuerdo por USD 9,5 millones para ponerle un punto final al reclamo del Municipio. El texto incluyó una cláusula que decía no implicar “el reconocimiento de responsabilidad alguna” por parte de las demandadas, Shell y la empresa responsable por el otro buque que intervino en el choque. El Acuerdo fue sometido ese mismo año a un plebiscito popular que obtuvo el 77% de apoyo, y luego fue aprobado por el Concejo Deliberante local por unanimidad de todas las fuerzas. Pasaron tres intendentes de distinto color político al frente de la gestión local y, en la actualidad, ya no existen daños ambientales por el derrame de los 5 millones de litros de petróleo que afectaron en su momento la fauna, la flora, el agua, las explotaciones comerciales y a los habitantes de la zona, básicamente debido al tiempo transcurrido Así lo confirmaron distintas pericias oficiales y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), máxima autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

Pero la Justicia aún no aprobó la homologación de ese Acuerdo, requisito necesario para que el Municipio cobre finalmente la reparación económica por parte de Shell. Si bien el monto pautado es irrisorio respecto de indemnizaciones pagadas en el mundo por eventos similares, desde el Ejecutivo municipal señalaron a Infobae que permitiría hacer un acueducto y obras de cloacas pendientes y, por ejemplo, montar una sala de terapia intensiva en el único hospital que tiene Magdalena.

El expediente está en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 3 de la Capital Federal, a cargo de Juan Rafael Stinco, un magistrado designado por Alberto Fernández en marzo del 2021. Con antecedentes como abogado en el sector privado, en el segundo mandato de Cristina Kirchner se desempeñó como asesor jurídico en YPF bajo la gestión de Axel Kicillof y, posteriormente, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Pese a que el Acuerdo entre Magdalena y Shell lleva 13 años firmado, y en la causa no hay desde el año pasado más recursos por resolver, Stinco aún no lo homologó. A partir de esta demora, el abogado de ese Municipio deslizó la sospecha de un pedido de coima, bajo el cobro de honorarios, por parte de un letrado al que señaló como posible “intermediario” para “destrabar” la homologación judicial.

En diálogo con Infobae, Daniel Silva sugirió incluso que podría haber una posible “connivencia” entre ese abogado - Mariano Aguilar - que patrocina a un vecino de Magdalena invocando derechos colectivos de la comunidad, y el juez. “Ambos son profesores de Derecho Ambiental en la Universidad de Belgrano”, señaló Silva, como argumento sobre un conocimiento previo entre ellos. Sus especulaciones quedaron plasmadas en dos escritos, no exentos de suspicacias, que presentó en el Juzgado a cargo del propio Stinco el mes pasado. La hipótesis de Silva fue compartida por, al menos, otro abogado que interviene en el expediente ante la consulta de este medio, y que pidió mantener su nombre en reserva.

Aguilar desmintió rotundamente que estuviera “buscando resolver” el tema de sus honorarios, y que estos estuvieran vinculados a la demora en la homologación judicial del Acuerdo. El abogado, con una larga trayectoria en temas ambientales, también le dijo a Infobae “no conocer” al juez Stinco, pese a coincidir en la docencia en el posgrado de Derecho Ambiental de la UB. Este medio intentó infructuosamente hablar con el magistrado reiteradas veces el viernes último, pero Stinco no respondió los mensajes dejados a través de su secretaria en el Juzgado.

Aguilar patrocina a Leonardo Nicolás Fediuk, un vecino de Magdalena que tras la firma del Acuerdo en 2009, pidió sumarse al expediente como “tercero interesado” por considerar que se veían afectados “intereses ambientales de incidencia colectiva”. Las partes intervinientes en esta causa judicial hasta ese momento eran el Municipio, Shell y la Agencia Marítima Robinson, representante del buque de bandera alemana Sea Paraná, que intervino en el choque con el barco petrolero Estrella Pampeana de la multinacional holandesa.

Fediuk fue aceptado en el expediente por la Justicia y, con el patrocinio de Aguilar, pidió la nulidad del acuerdo por considerar que el monto de reparación estaba “muy alejado de los valores reales” y de la demanda original del Municipio ($95 millones que, en ese momento, eran equivalentes a dólares), y que no estaba debidamente detallado el destino que se le iba a dar al dinero una vez ingresado a las arcas municipales. También que debía aplicarse la Ley General de Ambiente, sancionada en 2002, siete años antes de la firma del Acuerdo, que - según Aguilar - “no se tuvo en cuenta” en el texto acordado, ya que no se reconoció la responsabilidad de Shell por el derrame.

Como letrado de Fediuk, Aguilar pidió una serie de pericias que, por el paso de los años y la lentitud del proceso judicial, concluyeron que ya no había daño en la costa del río frente a Magdalena. Por este motivo, tanto la Justicia de primera instancia, como la Cámara federal le denegaron el pedido de nulidad, con costas a su cargo.

Audiencia bajo sospecha

En su resolución, además de rechazar el pedido de Fediuk, la Cámara le dijo al juez que pida un nuevo estudio ambiental. Con este último informe ya incorporado a la causa, el juez Stinco convocó a una audiencia de conciliación. La reunión se desarrolló en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Nación, el 25 de agosto del año pasado.

“Estuvimos esperando largo rato en el pasillo, junto a los otros abogados, y el juez apareció finalmente acompañado por Aguilar y Fediuk, que ya no debían ser parte en el expediente a esa altura, algo que me llamó poderosamente la atención. Porque el rey, además de ser honesto, tiene que parecerlo. El juez nos dijo que teníamos que hablar con Aguilar y ver de analizar nuevamente los términos del Acuerdo”, le dijo el letrado del Municipio de Magdalena a Infobae. “Me sorprendió el lugar que le dio. Lo sentó en la mesa de negociación, cuando ya no tenía que darle intervención en el expediente porque la Cámara le rechazó su pedido de nulidad y confirmó que no hay daño ambiental. Lo hizo a sabiendas que, con solo cambiar una coma o una palabra de un texto que ya había pasado por un plebiscito y por el Concejo Deliberante, era necesario volver a fojas cero”, recordó Silva.

Otro de los presentes en la audiencia - quien pidió reserva de su nombre - confirmó que el magistrado ingresó a la sala de reuniones junto con Aguilar y su patrocinado. “Stinco dijo que se debía especificar mejor el destino de los fondos, algo que escapa a su competencia ya que es decisión del Ejecutivo municipal, y Aguilar apoyó los argumentos del juez. Yo lo interpreté como una maniobra de dilación”, señaló. Otro participante de esa reunión - que también solicitó preservar su identidad - coincidió en el relato y opinó que “todo tuvo el aspecto de una maniobra tendiente a forzar una situación”.

Según le aseguró Silva a Infobae, luego de esa audiencia de conciliación, Aguilar le habría hecho “un pedido” al que calificó de “impropio y desmedido” a través de una serie de mensajes de Whatsapp. “Cuándo le pregunté si iba a dar su aprobación al Acuerdo, me dijo que primero quería ver cómo cobrar sus honorarios, que eran del orden de entre el 15% y el 18% del monto total. Estamos hablando de un abogado de un incidentista en la causa que, además de haber perdido en su pretensión de anular el Acuerdo, la Cámara lo condenó en costas en contra de su propio cliente, y ahora estaba pidiendo cobrar un millón de dólares”, afirmó el abogado de Magdalena.

Esos mensajes - algunos de los cuales le exhibió a este medio - motivaron una presentación de Silva el 14 de febrero pasado en el expediente, en la que se preguntó retóricamente sobre los “verdaderos” motivos respecto de la demora en la homologación del acuerdo y deslizó que podría estar vinculada a un pago indebido para destrabarla. “Debo mencionar que he mantenido una breve conversación con el letrado del Sr. Fediuk, Dr. Aguilar, quien me hiciera saber de su pretensión de honorarios por su actuación letrada (aunque parezca increíble, requirió el pago de un millón de dólares!!!!) lo que a su juicio podría facilitar el progreso de la homologación del convenio; entiendo que dicho pedido (exorbitante e infundado en mi opinión) fue hecho también por el Dr. Aguilar ante otros letrados de las contrapartes. ¿Será que ese fue el verdadero ‘interés’ que siempre ha tenido en mira el ‘tercero interesado’? No puedo dar respuesta a ese interrogante. Tampoco puedo imaginar cómo, a los ojos de V.S., podría la satisfacción de aquella pretensión regulatoria del Dr. Aguilar facilitar la homologación del acuerdo. Al menos yo no alcanzo a advertir ninguna relación causal entre los honorarios del Dr. Aguilar y la homologación del acuerdo”, sostuvo en el escrito.

En un segundo escrito en reclamo por la demora en la homologación del acuerdo por parte del juez Stinco, Silva sugirió incluso que el requerimiento de los “honorarios” excedería a Aguilar: “Volvemos a preguntarnos: ¿por qué no se resuelve esta homologación de una vez por todas, pese a los años transcurridos, la resolución de Cámara y la evidencia probatoria? Además del inocultable interés arancelario del Dr. Aguilar, ¿habrá alguien más que podría estar interesado en dilatar y obstruir la homologación, hasta que se resuelva la cuestión de los honorarios del Dr. Aguilar? La respuesta a este último interrogante podría incluso ser institucionalmente tan grave, que creemos que lo mejor en esta instancia es insistir procesalmente con la continuación del trámite normal del expediente, si es que hay algo normal en una homologación cuyo tratamiento lleva ya más de diez años”.

Infobae consultó a Aguilar, quien negó rotundamente haber hecho un reclamo o pedido en este sentido, formal o informalmente. “Mis honorarios que son un derecho que la ley me acuerda, pero jamás fueron causa o motivo de demora alguna en la homologación o resolución del pago de Shell a Magdalena. No son siquiera nombrados o reclamados ni una vez en los más de once o doce años que actúe”, sostuvo este letrado especializado en Derecho Ambiental, que suele participar de foros nacionales e internacionales sobre la materia.

En efecto, según distintas fuentes consultadas por este medio, no hay un escrito pidiendo que se regulen sus honorarios en el expediente. Sin embargo, al menos dos personas con acceso a la causa coincidieron ante Infobae en que hubo algún tipo de planteo de Aguilar por ese tema. “La actividad de Aguilar en el expediente estuvo destinada a cobrar honorarios”, afirmó una de ellas.

“Desmiento totalmente ese pedido de honorarios”, reiteró Aguilar con tono indignado ante este medio, y apuntó contra el abogado del Municipio de Magdalena: “Es Silva quien está apurado por cobrar los 950.000 dólares previstos en el Acuerdo y por eso quiere que se homologue”.

En el último escrito presentado en la causa el mes pasado, este abogado especializado en temas ambientales afirmó que el Acuerdo firmado “omitió el destino, la preocupación, el resarcimiento y el destrozo de vidas y bienes hechos a todos los habitantes de Magdalena, y realmente desproporcionó de manera exponencial el monto asignado y convenido. El Acuerdo traído, solo buscaba una cifra para el Municipio, con destino incierto y ocuparse de regular los honorarios de los abogados, que luego fueron dejando lugar en todas las causas anexas en cabeza del doctor Silva la responsabilidad de percibirlos”.

Silva, que sigue siendo el abogado en representación del Municipio desde 1999, más allá del que se sucedieran tres intendentes de distinto color político, rechazó esa afirmación: “Es mentira, no hay ningún acuerdo. Hay un monto global previsto y somos varios letrados los que intervinimos.(Carlos Eduardo) Rojas, Gastón Messel, está también Alberto Piotti que nos asesoró en la presentación de los recursos extraordinarios. Tendremos que discutir cómo se distribuyen”.

Para Silva, “el juez podría homologar el Acuerdo y después resolver el pago de los honorarios de Aguilar por separado, pero de hecho, está atando ambos temas”. Y se quejó de que Stinco “le siga dando intervención en el expediente a Aguilar como ‘tercero’ con voz y voto, cuando ya la Cámara le rechazó la nulidad que había pedido del acuerdo con el argumento de que había daño ambiental. Le pedimos por escrito que lo corra como tercero del expediente”. Sin embargo, formalmente, Fediuk aún sigue estando, y por ende Aguilar como su patrocinante, ya que la Cámara le reconoció su carácter de parte.

“El juez ha dado señales por demás confusas. Hace 40 días que no hay ningún movimiento en el expediente, y hace 6 meses que se terminó con las últimas medidas. La última pericia incorporada a la causa corroboró lo que ya determinaron las anteriores, que no hay actualmente daño ambiental. ¿Hay una suerte de actitud impropia por parte del Aguilar y del Juzgado para no homologar el acuerdo?”, se preguntó el abogado de Magdalena.

Pero Aguilar negó buscar demorar el expediente cuando fue consultado por Infobae. “Nosotros nos presentamos para defender un tema ambiental de la comunidad. Porque el Acuerdo se hizo como si fueran solo dos particulares, el Municipio y Shell, cuando lo que está en el medio es público, y acordaron que no hubo responsabilidad del contaminante. Gracias a nuestra intervención, la Cámara pidió pericias adicionales. El juez nos llamó a esa audiencia de conciliación y ahora con mi cliente, estamos esperando que resuelva, ya sea homologando el Acuerdo, o de otra manera”.

En su última presentación del 17 de febrero último, este abogado fue muy crítico de la actuación de los letrados de Shell y el Municipio, y la cifra de indemnización acordada. “Las dos partes intervinientes (están) ávidas, una de terminar un resarcimiento que en orden mundial es tristísimo por el tiempo en hacerlo y mínimo monto, y la otra parte por percibir y buscar beneficios para su Municipio a costa del ambiente, y entonces cuentan sus historias conforme le conviene a cada uno de la mejor manera y quieren hoy a 23 años del ACCIDENTE, liberarse de sus responsabilidades, y lo que es peor aún, piden costas para el suscripto y amenazan con accionar con daños y perjuicios hacia el suscripto. (...) En verdad es el mundo al revés, y es por ello que no puedo dejar pasar esta oportunidad para que V.S. dicte una sentencia ajustada a derecho, condenando al contaminante de la manera más gravosa por haber actuado de manera negligente, y debería asignarle el mayor valor en el pago de la indemnización que considere pertinente en este expediente, en función de la estimación inicial de la demanda, y multa en intereses por el tiempo transcurrido sin pagar ni indemnizar”.

Quién es el juez Juan Rafael Stinco

De 41 años, Stinco se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Es Magister en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, Magister en Administración de empresas por la UADE, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano (UB) y doctor en Derecho Administrativo por la UBA, según detalló en la audiencia pública ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, cuando se consideraba su pliego. Actualmente es también docente universitario en la UBA y la UB.

Se desempeñó en el sector privado, hasta que en 2013 fue nombrado asesor del vicepresidente de servicios jurídicos corporativos de YPF, en la época en que Axel Kicillof era integrante del directorio de la petrolera estatal, y luego quedó bajo su órbita como ministro de Economía. A principios de 2014 pasó a desempeñarse como director general de asuntos jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) hasta diciembre de 2015.

Con el cambio de Gobierno pasó a ser prosecretario letrado de la Procuración General de la Nación, en el área de Tutoría Jurídica. En 2018 quedó tercero en una de las ternas del Concurso para ocupar uno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, y a principios de 2021 resultó elegido como uno de los candidatos para ese cargo por Alberto Fernández, que envió su pliego al Senado. La Cámara alta lo aprobó en marzo de ese año y su nombramiento se oficializó poco después.

El destino previsto para el dinero

La petrolera holandesa ya pagó, anteriormente, otros reclamos económicos de terceros perjudicados por el derrame, entre ellos, de junqueros, pesqueros, pequeños comerciantes de la costa de Magdalena y vecinos afectados por enfermedades vinculadas al derrame petrolero. El Acuerdo entre Shell y el Municipio de Magdalena es el único que aún está pendiente de homologación. “Hay más de 523 causas individuales, que reclaman de la empresa un total de USD 360 millones, casi 40 veces lo que Shell pactó con el intendente para cerrar el caso”, recordó Aguilar en su último escrito presentado en el Juzgado a cargo de Stinco.

En el Acuerdo firmado con el Municipio de Magdalena se establece que, además de la reparación económica, Shell brindará “su colaboración desinteresada y no vinculante” para asesorar en el diseño de “un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento en el tramo comprendido entre los balnearios de Magdalena y Atalaya”, un parque industrial en Magdalena, y un programa de tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios generados dentro de este partido bonaerense.

Infobae consultó al actual intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso, sobre el destino que se le dará a los USD 9,5 millones si es que finalmente el Municipio puede cobrar ese dinero. “Básicamente a la mejora en salud pública. Se van a usar para terminar la red de agua potable en Atalaya, una de las localidades más golpeadas por el derrame, y dónde no hay cloacas. También para infraestructura en el hospital, que es el único efector de salud en todo el distrito y es municipal. Hoy no tiene terapia intensiva ni un tomógrafo, que se necesita para diagnóstico. La gente se tiene que trasladar a La Plata. Y hace 20 años que no podemos desarrollar un parque industrial para que nuevas empresas se radiquen, porque eso requiere infraestructura eléctrica y la ampliación del gasoducto”, precisó el jefe comunal de Juntos, reelecto en 2019. “Una vez que efectivice el pago, la idea es darle participación a la ciudadanía para que decida a qué darle prioridad”, aseguró.

En otros derrames en el mundo, la reparación económica pagada por las petroleras involucradas fue muy superior al monto que Shell acordó pagar en Argentina para cerrar la causa. En el desastre provocado por el petrolero Exxon Valdez, tras encallar en Alaska en 1989, la empresa debió pagar USD 5.000 millones por los daños ocasionados. Y en el derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002, cuando se afectaron casi 2000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa, se fijó una indemnización de 3.000 millones de euros.

¿Cree que el monto de USD 10 millones es suficiente como reparación económica por el derrame?, le preguntó Infobae a Peluso. “Es irrisorio comparado con otros eventos de este tipo en el mundo. Pero el Municipio quedó solo cuando fue derrame. Ni la Provincia, ni el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación (NdR: en ese momento a cargo de María Julia Alsogaray, durante el gobierno de Carlos Menem) acompañaron la demanda contra una multinacional como Shell. En el derrame de Alaska demandó el gobierno federal y los estados locales. Fue una pelea David contra Goliat. Hubo una primera sentencia en 2002 de cerca USD 80 millones de dólares en la Justicia Federal de La Plata, donde estuvo radicada la causa al principio. Pero ese fallo fue apelado por Shell, al juez lo removieron, y perdió validez”.

La petrolera holandesa cuestionó la competencia de la Justicia federal platense y, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de cinco años de apelaciones, resolvió en favor de Shell. El expediente pasó entonces a la Justicia Nacional Federal que atiende temas marítimos.

El intendente de Magdalena descartó de plano la posibilidad de una reapertura del Acuerdo para volver a discutir sus términos, si la Justicia no lo homologa tal como fue firmado en 2009. “Yo fui uno de los tres dirigentes que en ese momento, nos opusimos al monto del Acuerdo por lo que creo que tengo cierta legitimidad en reclamar que se cierre. Hubo un Estado local que lo firmó y luego fue avalado por una consulta popular - la primera que se llevó a cabo en el país desde la reforma constitucional de 1994-, y además, aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante donde estaban representadas las distintas fuerzas políticas. Y hay que tener en cuenta, que 20 años después, las pericias corroboraron que ya no hay daño residual, y muchos de los más perjudicados en ese momento, ya no viven”.

La réplica posterior de Aguilar

Mariano Aguilar, una vez aparecida esta nota el domingo 27 de marzo, pidió derecho a réplica más allá de haber sido consultado por Infobae previo a la publicación. A continuación, el texto que envió el lunes 28, que se reproduce textual.

A quien haya leído en diario internet Infobae la nota del día de ayer 27 de marzo , en cuanto al mayor derrame petrolero en aguas dulces en Sudamérica, provocado exclusivamente por la firma Shell CAPSA, y que hoy 28 de marzo de 2022 (23 años después) aún no se ha resuelto el pago del inmensurable daño ocasionado, en mi caso como letrado del señor Leonardo Fediuk, un argentino de valentía única y enorme, que se introdujo en la causa con un gran riesgo, por ser vecino de la ciudad de magdalena, le tocó ser parte a desde del año 2011, como co-actor con el municipio magdalena “en defensa de los intereses del municipio”. Fediuk pasó a ser parte actora de la causa por orden de la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial N* II, hecho que jamás se extinguió ni se perdió hasta el día de la fecha, cargo que tiene hasta la fecha.

Ahora bien, esta situación, siempre rechazada, denostada, e ignorada por la firma Shell Capsa y el Municipio Magdalena, mostraron durante el resto del proceso su encono, su ignorancia, desprecio, prepotencia, superioridad y arrogancia importándole nada la vida de las personas muertas y dañadas, como tampoco los daños materiales y vida de animales perdidos, hechos resaltados por nuestra parte, los cuales jamás fueron acogidas por ellos y hubo rechazo total con nuestras preocupaciones. Les importó nada el resarcimiento de los daños provocados.

señores lectores, desconozco al juez de la causa y jamás he tenido relación alguna con él. Soy docente de la uba y asistente invitado en la UB.

En cuanto a mis honorarios, no deben confundirse con cometas o coimas que utilizó la nota que hoy contesto. Jamás cobré cometas en mis 45 años de profesión ininterrumpida de abogado, y en esta causa ni siquiera cobré gastos, con lo cual no entiendo las afirmaciones vertidas , y más aún carezco en mi vocabulario la palabra cometa o coima. siempre cobré honorarios. Por ello rechazo profundamente la afirmación tan deleznable, bochornosa, y que denota la presunta enfermedad psíquica de quien la escribió.

El expediente quedó allí, se producen conversaciones entre el abogado representante del Municipio, el doctor Silva, que cobrará un millón de dólares de acuerdo al convenio a homologar y refrendado por la shell y por Magdalena, el gran captor de todos los honorarios que representan los 950.000 dólares sobre el acuerdo y algún abogado de la aseguradora. Nada se concluye y llegamos a la necesidad de requerir que se homologue el acuerdo con la ínfima cifra en función del daño ocasionado, o bien se determine desde la ley ambiental una suma muy superior cuyos parámetros se encuentran colocados al inicio de la demanda (95 millones de dólares de hace 23 años, más intereses). Este camino se resuelve desde el artículo 32 de la Ley 25675.

quiero arribar al punto final de esta nota de la mala fe y malicia, que desliza el abogado del municipio doctor silvia, sobre la insinuación de la existencia de un pedido de coima bajo el cobro de honorarios, como posible intermediario para trabar la homologación. ¿Qué homologación podíamos trabar? Es incomprensible ese planteo. Cae de maduro que no hay posibilidad desde un letrado patrocinante poder hacer caer un acuerdo. Son principios jurídicos elementales de un niño de primer año de derecho. Palabras huelgan para seguir con esto.

Esta afirmación, deberá ser rendida en la Justicia Penal por el doctor Silva, para determinar a quién o a quiénes se refiere y qué pruebas tiene para afirmar tremenda conducta delictual. Nada tenemos que ver con sus deseos inescrupulosos de cobrar su millón de dólares por no haber hecho nada en la causa, suspendiendo la contestación de la demanda, infinidad de veces.

El resto es parecer que si prospera la postura de mi parte, en cuanto a la aplicación del artículo 32 de Ley 25.675 explotará por el aire el convenio donde Silva que ya se aseguró un millón de dólares.- ese motivo lo ha hecho ensuciar y crear estas dudas respecto de mi persona, las cuales una vez superadas en la sentencia, serán encaminadas en la justicia nacional penal. Estoy cansado de vivos que sólo buscan sus propios beneficios y jamás se ocupan de los intereses encomendados. El Municipio ha sido olvidado ya que pasaron 23 años y no cobró aún un solo peso.

La Argentina está en terapia intensiva, y estos personajes no hacen más que abundar el desastre sobre el cual estamos embretados, ensuciando gente, como mi persona, que siempre ha buscado el bien del ambiente en las más de 100 causas que llevamos defendiendo, y que hoy, un mercader del petróleo y otro del dinero, pretendan ensuciar nuestro camino, lo rechazamos, y seguiremos buscando siempre la verdad, el honor y la justicia.

Mariano J. Aguilar

Abogado

Tomo 17 folio 108

Inscripto en la Corte el 22 de septiembre de 1976, bajo el N* 102, Libro XXVII.

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